El Gobierno pretende poner coto al «true crime» para evitar que los autores de los crímenes se lucren de sus delitos
ACTUALIDAD
El ministro Félix Bolaños ve necesaria la actualización de la normativa para proteger a las víctimas y sus familiares ante estas series que «florecen en el panorama televisivo»
08 abr 2026 . Actualizado a las 16:26 h.El Gobierno español se ha propuesto poner coto a las producciones de true crime, las series o películas que recrean crímenes reales, con el objetivo expreso de proteger a las víctimas de los delitos y sus familiares y para que «los autores de estos crímenes no puedan lucrarse de este delito». El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ve necesaria la actualización de una normativa «que hoy está caduca» para establecer una regulación más estricta sobre estas series que «florecen en el panorama televisivo».
A través del proyecto de Ley Orgánica de Protección Civil del Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, que el Consejo de Ministros aprobará el próximo mes de mayo, el Gobierno responde a las reclamaciones y críticas de familiares de las víctimas de crímenes que luchan para impedir que las plataformas y productoras recreen sus tragedias en series y, sobre todo, para evitar que le den voz propia al criminal, que puede obtener lucro o notoriedad pública por los hechos por los ha sido enjuiciados.
En este sentido, la nueva ley habilita a cualquier persona que se sienta afectada o lesionada por el relato de una historia por parte del autor del crimen a hacer las reclamaciones pertinentes ante la justicia, cuando pueda suponer una intromisión ilegítima en sus derechos.
Convertido en un fenómeno de masas, con un consumo disparado en las últimas décadas coincidiendo con el auge de las plataformas de streaming, las producciones de true crime se han multiplicado en los últimos años ante el éxito de audiencia que representan. Es un campo que nunca ha estado exento de polémica, ya que, en su evolución como género, cada vez son más frecuentes las producciones en las que los acusados o condenados tratan de empatizar con la audiencia.
Entre quienes más se han movilizado en contra de estas producciones está Patricia Ramírez, la madre de Gabriel Cruz, el niño asesinado en el 2018. Tras negarse en muchas ocasiones a participar en producciones sobre el crimen, en el 2023 se enteró de que se estaba realizando un documental que pretendía contar con la participación de Ana Julia Quezada, la asesina del pequeño, que está en prisión permanente revisable. «Hago un llamamiento a todas las instituciones para que se coordinen», manifestó la madre de pequeño Gabriel durante una intervención en la que volvió a pedir ayuda para impedir el proyecto audiovisual. «No es una serie, es nuestra vida», defendió.
Ya ha habido antecedentes al respecto de darles voz a los acusados. Series documentales como El Rey del Cachopo o Las cintas de Rosa Peral, que cuentan con los testimonios en primera persona de los propios condenados, incluyen detalles del contexto de la vida personal o emociones de los acusados como forma de cambiar su percepción ante la sociedad.
También otras series ficcionadas, como El cuerpo en llamas —también sobre los crímenes de Rosa Peral— o El caso Asunta —sobre el asesinato de la niña compostelana— muestran relatos alternativos o ponen en duda los hechos probados, lo que les granjeó críticas por posible blanqueamiento de los autores del crimen. En otras producciones, como en El caso Alcàsser, las acusaciones contra la serie tuvieron que ver con reabrir una herida nacional que no había sido cerrada y con caer en el mismo morbo que denunciaban de la prensa de los 90.
Leyes en otros países
El debate público por el beneficio que algunos asesinos habían sacado —o al menos lo pretendían— de vender su historia a editoriales y productoras ha llevado a normativas específicas en varios países. En el caso de Estados Unidos, existe la ley Son of Sam —Hijo de Sam—, cuyo nombre deriva de la primera legislación de este tipo, creada para evitar que el asesino en serie de los años 70 David Berkowitz vendiese los derechos de su historia a un guionista o cineasta. La normativa, utilizada en una decena de ocasiones, tuvo una revisión en el 2001, para exigir que se notificase a las víctimas de los crímenes cada vez que el acusado reciba al menos 10.000 dólares de cualquier fuente, para que puedan interponer las acciones legales pertinentes.
En el Reino Unido existe desde el 2022 la Proceeds of Crime Act, que permite confiscar todo el dinero o propiedad vinculada a los delitos cometidos por un acusado.
En el caso de países europeos, como Alemania, la política se basa más en la reinserción del preso y el derecho al olvido, de modo que, una vez ha cumplido su pena y se está reintegrando, prevalece el derecho a su privacidad sobre el interés informativo del público, lo que les permite demandar a las plataformas y las productoras al considerar que suponen un conflicto para su regreso a la sociedad.