El alcalde socialista de Lleida abre otra crisis con Sumar y prohibirá el velo integral en la vía pública
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La nueva ordenanza se votará en junio y comportará multas de entre 300 y 750 euros
23 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.El Ayuntamiento de Lleida, gobernado en minoría por los socialistas del PSC, pretende prohibir el velo integral en la vía pública. La propuesta de nueva ordenanza municipal figura en el artículo 12 del texto, se llevará al pleno del mes de junio y comportará sanciones de entre 300 y 750 euros. De salir adelante, el burka estará prohibido en el espacio público, salvo en los lugares de culto. Además, el consistorio pondrá el marcha un plan paralelo de acción socioeducativa.
Según el alcalde Fèlix Larrosa, la medida tiene una raíz feminista y no se basa en cuestiones de seguridad, sino en el respeto a los derechos fundamentales de las personas: «Creemos que las mujeres que llevan esta vestimenta lo hacen obligadas y, por tanto, queremos intervenir; ha llegado el momento de que las religiones dejen de utilizar a las mujeres», señaló el edil, que contraviene la postura de su propio partido y de Salvador Illa, que en varias ocasiones se ha mostrado en contra de prohibir el burka. La última, sin ir más lejos, a propuesta de la formación ultranacionalista y xenófoba de Aliança Catalana. No obstante, el líder del PSC evitó una condena expresa de la medida y negó que esta responda a una «actitud racista ni en contra de determinados símbolos». Según Illa, la propuesta no se refiere al burka sino de que en la calle no se puede ir desnudo o con la cara tapada. «Hace referencia específica a salvaguardar los derechos fundamentales en el ámbito religioso», señaló el presidente de la Generalitat.
En cambio, desde el Gobierno, la portavoz y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, sí criticó la ordenanza leridana: «No se tiene que caer en la demagogia, son debates que tienen que tener análisis y pedagogía», dijo. Otro ministro, el catalán Jordi Hereu, de Industria, se limitó a mostrar su «respeto» por las decisiones adoptadas en el ámbito local. No es la primera vez que los socialistas de Lleida adoptan una medida similar. En el 2010, el alcalde Àngel Ros, también del PSC, lo intentó. Unos años después, en el 2013, fue anulada por el Tribunal Supremo. La sentencia argumentó que los ayuntamientos carecen de competencias para limitar un derecho fundamental como es la libertad religiosa, estableciendo que una restricción de este tipo debe regularse por ley orgánica.