El exjefe de la policía detenido por venderse al narco y emparedar 20 millones de euros en su casa solicita declarar ante el juez
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Óscar Sánchez, tras 15 meses en prisión provisional, está citado el lunes y su petición aviva la opción de confesar el fondo de la trama para salir de la cárcel
05 mar 2026 . Actualizado a las 19:57 h.El decomiso de 20 millones de euros a un mando de la Policía Nacional en noviembre del 2024 hace que la investigación de la Unidad de Asuntos Internos y de la Audiencia Nacional no caiga en el olvido en un escenario judicial en constante actualidad en España. Pero no solo por el efectivo decomisado a Óscar Sánchez en diferentes viviendas, emparedado u oculto de otras maneras; también en el despacho que ocupaba hasta su arresto como inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Brigada Provincial de la Jefatura Superior en Madrid. El procedimiento también resulta inusual por las 73 toneladas de cocaína que se estima —tras el análisis de teléfonos u otros dispositivos incautados a los implicados— introdujo en España la organización para la que trabajaba Óscar Sánchez, apodado «el Anodino».
El Juzgado Central 1 de la Audiencia Nacional prosigue la instrucción con una importante novedad a corto plazo. Y es Sánchez, gran protagonista de la causa, pero no el principal investigado, está citado para declarar ante el magistrado instructor el 9 de marzo. La relevancia de su testimonio radica en la voluntad de el exjefe de la UDEF en Madrid de hablar sin ser requerido. Sánchez está citado a las 12.00 horas y su presencia en el alto tribunal aviva la posibilidad de un colaboración con los responsables del caso a cambio de beneficios penitenciarios. Porque Sánchez está en prisión provisional desde su arresto, hace 15 meses. Y la opción de recuperar la libertad, aunque sea con medidas cautelares, está sobre la mesa.
La última novedad relevante del asunto tuvo lugar el 9 de febrero, justo un mes antes de la declaración que hará Sánchez. El juzgado dictó auto de ingreso en prisión provisional para Ignacio Torán Delgado, hasta entonces en libertad provisional y considerado máximo responsable de la organización a la que se atribuye haber introducido 73.000 kilos de cocaína en España. La decisión se fundamenta en varios factores nuevos: los informes de análisis de dispositivos electrónicos de diciembre de 2025 revelaron 37 nuevos contenedores de cocaína no conocidos hasta entonces, elevando la estimación total a más de 73 toneladas. Esta cifra se estableció cruzando la contabilidad de Óscar Sánchez con el contenido de los equipos informáticos analizados.
En segundo lugar, se constató la imposibilidad material de obtener un dispositivo telemático de control (pulsera electrónica), que había sido solicitado a la Fiscalía desde abril de 2025 sin éxito. En tercer lugar, el auto subraya un notorio incremento del riesgo de fuga derivado de la gravedad de los hechos y la contundencia de los nuevos indicios, así como la disponibilidad de patrimonio internacional del investigado (inmuebles en Colombia a través de sociedades offshore). De ahí que el magistrado instructor, D. Luis Francisco de Jorge Mesas acordó la prisión de Torán Delgado por delitos graves de tráfico de drogas ,organización criminal internacional y de blanqueo de capitales.
Prosigue la instrucción
El procedimiento, a la espera de conocer la intención del Anodino en su próxima declaración, prosigue en fase de instrucción con el resto de investigados en distintas situaciones de libertad provisional con medidas cautelares. El análisis de los dispositivos electrónicos prosigue arrojando nuevos elementos de cargo, lo que podría derivar en la ampliación de imputaciones o la identificación de nuevos investigados. En total, a día de hoy, la investigación identifica a 17 personas físicas y más de una decena de sociedades mercantiles con operaciones en España, Colombia y Estados Unidos. También la representación letrada resulta numerosa, con algunos de los mejores despachos de España, como BP Boutique Penal, con la experiencia de abogados gallegos como Alejandro Seoane o Rubén Veiga.
El levantamiento del secreto de sumario permitió conocer el fondo de la trama y de la investigación policial, basada en tres pilares de la investigación. El tráfico de drogas internacional a través de empresas de fruta implica la maquinaria central de la trama; que no se entendía sin corrupción policial. Supone el segundo sostén y ahí el inspector jefe de la UDEF —que hasta el 2019 trabajaba en la Brigada Central de Estupefacientes como jefe de un grupo de investigación— resulta nuclear. A cambio de pagos continuos superiores a 1,7 millones de euros canalizados a través de sociedades pantalla, utilizaba su cargo para acceder fraudulentamente a bases de datos de inteligencia criminal, proporcionando protección e impunidad en las operaciones de narcotráfico en los puertos para garantizar la seguridad en la llegada de contenedores.
La última fase de la estructura criminal implicaba el blanqueo de capitales para legalizar las ganancias de la cocaína mediante un complejo entramado societario. El holding «Pumba Gestión», controlado a través de testaferros, funcionaba como eje central para canalizar pagos y ocultar la titularidad real de los activos. Se empleaban además operativas con criptoactivos (a través de Kunga Inversiones 2022.) y la adquisición de bienes inmuebles en España y Colombia mediante sociedades offshore como Top Life América domiciliada en Delaware, en los Estados Unidos.