Conceden el tercer grado al preso de ETA Jon Bienzobas, asesino de Tomás y Valiente
ACTUALIDAD
El Gobierno vasco argumenta esta decisión en una carta de arrepentimiento enviada por el terrorista, que ponen en cuestión las asociaciones de víctimas
13 abr 2026 . Actualizado a las 13:33 h.El Gobierno Vasco ha concedido el tercer grado penitenciario al preso de ETA Jon Bienzobas, condenado, entre otros atentados, por el asesinato del presidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente en 1996. Las asociaciones de víctimas Covite y AVT han confirmado la concesión del tercer grado a Bienzobas, a quien le queda menos de un año para liquidar sus penas, que suman cientos de años de prisión.
Según la resolución remitida por el Gobierno Vasco, a Jon Bienzobas se le ha concedido el tercer grado en aplicación del artículo 83, y entre los elementos valorados para la concesión figuran «su buena conducta penitenciaria, una oferta laboral y un escrito en el que supuestamente expresa sentirse responsable del dolor causado y manifiesta su voluntad de contribuir a una convivencia en paz».
Para Covite, sin embargo, «que se siga utilizando una carta privada como principal aval para conceder regímenes de semilibertad a condenados por terrorismo demuestra hasta qué punto se ha vaciado de contenido el requisito del arrepentimiento». «Las víctimas no tenemos por qué creernos lo que se diga en esas cartas. No se nos puede exigir un acto de fe. Mientras no haya un arrepentimiento público, claro y avalado por hechos, no tenemos ningún motivo para dar credibilidad a esos escritos redactados con el único fin de obtener la semilibertad», ha denunciado la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez.
Tal y como estableció la propia Audiencia Nacional en una sentencia del 2023 para revocar el tercer grado del miembro de ETA Xabier Atristain, «este tipo de cartas no tienen validez si no van acompañadas de signos inequívocos de desvinculación, entendiéndose por estos, actividades realizadas de colaboración con las autoridades para identificar a otros responsables e incluso en impedir la actuación de organizaciones o asociaciones vinculadas o de apoyo al terrorismo».
Asimismo, Covite ha censurado «falta de transparencia» con la que el Ejecutivo vasco está gestionando estos terceros grados. Según ha explicado, las resoluciones que se notifican a las asociaciones de víctimas «se refieren sistemáticamente a terceros grados concedidos en aplicación del artículo 83, es decir, al régimen ordinario de tercer grado generalmente vinculado a un trabajo, formación u otra ocupación acreditada, a través del cual el interno puede salir a diario de prisión, pero debe regresar a dormir al centro penitenciario».
Sin embargo, el colectivo ha podido constatar a través del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria que «el 90% de esos terceros grados se están ejecutando en la modalidad del artículo 86, es decir, el régimen más parecido a una libertad condicional: el preso permanece en la calle con pulsera telemática y ni siquiera pernocta en prisión».
«El Gobierno Vasco nos notifica una cosa, pero luego no nos informa de que en la mayoría de los casos esos terceros grados pasan a ejecutarse a través del artículo 86. Estamos ante un engaño intolerable. Hemos exigido que nos notifiquen el momento en que se produzca el cambio de modalidad del artículo 83 al artículo 86», ha afirmado Ordóñez.
Para Covite, esta práctica confirma que la política penitenciaria aplicada a los presos de ETA «avanza, cada vez con menos disimulo, hacia el cumplimiento de la última gran exigencia histórica de la izquierda abertzale en el final de ETA negociado que vivimos: vaciar las cárceles sin exigir un arrepentimiento sincero ni una verdadera desvinculación del entramado político y social que sostuvo durante décadas a ETA, y que prohíbe expresamente el arrepentimiento».
«Las consecuencias de este final indigno las seguimos pagando las víctimas con la impunidad de los asesinos de nuestros familiares. No estamos en contra de la reinserción; estamos en contra de que se llame reinserción a lo que en realidad son excarcelaciones encubiertas», ha insistido Consuelo Ordóñez.