El economista y profesor Miguel Ángel Vázquez Taín explica cómo repercute a la población que España viva sin ellos desde el 2024
05 abr 2026 . Actualizado a las 10:22 h.España vive sin Presupuestos Generales del Estado desde el 2024. Intentaremos averiguar en qué nos repercute esta situación a través del economista y profesor Miguel Ángel Vázquez Taín.
—¿Qué son los Presupuestos Generales del Estado?
—El principal instrumento de política económica de un país. En ellos, el Gobierno concreta, con carácter anual, cómo va a obtener los ingresos públicos —fundamentalmente, vía impuestos— y en qué va a gastar esos recursos. Los presupuestos son la expresión numérica de las prioridades políticas, económicas y sociales del Ejecutivo de turno, y cumplen varias funciones clave: asignan recursos —sanidad, educación, infraestructuras—, redistribuyen renta —pensiones, prestaciones— y concretan alternativas para el crecimiento económico —medidas de política económica—. Además, generan certidumbre para empresas, inversores y ciudadanos. Sin presupuestos actualizados, el país pierde capacidad de planificación y de respuesta ante los retos económicos.
—Un país sin presupuestos…
—Carece de una adecuada actualización de su política económica a la realidad del momento. Funcionar con unas cuentas prorrogadas, diseñadas para un contexto pasado, limita su capacidad para responder a cambios como una desaceleración económica, una crisis energética o nuevas necesidades sociales. Esto implica una menor capacidad de impulsar inversiones estratégicas, reformar partidas de gasto o introducir nuevas políticas públicas. Dificulta la ejecución eficiente de los fondos europeos. El país puede seguir funcionando, pero lo hace con un «piloto automático» .
—¿Genera inestabilidad?
—La incapacidad para aprobar los presupuestos suele reflejar una falta de mayorías parlamentarias sólidas, o dificultades para alcanzar acuerdos, lo que pone de manifiesto una debilidad política del Gobierno. Los presupuestos son la ley más importante de cada ejercicio, y cuando no se aprueban se envía una señal de incertidumbre tanto a los agentes económicos como a los inversores internacionales. Estos interpretan la situación como un síntoma de fragilidad institucional, lo que puede afectar a la confianza y al crecimiento.
—¿Genera parálisis legislativa?
—La falta de presupuestos suele ir acompañada de una menor capacidad para sacar adelante otras leyes. Si el Gobierno no logra articular una mayoría para aprobar las cuentas públicas, resulta aún más complicado impulsar reformas estructurales o nuevas iniciativas legislativas. Sin unos nuevos presupuestos que asignen recursos a nuevas políticas —ya sea en materia de vivienda, transición energética, inversión pública o políticas sociales—, la aprobación de estas normas pierde viabilidad o queda limitada a un plano meramente declarativo. Es decir, pueden aprobarse leyes, pero sin dotación suficiente su eficacia real se ve comprometida.
En el caso español, esta situación se ha observado en distintos períodos recientes, en los que la prórroga presupuestaria ha condicionado la capacidad de desplegar nuevas políticas públicas o de adaptar el gasto a nuevas prioridades económicas y sociales. En consecuencia, se produce una «parálisis de facto»: no tanto porque no se legisle, sino porque se reduce la capacidad de transformar esa legislación en actuaciones concretas y en reformas estructurales que impulsen el crecimiento y la productividad.
—¿Un Gobierno puede funcionar sin presupuestos?
—Sí, gracias al mecanismo de prórroga automática de las cuentas del ejercicio anterior, previsto en nuestro ordenamiento. Este instrumento garantiza la continuidad administrativa y la prestación de los servicios públicos, evitando situaciones de bloqueo institucional. Ahora bien, esta continuidad es básicamente inercial. La prórroga presupuestaria está diseñada para mantener el funcionamiento ordinario, pero no para responder a nuevos retos. Limita la capacidad del Ejecutivo para reorientar prioridades, incorporar nuevas políticas públicas o ajustar el gasto a la evolución del ciclo económico, especialmente en contextos de cambio o incertidumbre. En la práctica, esto se traduce en una gestión más rígida y menos adaptativa.
—¿Cuántos años puede estar un país sin presupuestos?
—Desde el punto de vista legal, no existe un límite temporal estricto. Sin embargo, la clave no es cuánto tiempo puede sostenerse, sino a qué coste. A medida que se prolonga esta situación, el presupuesto pierde progresivamente su función como instrumento de planificación económica. Las cuentas dejan de reflejar la realidad actual —inflación, cambios en ingresos, nuevas prioridades— y se apoyan en estructuras de gasto diseñadas para un contexto pasado. Esto genera efectos relevantes: aumenta la rigidez del sector público, se dificulta la evaluación de políticas y se debilita la credibilidad de la política fiscal, especialmente en el ámbito europeo. Es una situación jurídicamente viable, pero económicamente ineficiente.
— ¿Puede subir las pensiones? ¿Y los salarios públicos?
—Sí, es posible adoptar determinadas medidas incluso en un contexto de presupuestos prorrogados, aunque con un margen más acotado. En el caso de las pensiones, su revalorización está vinculada por ley a la evolución del IPC, lo que permite su actualización mediante normas específicas de rango suficiente sin necesidad de aprobar unas nuevas cuentas. En cuanto a las retribuciones de los empleados públicos, la situación es más restrictiva. Su actualización requiere una habilitación normativa expresa.