El Gobierno aprueba la regularización extraordinaria: más de medio millón de migrantes podrán trabajar de forma legal en España

Sara Pérez Peral
S. Pérez REDACCIÓN / LA VOZ

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Un entresuelo en un edificio de viviendas y oficinas. No se prevé que el refuerzo de personal de Tragsa se desplace a la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería de Vigo.
Un entresuelo en un edificio de viviendas y oficinas. No se prevé que el refuerzo de personal de Tragsa se desplace a la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería de Vigo. M. Moralejo

Se podrá solicitar «online» desde el jueves y presencial desde el lunes, con cita previa. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones anunció que se reforzarán el servicio 550 profesionales en 450 oficinas en toda España

16 abr 2026 . Actualizado a las 16:54 h.

El Gobierno aprobó este martes en el Consejo de Ministros el real decreto para la regularización extraordinaria de migrantes, que dará un permiso temporal de residencia y trabajo a medio millón de extranjeros que están en una situación irregular en España, abriéndoles la puerta a cotizar y a pagar impuestos. En Galicia, se prevé que inicien el proceso unas 20.000 personas. La norma se publicará el miércoles en el Boletín Oficial del Estado y entrará en vigor el jueves, cuando ya se podrán comenzar a tramitar las primeras solicitudes telemáticamente. La vía presencial no se abrirá hasta el lunes, 20 de abril, para lo que habrá que solicitar cita previa obligatoria, que se podrá pedir desde el miércoles a través del teléfono 060 o por internet.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, describió la medida como «un acto de coherencia ética y de justicia social» y «uno de los grandes hitos» de esta legislatura. Según los cálculos de su departamento, la mitad de los beneficiarios serán unas 250.000 personas que ya iniciaron el procedimiento de protección internacional y que aún no lo tienen resuelto y la otra mitad, 250.000 también, por arraigos. El plazo máximo para resolver los nuevos procedimientos por esta vía será de tres meses.

El Gobierno adaptó el real decreto a las observaciones del Consejo de Estado, que pidió más control en los antecedentes penales de los solicitantes y en los informes de vulnerabilidad. Así, se elimina la posibilidad de la declaración responsable en caso de no conseguir los antecedentes y de que sea el propio Gobierno quien solicite la información al país de origen si el interesado demuestra falta de respuesta. También será obligatorio presentar el informe de vulnerabilidad acreditado por servicios sociales o entidades colaboradoras. Aún está en el aire si habrá algún modelo oficial a consensuar entre todas las comunidades, como recomendó el órgano consultivo.

Se abre así la puerta a la regularización de aquellos extranjeros no comunitarios mayores de edad que acrediten haber residido al menos cinco meses en España antes del 1 de enero del 2026 y de quienes también hayan presentado una solicitud de protección internacional antes de esa fecha. De resolverse de forma favorable, se les concederá una autorización provisional de un año. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, discrepó del sistema escogido para aprobar la norma y acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de «no escuchar las alegaciones de las comunidades». Afirmó que «se puede hacer muchísimo mejor» y lamentó que no se consultara a las autonomías «en ningún momento».

En una carta a la ciudadanía, Sánchez justificaba la medida en que España envejece y necesita incorporar trabajadores activos para sostener los servicios públicos. Informa Pablo Penedo que el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez, participó este martes en el II Congreso Nacional de Relevo Generacional organizado por UPTA y UGT en Vilagarcía de Arousa. «La regularización de inmigrantes aprobada en el Consejo de Ministros es imprescindible. Apuntala la dignidad de cientos de miles de personas que trabajan entre nosotros y que van a ser decisivas para el relevo generacional del mercado de trabajo en España», afirmó, donde está prevista la jubilación de unos 600.000 autónomos y 1,5 millones de trabajadores asalariados en los próximos cinco años.

Las solicitudes se podrán presentar de forma telemática y presencial. La primera estará disponible desde el jueves, las 24 horas del día, los siete días de la semana, hasta el 30 de junio. Esta vía, «la más rápida y sencilla», según la ministra, podrán utilizarla los solicitantes si disponen del certificado electrónico (con el NIE, el número de identidad de extranjero) o a través de terceros, como personas inscritas en el Registro Electrónico de Apoderamientos; abogados, graduados sociales o gestores administrativos, y las más de 150 entidades inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería.

