El juez Peinado procesa a Begoña Gómez por cuatro presuntos delitos pero no por intrusismo profesional
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La esposa del presidente del Gobierno deberá responder por malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida
14 abr 2026 . Actualizado a las 12:16 h.El juez que investiga el caso Begoña Gómez ha acordado procesar a la esposa del presidente del Gobierno por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida, pero no por intrusismo profesional. Según un auto, recogido por Europa Press, el juez concede un plazo de cinco días a todas las partes personadas para que «insten lo que consideren oportuno respecto de la apertura del juicio oral, formulando el correspondiente escrito de conclusiones provisionales». Peinado decide archivar el presunto delito de intrusismo profesional «al no haber más que un indicio endeble, no habiendo indicios plurales y sólidos».
El instructor, que rechaza prorrogar la instrucción, descarta además que se aporte la vida laboral de Gómez o la actualización de los salarios percibidos por Cristina Álvarez, su asesora en el Palacio de la Moncloa, a la que también procesa, al igual que al empresario Juan Carlos Barrabés, los tres investigados en la causa.
El epicentro de esta batalla jurídica no se libra solo en el Código Penal, sino en el calendario: el magistrado Juan Carlos Peinado cumple la edad de jubilación forzosa de 72 años el próximo 27 de septiembre. Esta fecha ha impreso en las últimas semanas un ritmo endiablado a una instrucción en la que el juez intenta acelerar para dictar el auto de apertura de juicio oral, mientras las defensas despliegan con toda su fuerza una estrategia dilatoria para que sea otro instructor —quizá con menos empeño— quien herede la causa.
El origen de este periplo judicial —con continuos golpes de timón de un magistrado al que acusan de forma recurrente de llevar a cabo una causa prospectiva, pero que en lo mollar ha recibido en aval de la Audiencia de Madrid— se sitúa el 16 de abril del 2024, cuando Peinado admitió a trámite la denuncia del pseudosindicato Manos Limpias por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Aquel movimiento desencadenó una crisis institucional inédita, con el anuncio de los «cinco días de reflexión» de Pedro Sánchez aquel 24 de abril de hace dos años.
A partir de ahí, la causa ha navegado entre informes contradictorios, correcciones de la instancia superior a distintas decisiones del instructor y la radical oposición de los poderes del Estado —Fiscalía y Abogacía del Estado— a que se investigue nada. Ya en mayo del 2024, la Fiscalía de Madrid solicitó el archivo por falta de indicios, basándose en un informe de la UCO en el que el Ministerio Público no apreció irregularidades.
La Audiencia Provincial, en un hito clave, avaló la investigación del magistrado el 29 de mayo del 2024. Desde entonces, el órgano superior ha amparado de forma invariable el fondo de las pesquisas del controvertido juez. Eso sí, le han tirado de las orejas de forma constante mediante correcciones por su forma más que heterodoxa de instruir y por su incorregible tendencia a no argumentar sus decisiones, provocando indefensión a los acusados.
Aquel aval inaugural permitió al instructor citar a Begoña Gómez como investigada por primera vez, abriendo la puerta a un verano del 2024 especialmente movido: tras una comparecencia suspendida por defectos de forma el 5 de julio, Gómez acudió de nuevo el 19 aunque solo para acogerse a su derecho a no declarar. Ese mismo día, el empresario Juan Carlos Barrabés pasó de testigo a investigado, convirtiéndose en uno de los tres pilares que hoy sostienen los encausamientos, junto a Gómez y la asesora de Moncloa Cristina Álvarez, tras haberse quedado por el camino otras imputaciones revocadas por la Audiencia.
El proceso alcanzó su cénit el 30 de julio de hace dos años, cuando Sánchez se acogió también a su derecho a no declarar contra su esposa en el propio Palacio de la Moncloa. Aquella jornada derivó en una guerra de querellas por prevaricación contra el juez, presentadas por la defensa de Gómez y la Abogacía del Estado en nombre del propio presidente, que finalmente fueron rechazadas por el Tribunal Superior de Madrid en octubre.
Ese archivo dio todavía más alas a Peinado y la instrucción siguió sumando delitos. El 29 de octubre del 2024, el magistrado amplió la investigación a la presunta apropiación indebida e intrusismo profesional relacionados con un software de la Complutense. Y, en un nuevo volantazo inesperado, el togado inauguró 2025 desplazando el foco a la presunta utilización de recursos públicos de Moncloa para la cátedra de Begoña Gómez. La asesora de la mujer de Sánchez, la citada Cristina Álvarez, pasó de testigo a investigada.
