El proyecto de ley, que necesita una amplia mayoría en el Congreso y el Senado, busca «proteger» el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública
07 abr 2026 . Actualizado a las 18:11 h.El Gobierno ha aprobado este martes blindar y garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública a través de la reforma del artículo 43 de la Constitución, pese a la previsible negativa del PP de que no apoyará esta reforma constitucional que necesita de una amplia mayoría en el Congreso y en el Senado. El Consejo de Ministros ha validado en segunda vuelta el proyecto de ley de reforma del artículo 43 de la Carga Magna tras recabar el informe favorable del Consejo de Estado que ve «constitucional» la propuesta del Ejecutivo de reconocer el derecho de las mujeres a interrumpir de forma voluntaria el embarazo y obligar a los poderes públicos a garantizar esta prestación en condiciones de igualdad efectiva.
Esta reforma, que requiere mayorías de tres quintos en el Parlamento, se impulsa porque el Ejecutivo quiere «proteger» el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública y «reforzar la obligación de garantizar su ejercicio en condiciones sanitarias apropiadas en todo el territorio nacional».
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha explicado que se avanza en el reconocimiento social y jurídico del derecho a la autodeterminación de las mujeres y a su necesaria protección «frente a las dinámicas regresivas» que se intentan hacer hueco. «No está en riesgo la libertad de las mujeres, pero sí el ejercicio real y efectivo en todo el territorio nacional», puntualizó la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que añadió que el 79 % de las prácticas abortivas se realizan en centros privados y solo el 20 % en centros públicos. «Estamos blindando el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo en su dimensión prestacional porque la dimensión prestacional del derecho en la sanidad pública en la cartera básica de servicios de la sanidad pública es lo que está en riesgo», ha incidido la ministra.
Redondo ha recalcado que se trata de una reforma constitucional por el procedimiento ordinario y ha recordado que si no consigue la mayoría cualificada en el Parlamento cabría la posibilidad de la configuración de una comisión paritaria Congreso y Senado que volvería a redactar y a proponer un texto que sería votado nuevamente, siendo suficientes en este caso con los dos tercios del Congreso y la mayoría absoluta del Senado. No obstante, esta reforma requeriría del voto favorable del PP, que tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta.
La ministra de Igualdad ha confiado en que todos los partidos políticos, y también el PP, «estén a la altura» de lo que solicita «una inmensa mayoría que avala la interrupción voluntaria del embarazo» y ha recordado que en esta legislatura ya se ha modificado dos veces la Constitución y «damos hoy el primer paso, que es presentar este texto, validado por el Consejo de Estado».
«Una vez pasado este Rubicón hablaremos con el PP y con las distintas comunidades autónomas y buscaremos el mayor consenso posible», ha aseverado pese a reconocer que la tramitación parlamentaria «se presenta compleja», añadió Redondo.
Informe favorable
El pasado mes de febrero, el presidente del Gobierno anunciaba que el Consejo de Estado había emitido un informe favorable ante este plan del Ejecutivo. Pedro Sánchez aseguraba que se trabajaría en esta modificación porque la ley actual «no se cumple» en su integridad al derivarse a clínicas privadas. «Con independencia de las distintas posibilidades abiertas al Constituyente, el Consejo de Estado no ve obstáculo jurídico en la reforma consultada por el Gobierno, cuya tramitación podría así proseguir», decía Sánchez en un acto de la campaña electoral del PSOE con motivo de las elecciones en Castilla y León.
Ya entonces se confirmaba que la propuesta del Gobierno plantea añadir un nuevo apartado 4 al artículo 43, que reconoce el derecho a la protección de la salud, para consagrar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y obligar a los poderes públicos a garantizar su prestación en condiciones de igualdad.
En su dictamen, el Consejo cuestionaba que la elección del artículo 43 pudiese estar vinculada a la mayor facilidad del procedimiento de reforma previsto en el artículo 167 de la Constitución, que no exige la disolución de las Cortes Generales, a diferencia del artículo 168 aplicable a los derechos fundamentales. En este sentido, adviertía de que el procedimiento de reforma «debe ser la consecuencia» del contenido elegido y no «su causa».
«Se trata de consideraciones de oportunidad política que, desde un punto de vista constitucional, no deberían ser tenidas en cuenta a la hora de elegir el precepto objeto de la reforma. La decisión de reformar uno u otro precepto constitucional ha de realizarse atendiendo únicamente al contenido de la reforma propuesta, en el marco de la Constitución. El procedimiento de reforma aplicado debe ser la consecuencia de esta decisión y no su causa», señalaba el dictamen.
Francia lo incluyó en su Constitución en el 2024 y Luxemburgo lo hará este 2026
La propuesta de reforma del artículo 43 introduce el punto 4 para señalar que: «Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva, con cuantas prestaciones y servicios sean necesarias».
El texto anterior ha sido modificado tras el dictamen del Consejo de Estado ya que la primera propuesta era «farragosa». Finalmente el punto cuatro es «más ajustado y más claro», ha dicho la ministra, aunque el contenido no cambia.
