Comienza en la Audiencia Nacional el juicio por la operación Kitchen, el presunto espionaje a Bárcenas que sienta a la cúpula de Interior del PP
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La Fiscalía pide 15 años de cárcel para el exministro Fernández Díaz, su ex número dos y el exdirector de la Policía Nacional Eugenio Pino, y 19 años para Villarejo
06 abr 2026 . Actualizado a las 16:46 h.La Audiencia Nacional (AN) juzga desde este lunes la presunta operación de espionaje conocida como Kitchen que habría orquestado en el 2013 la excúpula del ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy contra el extesorero del PP Luis Bárcenas con el objetivo de robarle información sensible que tuviera sobre el partido y sus dirigentes relacionada con la investigación del caso Gürtel.
Por estos hechos, la Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de cárcel de 15 años y 33 de inhabilitación para el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, uno de los 10 acusados, por presuntos delitos de encubrimiento, malversación y contra la intimidad.
En su escrito de acusación, la Fiscalía esboza los inicios de la supuesta operación, cuyo origen sitúa en la primera mitad del 2013. «Desde la cúpula del ministerio del Interior, encabezado por Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez y Eugenio Pino se ideó, sin que pueda descartarse además la intervención de otras personas de diferentes instancias, una ilícita operación policial de inteligencia», explica.
Anticorrupción detalla que la misma estaba «dirigida a obtener tanto información como pruebas materiales que pudieran resultar incriminatorias para el Partido Popular y sus máximos dirigentes» en el caso Gürtel que investigaba la Audiencia Nacional.
En concreto, el objetivo era hacerse con los archivos que «pudieran encontrarse en poder de Bárcenas, quien había ocupado el cargo de tesorero del partido y se encontraba formalmente investigado en dicha causa». «Y todo ello con la finalidad de evitar que todo ese material eventualmente incriminatorio para el Partido Popular y sus dirigentes que pudieran resultar investigados fuera formalmente aportado al mentado procedimiento judicial que se seguía en el Juzgado Central de Instrucción número 5», añade el ministerio fiscal.
En «la ejecución de dicha ilícita operación de inteligencia dirigida a impedir la incorporación al procedimiento judicial de material incriminatorio» habrían participado también los comisarios José Manuel Villarejo, Marcelino Martín Blas y Enrique García Castaño; el inspector jefe Andrés Gómez Gordo, con la intervención además del que fuera chófer de Bárcenas, Sergio Ríos.
La familia Bárcenas, acusación popular
Anticorrupción también pide 15 años para Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad; Pino, ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, y Gómez Gordo, quien fuera jefe de seguridad de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal. Por otro lado, interesan una condena de 19 años de prisión para el comisario jubilado José Manuel Villarejo, mientras que en el caso de Ríos reclama una pena de 12 años y cinco meses de prisión y la nulidad de su nombramiento como funcionario de la Policía. Y en el caso del jefe de Asuntos Internos de la Policía en la etapa en la que se habría producido el presunto espionaje, Martín Blas, el Ministerio Público pide dos años y medio de cárcel.
También están acusados los inspectores policiales José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez, así como el comisario José Luis Olivera, aunque la Fiscalía solicitó el archivo para los tres al no apreciar suficientes indicios.
No se sentará en el banquillo el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Enrique García Castaño por «incapacidad mental sobrevenida» tras sufrir un ictus en 2022.
PSOE y Podemos están personados como acusación popular. La acusación particular la ejercen Bárcenas; su esposa, Rosalía Iglesias, y su hijo Guillermo, vocalista de la banda Taburete.
El papel de Fernández Díaz
Según Anticorrupción, el entonces DAO, con «el acuerdo pleno» de Fernández Díaz y Martínez, contactó con Ríos, chófer de Bárcenas y que «desde su puesto de conductor no solo tenía un gran conocimiento de sus movimientos y actividades sino que, además, en virtud de la confianza que en él tenía depositada la familia Bárcenas, hacía gestiones privadas propias» del tesorero y su esposa.
El acuerdo alcanzado entre Ríos y la cúpula policial llevó a que, entre julio del 2013 y septiembre del 2015, les informase «de forma exhaustiva e individualizada» sobre las citas o reuniones que celebraban Bárcenas y su esposa, añade en el escrito.
Como contraprestación por su labor, Ríos recibió 2.000 euros mensuales, abonados con cargo a los fondos reservados de Interior, llegando a recibir presuntamente hasta 54.00 euros, además de una licencia de armas y una pistola por sus servicios, apostilla.
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El mecanismo, según Anticorrupción, era el siguiente: Villarejo, García Castaño y Gómez Gordo transmitían a Pino y Martínez la información y documentación relativa a Bárcenas que Ríos les hacía llegar. Estos, a su vez, «reportaban toda esta información a Fernández Díaz como responsable máximo del ministerio del Interior».
El escrito de acusación incluye que los acusados deberán indemnizar de manera conjunta y solidaria a Bárcenas con la cantidad de 6.000 euros, y a su esposa con 3.000, por ese presunto espionaje a su intimidad, advirtiendo los fiscales de que de ese dinero responderá subsidiariamente la Administración General del Estado. Además, considera que Fernández Díaz, Martínez y Pino deberán indemnizar a la Administración del Estado, de manera conjunta y solidaria, en la cantidad de 57.943 euros por el presunto delito de malversación -el dinero que le dieron de los fondos reservados al chófer de Bárcenas y a Villarejo durante la operación-. Y añade que respecto de esa cantidad total responderán también, de manera conjunta y solidaria, Ríos en la cantidad de 54.700 euros, Villarejo en 47.243 euros y Gómez Gordo en 10.000 euros.
Los testigos: Rajoy, Cospedal, Sáenz de Santamaría y Marlaska
En el juicio, que se extenderá hasta el 30 de junio, prestarán declaración más de 100 testigos, entre los que destacan el expresidente de Gobierno Mariano Rajoy, la exministra de Defensa María Dolores de Cospedal el 23 de abril, la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría el 27 de abril o el actual titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, el 11 de mayo.
El 20 de abril, por su parte, declararán el extesorero del PP y Rosalía Iglesias, del mismo modo que el exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Manuel Morocho, mientras que Guillermo Bárcenas lo hará el mismo día que Rajoy y Cospedal. Asimismo, la Audiencia Nacional prevé que los acusados declaren en último lugar, en los días 14, 18 y 19 de mayo. Entre las testificales también figuran el exdirector de la Policía Nacional Ignacio Cosidó el 14 de abril, así como el coronel jubilado de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, ambos el 20 de abril.
Está previsto que el juicio se desarrolle en las sedes de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) y la capital, alternando entre ellas según la semana.