Con este quinto delito -que se suma al tráfico de influencias, la corrupción en los negocios, la apropiación indebida y el intrusismo-, el magistrado dio otro paso que volvió a sacudir el tablero: el pasado 24 de septiembre propuso que el caso fuera enjuiciado por un jurado popular. Esta decisión fue contestada por la Audiencia Provincial el 12 de noviembre, obligando al juez a precisar los hechos y excluir elementos que no correspondían a esa vía. Sus superiores -una vez más- obligaron a Juan Carlos Peinado a corregir sus resoluciones pero sin pararle los pies, avalando este nuevo derrotero del juicio ante jurado.
Espiral de recursos
Tras dictar el primer auto de apertura de ese juicio oral el 15 de enero del 2026, la causa ha entrado en una espiral de recursos. El pasado 1 de abril -en pleno miércoles santo-, Peinado forzó la celebración de una vista de cuestiones previas que ejemplifica el pulso actual. La mujer de Sánchez no interrumpió sus vacaciones. Tampoco comparecieron el resto de los imputados. Las defensas de Gómez, Barrabés y Álvarez presentaron, eso sí, una batería de peticiones diseñadas para ralentizar el procedimiento. Solicitaron información sobre todos los asistentes de las esposas de los presidentes, una pericial sobre la estructura del Consejo de Ministros, la citación de más testigos. Jurídicamente, estas peticiones obligan al juez a pronunciarse y, en caso de negativa, abren la vía a recursos ante la Audiencia que pueden paralizar la causa meses.
Hoy -en vísperas de que este jueves se cumplen dos años del inicio de la causa-, el futuro de la instrucción pende de un hilo temporal. El 16 de abril se cumple el plazo legal para que el juez decida si prorroga la instrucción otros seis meses. Si Peinado opta por la prórroga, la investigación se extendería inevitablemente más allá del 27 de septiembre, fecha de su jubilación.
Esto supondría que un nuevo juez tendría que hacerse cargo de una causa de miles de folios, lo que la defensa ve como una oportunidad para el archivo o una revisión exhaustiva. Por el contrario, si el magistrado no prorroga, su único camino es dictar en breve un nuevo y definitivo auto de apertura de juicio oral que siente a los tres encausados en el banquillo antes de su retiro. La posibilidad de que se dicte este auto en las próximas semanas es alta, dado que Peinado busca blindar su trabajo de dos años. Sin embargo, el recurso contra el formato de jurado popular sigue vivo: mientras la defensa lo tilda de «artificial», incluso acusaciones como Manos Limpias han mostrado dudas por la complejidad técnica de los delitos, prefiriendo un tribunal profesional para evitar futuras nulidades. Así las cosas, el «caso Gómez» se ha convertido ya en una carrera de obstáculos.
El Gobierno se proclama «indignado» y afirma que la instrucción de Peinado «avergüenza» a ciudadanos y jueces
paula de las heras
El Gobierno ha reaccionado este lunes con dureza al auto del juez Juan Carlos Peinado. Fuentes de Moncloa han expresado su «indignación» tanto por el contenido como por el momento elegido por el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, en pleno viaje del jefe del Ejecutivo a China. Y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha vaticinado que más pronto que tarde un tribunal superior «e imparcial» corregirá una instrucción que, ha llegado a afirmar, «ha avergonzado a muchos ciudadanos de nuestro país, a muchos jueces y magistrados».
El Gobierno y, de manera singular el titular de Justicia, generalmente prudente respecto a las decisiones de los jueces en otras causas, siempre ha defendido de manera abierta la inocencia de la esposa de Sánchez, como lo ha hecho el presidente, que desde el primer día, con la apertura de diligencias previas en abril del 2024 insinuó que este era un caso de persecución política. No es ni mucho menos la primera vez que critica la polémica instrucción. En otras ocasiones ha hablado de «cacería despiadada» o despropósito.
En la Moncloa se muestran especialmente molestos por el hecho de que Peinado utilice expresiones o frases poco fundamentadas, que hable de «conductas que provienen de palacios presidenciales» o que «parecen más propias de regímenes absolutistas por suerte ya olvidados», o que compare los hechos investigados con el comportamiento durante el reinado de Fernando VII, en el siglo XIX.
Las mismas fuentes señalan además que no es «casual» que el juez haga coincidir sus decisiones más relevantes con viajes oficiales del presidente al extranjero. El patrón se ha repetido en varias ocasiones: en octubre del 2024, durante una visita a la India, amplió la investigación con el delito de apropiación indebida; en junio del 2025, en plena cumbre de la OTAN en La Haya, elevó al Supremo su petición de imputar a Bolaños; en septiembre, mientras Sánchez participaba en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, decidió que Begoña Gómez fuera juzgada por un jurado popular.
El auto de hoy se ha conocido mientras el presidente y su esposa se encuentran en China en visita oficial. Las citadas fuentes añaden que no tienen («porque no podemos tener», matizan) tesis sobre las razones por las que el juez ha aprovechado este momento pero es indudable que, de alguna manera, la decisión opaca una agenda que en el Ejecutivo consideran muy relevante.