Redondo ha afirmado que esta reforma constitucional reforzará la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, reconociendo y avalando esa dimensión subjetiva del derecho y de la libertad de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo.
La ley del aborto ha tenido sucesivas modificaciones desde que se regulara por primera vez en 1985. La última reforma fue en el 2023 con el Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez y supuso acabar con la necesidad del consentimiento paterno para abortar en el caso de las menores de 16 y 17 años y garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública.
El PP acusa a Sánchez de retomar la reforma de aborto para «no hablar de Ábalos»
El PP ha acusado a Pedro Sánchez de poner de nuevo el foco en la reforma del aborto para «no hablar» del juicio que ha arrancado en el Tribunal Supremo contra el exministro José Luis Ábalos, dado que el Ejecutivo «sabe» que no tiene mayoría parlamentaria en el Congreso para sacar adelante esa reforma constitucional, según han indicado a Europa Press fuentes de la dirección del partido.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez sigue adelante con esta reforma de la Carta Magna para incluir el aborto como derecho pese a que no tiene votos para aprobarla. «El Gobierno se está acostumbrando a llevar medidas al Consejo de Ministros que saben que no serán aprobadas en las Cortes Generales», han señalado fuentes de la cúpula del PP. En Génova consideran que se trata de «actos propagandísticos que carecen de mayoría parlamentaria». Es más, creen que Sánchez y su Gobierno «quieren hablar del aborto para no hablar de (José Luis) Ábalos», después de que el Tribunal Supremo haya iniciado hoy juicio al exministro, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en contratos de mascarillas adjudicados por el Ministerio de Transportes en pandemia.
En octubre del 2025, el PP ya descartó la posibilidad de que se pueda meter el aborto en la Constitución porque para reformar la Carta Magna es «imprescindible» el apoyo del PP. «Que se olvide», replicó entonces al jefe del Ejecutivo. Los populares señalaron entonces, igual que ahora, que el aborto es un tema con el que el Gobierno busca «distraer la atención» de los ciudadanos de los numerosos casos de presunta corrupción que acechan a su Gobierno y a su familia. Por ello, los populares ya dejaron claro entonces que no van a ayudar al Gobierno en esa estrategia: «el debate termina aquí». De hecho, recordaron que la opción de abortar ya está permitida y regulada en España, además de estar avalada por una sentencia firme del Tribunal Constitucional. «No dejaremos que la izquierda reabra debates ideológicos para tapar su falta de gestión y la corrupción de sus gobernantes», esgrimieron desde el PP.
Asimismo, en el Congreso Nacional que el PP celebró a principios de julio del 2025 --en el que aprobó su ideario político-- evitó en su ponencia Política entrar a debatir sobre temas como el aborto, la eutanasia o la gestión subrograda, asuntos en los que hay distintas sensibilidades dentro de la formación. En febrero del 2023, el líder del PP afirmó que el aborto no es un «derecho fundamental», pero sí expresó su respeto a que la mujer pueda interrumpir voluntariamente el embarazo conforme a los plazos marcados en la legislación vigente, tras el aval a la ley de 2010 del Tribunal Constitucional. Además, Feijóo destacó entonces que después de 13 años ni el PP ni el PSOE han «cambiado» ese modelo de plazos. «El aborto es una decisión de la mujer que se debe solo y se puede solo adoptar de acuerdo con la legislación», añadió.
En octubre del año pasado, tras la reforma del aborto anunciada por Sánchez, el jefe de la oposición volvió a asegurar que su posición es «clara y conocida». «Garantizaré siempre que cualquier mujer que opte por la interrupción de su embarazo pueda hacerlo con la mejor atención médica y psicológica, conforme a las leyes», zanjó. Según Feijóo, el «verdadero» debate que España necesita es «sobre natalidad, conciliación y futuro» y por eso se comprometió a impulsar, si gobierna, «medidas para que ninguna mujer renuncie a ser madre por motivos económicos, laborales o de vivienda».
Reacciones de Vox y la Conferencia Episcopal
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado al Gobierno de ofrecer a los españoles «muerte, dolor y miseria».
«Para los de fuera... hoteles, ayudas y sanidad universal pagada por los españoles de a pie. Para los españoles corrientes solo eutanasia, aborto, invasiones y violaciones. Eso ofrece el gobierno de Sánchez: muerte, dolor y miseria. Odia a los españoles y por eso quiere sustituirlos. Sánchez es el enemigo del pueblo», ha asegurado en X.
La Conferencia Episcopal Española (CEE), por su parte, ha afirmado, en palabras de su presidente, Luis Argüello, que la reforma es un cambio «en favor de la muerte», con el que el Ejecutivo utiliza a las mujeres como «coartada ideológica».
Argüello ha manifestado en la red social X que el Ejecutivo podría haber blindado «el derecho a la vida y el apoyo a la mujer en la promoción de la maternidad en este invierno demográfico», en lugar de hacerlo con la interrupción voluntaria del embarazo. «Pero no, el Gobierno prefiere blindarse, proponiendo un cambio constitucional en favor de la muerte, utilizando a las mujeres como coartada ideológica», aseguró.