El TSJC ordena a la Generalitat aplicar el fallo contra el decreto que prima enseñar en catalán
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Confirma que el sistema lingüístico, basado en la exclusión del castellano como lengua principal en las aulas, no es legal
31 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.La política de inmersión lingüística en las escuelas catalanas tiene los días contados. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha ordenado a la Generalitat la ejecución provisional de la sentencia que emitió en septiembre y que echa por tierra buena parte del decreto aprobado por el anterior Ejecutivo de Esquerra con el fin de blindar el catalán en las aulas. El auto conocido este lunes confirma que el núcleo del sistema lingüístico vigente en la región, basado en la exclusión del castellano como lengua de enseñanza, carece de cobertura legal. Los artículos anulados son precisamente los que imponían el catalán como única lengua vehicular obligatoria en las escuelas (incluida la acogida de alumnos procedentes del extranjero o de otras zonas de España) y configuraban los proyectos lingüísticos de los centros en clave monolingüe. Un modelo que, en la práctica, suponía la relegación del castellano a un papel residual.
Tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo han venido confirmando reiteradamente la doctrina de la magistratura catalana, según la cual este modelo vulnera los artículos 3, 14 y 27 de la Constitución, por ser contrario a la cooficialidad lingüística y al principio de no discriminación por razón de lengua. La ejecución provisional afecta a los proyectos lingüísticos de los centros, que se basaban en los preceptos ahora anulados. Por ello, la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB), entidad que llevó el decreto ante la Justicia, asegura que estos proyectos deben ser revisados y adaptados, «incorporando el castellano como lengua vehicular, eliminando cualquier cláusula de exclusividad del catalán y garantizando el respeto a los derechos lingüísticos tanto de los alumnos como del profesorado».
La organización está prestando apoyo jurídico a profesores sancionados por impartir sus clases y facilitar materiales en castellano a sus alumnos. La entidad considera especialmente grave la persecución a profesores, «que son expresión de prácticas administrativas contrarias al marco jurídico» establecido por el TSJC, que parte de la consideración de que tanto el catalán como el castellano deben ser lenguas vehiculares de enseñanza.
Maremoto político
La resolución del TSJC ha caído como un jarro de agua fría en la Generalitat y los independentistas. El presidente catalán, el socialista Salvador Illa, se revolvió contra el auto judicial para insistir en el «compromiso del Gobierno de Cataluña en la defensa no solo de la lengua, sino también del modelo de escuela catalana». Su número dos, el consejero de Presidencia, Albert Dalmau, rechazó la «intromisión» de la Justicia en un modelo que calificó de éxito, y aseguró que recabarán «todos los recursos para su defensa política y jurídica». También Xavier Vila, ex alto cargo con Pere Aragonés, reconvertido por Illa en consejero de Política Lingüística, afirmó que los servicios jurídicos de la Generalitat «están estudiando la resolución para darle respuesta». Para Mónica Sales, de Junts, «Cataluña está sufriendo una cruzada contra la lengua por todas las vías posibles, internas y externas», mientras que el republicano Isaac Albert pidió valentía a Illa para que «garantice el catalán como lengua vehicular».