La UTEX de Vigo tramitará todos los expedientes

Habrá una plataforma única para la tramitación de la documentación, Mercurio, que estará disponible en la página web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Será la UTEX de Vigo (la unidad de trabajo de tramitación de expedientes de extranjería que depende del ministerio de Saiz) la encargada de resolver los procedimientos y realizar las gestiones de la plataforma.

Para tramitar las solicitudes presencialmente, será imprescindible contar con cita previa. El plazo para solicitarla también comenzará el jueves, aunque la atención en oficinas será a partir del lunes, 20 de abril. Se podrá pedir cita a través de dos canales: en la web del Ministerio de Inclusión, que permitirá la selección inmediata de la cita, y por teléfono, desde el 060. En este proceso también participarán las oficinas de la Seguridad Social, al menos una en cada provincia y en horario de tarde; las sucursales de Correos en capitales de provincia y en municipios con más de 50.000 habitantes, y algunas oficinas de extranjería en determinadas provincias y en horario de tarde. Desde el ministerio avanzan que las oficinas que se abrirán en Galicia se comunicarán en los próximos días.

La ministra advirtió que no todas las oficinas atenderán las peticiones, ni en cualquier horario: «Quiero ser muy clara y contundente y pedir colaboración ciudadana y también mediática. No serán todas las oficinas ni será en cualquier horario. Informaremos adecuadamente y no queremos que nadie se frustre si se presenta sin haberse informado en cualquier oficina y a cualquier hora».

María Pedreda

Convocatoria de huelga

Pese a que en los primeros borradores del real decreto no se apuntaba al refuerzo de plantillas para la avalancha de peticiones que se esperan hasta el 30 de junio ni se mencionaban fondos, el Gobierno aseguró que incorporará a 550 profesionales extra que se repartirán por 450 oficinas en toda España para atender, tramitar, estudiar y resolver expedientes. Desde CC.OO. han registrado una convocatoria de huelga indefinida desde el próximo lunes en el personal de las oficinas de extranjería. En Galicia afectaría a las subdelegaciones de Lugo, Ourense, Pontevedra y A Coruña. «Cuando en tres meses acabe el proceso, serán quienes se hagan cargo de estos procedimientos», afirma César Pérez, del sindicato, que defienden el proceso de regularización pero no adónde destina el Gobierno los fondos para tramitarlo. En España, solo cinco oficinas de extranjería atenderán en horario de tarde los trámites, ninguna en Galicia. «Excluyen a quienes saben», asegura.

La Generalitat Valenciana recurrirá el decreto del Gobierno

La Generalitat Valenciana ha anunciado este martes su decisión de interponer un recurso contra el decreto aprobado por el Gobierno para la regularización de inmigrantes, al entender que «llega sin ningún tipo de previsión ni recursos y que va a generar saturación de los servicios públicos básicos en la Comunitat Valenciana».

En un comunicado remitido esta noche, el Ejecutivo autonómico que preside Juanfran Pérez Llorca advierte de que una medida de estas características, «adoptada sin una memoria económica clara ni coordinación con las comunidades autónomas, puede provocar un incremento notable en la demanda de servicios esenciales como la sanidad, la educación y los servicios sociales, ámbitos en los que la Comunitat ya soporta una elevada presión asistencial».

Desde el Consell se asegura que están comprometidos «con una política migratoria ordenada, legal y vinculada a la capacidad real de acogida, así como con la adecuada atención a todas las personas residentes en la Comunitat Valenciana».

Asimismo, la Generalitat solicitará la adopción de medidas cautelares mientras se resuelve el recurso para «evitar efectos inmediatos que puedan tensionar el sistema público autonómico».

El Consell, según el comunicado, pide al Gobierno de España que abra un proceso de diálogo con las comunidades autónomas «que permita abordar la cuestión migratoria desde la corresponsabilidad institucional, la suficiencia financiera y la planificación efectiva».