El PP limita el pacto en Extremadura a dar preferencia al «arraigo», pero Vox habla directamente de «los españoles primero»
ACTUALIDAD
El texto firmado entre los dos partidos recoge la «prioridad nacional» en el acceso a vivienda protegida y prestaciones sociales, pero luego se refiere a la vinculación con el territorio y precisa que todo se hará de acuerdo a la «legalidad vigente»
22 abr 2026 . Actualizado a las 15:11 h.El PP y Vox hacen interpretaciones muy distintas de un texto que han firmado ambos partidos en el pacto de gobernabilidad de Extremadura que permite la investidura de la popular María Guardiola. La diferencia fundamental está en la interpretación de lo que significa la «prioridad nacional» que figura en varios apartados del acuerdo.
Lo que interpreta el PP
«Arraigo». El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, aseguró que «todo lo que se ha firmado es de acuerdo a la ley» y considera que lo que cuenta es el «arraigo», con «independencia de la nacionalidad». «Vox dice lo que considera oportuno. Nosotros decimos lo que hemos pactado y lo que está en el texto», afirmó Feijoo el pasado martes. Para el PP, lo que está en el texto «es el arraigo, la vecindad». Y, al hablar del «arraigo», el PP sostiene que «es lógico y normal que tú priorices a las personas que tienen un arraigo en el territorio», sin hablar de nacionalidades. El PP recuerda además que es algo que «ya hacen los ayuntamientos de este país en muchas de las ayudas», por lo que «no es solo legal, sino justo».
Lo que sostiene Vox
«Españoles primero». Vox, sin embargo, por boca de su secretario general, Ignacio Garriga, habla claramente de que «los que vayan primeros en la cola sean los españoles». Y considera «un hito histórico» la discriminación entre españoles e inmigrantes en la planificación de las políticas sociales. «Es la primera vez que sucede en la historia política de España y será un eje estratégico tanto para el Gobierno extremeño como en futuros acuerdos», sostienen. «Los extremeños y los españoles primero», dice también, sin matices, el diputado extremeño de Vox Ángel Pelayo Gordillo. Si se entiende en su literalidad lo que sostiene Vox, eso chocaría con los artículos 13 y 14 de la Constitución española. El 14 reconoce que «los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social». Además, el artículo 14 de la ley de extranjería indica que «los extranjeros residentes tienen derecho a acceder a las prestaciones y servicios de la Seguridad Social en las mismas condiciones que los españoles» y que «los extranjeros residentes tienen derecho a los servicios y a las prestaciones sociales, tanto a las generales y básicas como a las específicas, en las mismas condiciones que los españoles». Óscar Fernández Calle, el portavoz parlamentario de Vox en Extremadura, ha sostenido en su discurso en el debate de investidura de María Guardiola en Extremadura que se defenderá «primero lo nuestro y a los nuestros» y que «Vox no va a poner la alfombra a quienes vienen a España, a Extremadura, a vivir de los demás, a saquear los servicios públicos que los españoles esperan durante meses y aún mucho menos a quienes vienen a delinquir».
¿Qué dice el pacto?
Vivienda. En el índice del pacto PP-Vox, con once puntos, figura ya en séptimo lugar el epígrafe «Seguridad, libertad y prioridad nacional». En el punto 6, dedicado a vivienda, aparece por primera vez ese término: «Se establecerá un sistema de acceso a vivienda protegida y alquiler social inspirado en el principio de prioridad nacional, adecuado a la legalidad vigente, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio». Aquí, como en todos los puntos polémicos, el PP ha introducido esa referencia a la «legalidad vigente», que excluye cualquier propuesta que vaya contra ella. Se indica en este punto que habrá una «exigencia de arraigo real y prolongado, basado en empadronamiento histórico en Extremadura», con un mínimo de 10 años para la compra y 5 años para el alquiler. Y, como criterios que evidencien la relación «efectiva y afectiva» con el territorio, se reforzarán los de «vinculación económica, social, familiar, laboral y formativa». Se valorará «con sujeción a la legalidad, la trayectoria de cotización y actividad laboral, la existencia de familiares de primer grado residiendo en Extremadura, así como cualquier otro criterio que acredite vinculación real y duradera de los solicitantes con la región».
Ayudas sociales
Prestaciones públicas. En el punto 7 se habla ya de que «el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio». De nuevo, aquí se precisa que será «adecuado a la legalidad vigente» e incluirá el establecimiento de «un período mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio». Más adelante se habla de la «exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital». Y aquí lo que se indica es que «de forma paralela, se instará la modificación de la Ley Orgánica 4/2000 y cuantas disposiciones normativas dificulten la consecución efectiva de lo anterior». El Gobierno de Extremadura, sin embargo, no tiene capacidad para modificar una ley orgánica, por lo que se queda más en una declaración de intenciones.
¿Qué sostiene el Gobierno?
Recurso contra el pacto. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado en la sesión de control al Gobierno de este miércoles que el pacto de PP y Vox en Extremadura «es una patada a la Constitución» y además «viola el principio de igualdad entre españoles». El jefe del Ejecutivo ya anunció con anterioridad que el Gobierno actuará «con toda la fuerza del Estado» para «defender los derechos y libertades de los extremeños si lo llevan a leyes autonómicas». Sánchez indicó que el intento de privilegiar a los ciudadanos españoles en la concesión de subsidios o vivienda social, como pretende Vox, representa la «involución» y «en nada representa a los ciudadanos españoles». El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, afirmó también que el Gobierno llevará al Constitucional todo lo que sea «discriminatorio y contrario a derecho» en el pacto entre PP y Vox en Extremadura. Según Bolaños, el PP y Vox «han incluido cosas absolutamente inhumanas, como por ejemplo, no dar servicios públicos a personas migrantes en situación irregular».
¿Qué defienden en Europa?
Un concepto de la extrema derecha. En Europa, ese concepto de prioridad nacional o términos similares es el que defienden formaciones de extrema derecha como Alternativa para Alemania (AfD), Reagrupación Nacional de Marine Le Pen en Francia o el partido Fratelli d'Italia, de Giorgia Meloni en Italia. En Francia, Le Pen ya incluyó en su programa en 2022 la «prioridad otorgada a los nacionales». En Alemania, AfD propone recortes a las ayudas para inmigrantes, lo mismo que el Partido de la Libertad (PVV) de Geert Wilders en los Países Bajos, bajo el lema «Primero los neerlandeses». El concepto recuerda mucho también al «América First» (América Primero) utilizado por Donald Trump en Estados Unidos. El origen de la expresión prioridad nacional está en un discurso pronunciado en 1962 por Jean-Marie Le Pen, líder del Frente Nacional. «Los franceses para el trabajo, para el alojamiento, para las ayudas sociales: preferencia nacional. Los franceses antes que los inmigrantes», dijo el entonces líder de la ultraderecha francesa. Su hija, Marine Le Pen, rescató el concepto en 2013. «Creo en la prioridad nacional. En reservar las ayudas sociales a los franceses», sostuvo.