Hacienda arroja poca luz sobre los negocios turbios del primogénito de Jordi Pujol

Xavier Gual BARCELONA / E. LA VOZ

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Jordi Pujol Ferrusola, llegando a la Audiencia Nacional el pasado enero.
Jordi Pujol Ferrusola, llegando a la Audiencia Nacional el pasado enero. Javier Lizón

La Abogacía del Estado amenaza con airear trapos sucios del clan

24 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El juicio al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y sus siete hijos por la fortuna oculta en el extranjero entró ayer en una fase decisiva, con la declaración de los inspectores de Hacienda que levantaron acta de los presuntos negocios turbios de la familia. La importancia de estos testimonios es crucial para determinar el origen de la fortuna oculta por los Pujol en el extranjero, ya que las inspecciones realizadas por la Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT), en especial contra el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, sustentan buena parte de la acusación de la Fiscalía Anticorrupción, que les atribuye varios delitos de fraude fiscal, asociación ilícita y blanqueo de capitales, entre otros, cometidos entre los años 2007 y 2012.

Una de las primeras funcionarias en declarar, inspectora de la delegación de Hacienda en Cataluña, afirmó en la Audiencia Nacional que los posibles delitos cometidos por este en el 2008 ya han prescrito. La inspectora analizó las obligaciones fiscales de Pujol Ferrusola y su ex mujer Mercè Gironés, a través de sus empresas Imisa y Project Marketing entre el 2008 y el 2011. Admitió que le pareció extraño que el primogénito cobrara más de un millón de euros por asesorar en alguno de los proyectos, aunque no fue más allá: «Si nadie me aporta algo que demostrara que esa operación no era real, para mí era válida; y si alguien hubiera dicho otra cosa, habríamos adoptado otro criterio», dijo.

Además, a instancias de las defensas, que invocaron el artículo 729 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el tribunal aceptó un informe de la Agencia Tributaria, de 111 páginas, que no estaba incluido inicialmente en el proceso, y que detalla una cuantiosa inversión en México, en la que habría participado el hijo mayor del expresidente catalán. En el fondo, lo que los magistrados deben aclarar es si el dinero cobrado por Pujol Ferrusola lo fue por operaciones realmente llevadas a cabo, como argumentan sus abogados, o en realidad eran negocios simulados, que servían como tapaderas para las mordidas a empresas, como cree la Fiscalía. Comisiones que, siempre según el escrito de acusación, habrían servido para obtener favores en la concesión de obra pública de la Generalitat.

Protesta de la Abogacía

La aceptación del informe llevó al abogado del Estado, José Ignacio Ocio (conocido por defender al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz), a amenazar con ventilar los trapos sucios de los Pujol, aportando al juicio informes y documentos inéditos que puedan comprometer a la familia. El documento fue aceptado por los magistrados tras un paréntesis para la deliberación jurídica. En este, Hacienda informa de una inspección a la empresa Juandro S. L., filial española de la mexicana Juandro Consultores, que adquirió y transformó unos terrenos en aquel país para edificar un lujoso complejo turístico. El informe, cuyo autor declarará este jueves, niega que se tratara de una simulación de negocio, tal como aseguraron en el juicio una quincena de testigos.

El juicio a los Pujol, que arrancó a finales de noviembre, tras una instrucción de más de una década, ha llegado a su ecuador. A sus 95 años, el expresident se enfrenta a una pena de nueve años de prisión (que difícilmente cumplirá), mientras que para su hijo mayor la Fiscalía solicita 29 años de cárcel, la más alta, y otros 17 para su ex mujer.