El Supremo de EE.UU. declara ilegales la mayoría de los aranceles de Trump

Donald Trump se extralimitó en sus competencias al imponer aranceles recíprocos a los productos importados a Estados Unidos desde cualquier lugar del mundo, como ocurre con los procedentes de la Unión Europea, sometidos a un gravamen general del 15 % para poder atravesar las aduanas norteamericanas. Así lo sentenció ayer el Tribunal Supremo del país, que interpreta que no está justificado que, en tiempos de paz, el presidente invoque los poderes de emergencia previstos en una ley de hace 50 años para apropiarse de la competencia en materia tributaria que la Constitución estadounidense reserva al Congreso del país, y que esa norma solo lo facultaría a adoptar medidas como las sanciones financieras o el embargo de bienes.

El fallo rompe la inercia con la que hasta ahora había operado un tribunal de amplia mayoría conservadora que en los últimos meses avaló decisiones polémicas como las deportaciones de inmigrantes o la suspensión de las ayudas de alimentos a familias vulnerables. Tres jueces afines a Trump se alinearon con las tres magistradas demócratas de la corte para sacar adelante una resolución que solo cuenta con tres votos discrepantes (los de los miembros más conservadores: Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, que consideran que no hay razón para limitar los poderes del presidente en materia de comercio exterior).

Aunque la decisión supone un revés de primera magnitud para la Casa Blanca, no invalida todos los aranceles en vigor, ya que se podrían mantener aquellos que Trump impuso invocando otras leyes, como los que pesan sobre el acero, el aluminio o los vehículos.

En ese matiz está la clave con la que Trump pretende sortear el fallo del Supremo y mantener el flujo de ingresos que los aranceles reportan al país, que supera los 200.000 millones de dólares desde su implantación. La medida comenzó en abril del año pasado, pero ha avanzado a trompicones, en función de los intereses del mandatario, al usar estos gravámenes aduaneros como un arma de presión en las relaciones internacionales.

En rueda de prensa desde la Casa Blanca, el magnate —que no ahorró descalificaciones para los jueces que le enmendaron la plana, a los que calificó de «desgracia» para el país y acusó de venderse a los demócratas y a los intereses extranjeros— anunció que usará otro paraguas legal para instaurar de inmediato un arancel global del 10 %, que se añadirá a los otros gravámenes que, pese al fallo del Supremo, sigan en vigor. En el caso de la UE, eso significa una bajada de cinco puntos en los derechos de aduanas que tendrán que pagar las empresas comunitarias (entre ellas las españolas) que introduzcan sus productos en Estados Unidos. En concreto, Trump invoca ahora la Sección 122 de la Ley de Comercio, que permite adoptar medidas temporales cuando existan déficits comerciales «grandes y serios», desequilibrios en la balanza de pagos o riesgo de depreciación del dólar. Eso sí, este parche tendrá una duración limitada, de un máximo de 150 días, en los que el equipo del presidente tendrá que buscar una alternativa para mantener su política comercial.

¿Y qué ocurrirá a partir de ese momento? La Administración estadounidense ya ha deslizado que cuenta con un plan alternativo, buscando articular una mayoría en el Congreso o apoyarse en otras normas que den poderes al presidente para fijar aranceles, entre ellas algunas que apelan a razones de seguridad nacional y otras que se aplican en caso de detectar prácticas comerciales desleales. Eso sí, su aplicación obliga a seguir procesos administrativos mucho más largos y recabar pruebas de los incumplimientos de terceros países.

Otra vía a la que podría recurrir el Ejecutivo pasaría por conseguir que el Congreso apruebe una ley marco que delegue en el presidente la potestad de aprobar aranceles.

El fallo abre la puerta a que las empresas reclamen el reintegro, con un coste de hasta 120.000 millones

La resolución del Supremo abre la espita a una batalla legal cruenta, en la que las miles de empresas afectadas por los gravámenes adicionales a las importaciones podrán reclamar el reembolso del dinero que, según la doctrina del tribunal, han abonado de forma indebida. Según las estimaciones del propio Trump en la comparecencia de ayer, los litigios podrían prolongarse durante al menos cinco años, lo que indica que su Administración no pretende facilitar las devoluciones sin pelear judicialmente.

El impacto económico potencial para la Administración es enorme. Un estudio de la firma Capital Economics estima que si el Tesoro estadounidense se ve obligado a devolver todo lo recaudado mediante la figura anulada ayer, el coste rondaría los 120.000 millones de dólares. De hecho, Brett Kavanaugh, uno de los magistrados alineados con Trump, advertía en su voto discrepante que este proceso de reembolso amenaza con convertirse en un «caos».

De hecho, muchas grandes empresas como Costco registraron hace meses las primeras demandas para reclamar la devolución de estos gravámenes, pleitos que se multiplicarán en las próximas semanas. «La decisión de la Corte Suprema es una buena noticia para empresas y consumidores», se felicitó Neil Bradley, vicepresidente ejecutivo y director de políticas de la Cámara de Comercio de EE.UU., para quien los reembolsos rápidos de los aranceles invalidados «serán significativos» para los más de 200.000 pequeños importadores en este país y contribuirán a un mayor crecimiento económico este año, explicó en declaraciones recogidas por Europa Press.

Bruselas pide que recapacite

Por su parte, la Comisión Europea aprovechó el fallo para pedir a la Casa Blanca que reconsidere su política comercial. «Las empresas de ambos lados del Atlántico dependen de la estabilidad y la previsibilidad de la relación comercial. Por lo tanto, seguiremos abogando por aranceles bajos y trabajando para reducirlos», señala el portavoz de Comercio, Olof Gil.

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