El Congreso rechaza el decreto sobre los alquileres y evidencia la debilidad del Gobierno
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El voto en contra de Junts y la abstención del PNV ponen en cuestión la viabilidad de la legislatura, mientras Sumar exhibe sus diferencias con el PSOE
29 abr 2026 . Actualizado a las 11:27 h.El Gobierno sumó este martes una nueva derrota parlamentaria con el rechazo del Congreso al decreto que prorrogaba la prohibición de subida de los alquileres. Una medida impulsada por Sumar, que naufragó en el hemiciclo. El golpe abrió grietas en la coalición y confirmó la debilidad de un Ejecutivo en minoría, frente a un bloque cada vez más compacto de PP, Vox y Junts, que vuelven a alinear sus votos, con el PNV marcando distancias desde la abstención. El marcador registró finalmente 177 votos en contra del real decreto, 166 a favor y cinco abstenciones. La votación tuvo que demorarse por las protestas de una mujer desde la tribuna. El resultado liquida la vigencia de las medidas y deja en el aire la situación de los inquilinos que reclamaron la prórroga de sus contratos mientras estuvo en vigor.
El debate exhibió sin disimulo las costuras abiertas entre el PSOE y Sumar. «No debemos equivocarnos de adversario», advirtió el diputado socialista Ignasi Conesa ante las críticas de sus socios por no haber peleado más el apoyo de Junts, al que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, había tachado de «racista» apenas unos días antes. «Si mañana sube el precio del alquiler, será por ellos», lanzó, señalando a las bancadas del PP y de Vox.
Con el hemiciclo a medio gas y la ausencia de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, el protagonismo recayó en el titular de Consumo, Pablo Bustinduy, que elevó el tono frente a sus propios socios. Avisó al PSOE de que, si aplicara a la vivienda «la misma ambición y coherencia» que en política exterior, «estaríamos en una situación muy distinta». Defendió el decreto como una medida «razonable» y «de sentido común», capaz —dijo— de proteger a tres millones de personas, y esgrimió que el 75 % de los españoles lo respaldaba. A PP, Vox y Junts les advirtió de que esos votantes «tomarán nota» de su rechazo a la medida.
En la bancada popular, Daniel Pérez Osma devolvió el golpe responsabilizando al Ejecutivo de la escasez de vivienda. A su juicio, el decreto llegó al Congreso porque Sánchez «tenía que ceder para mantenerse en el Gobierno». «La ministra les ha dejado solos», reprochó a Sumar, a quienes acusó incluso de instar al PSOE a negociar con Vox. «Esos son sus principios», remató.
Desde Junts, Marta Madrenas criticó con dureza al Gobierno: «El primer acto de corrupción de un ministro es aceptar un cargo para el que no está preparado». Calificó el decreto de «negligencia jurídica» y de «operación de propaganda jurídicamente muy defectuosa», y acusó al Gobierno de «alergia sistemática a los propietarios» y de querer que estos paguen su «fiesta».
El PNV justificó su abstención por «razones formales y de fondo». Su diputada Maribel Vaquero criticó tanto al PP, por intentar derogar la ley de vivienda, como al Gobierno, por «enmendarla mediante decreto sin negociación». Y dejó un aviso: el abuso del decreto evidencia el fracaso de la política de vivienda ante un problema «estructural».
Carlos Hernández Quero, de Vox, atribuyó la subida de los precios a «partidos como Podemos, ERC o EH Bildu» y al propio Gobierno, al que acusó de haber generado una oferta «pírrica» de vivienda y una demanda «artificialmente inflada».
Gabriel Rufián (ERC) centró su intervención en Junts. Denunció que su única bandera es «un billete de cincuenta pavos», que exhibió desde la tribuna, y enumeró uno a uno a sus siete diputados, a los que acusó de tener «intereses empresariales», animando a la prensa a investigarlos.
En la izquierda, los reproches al PSOE marcaron el tono. Ione Belarra instó al Gobierno a «expropiar de una vez las viviendas de los fondos buitre y bancos» y lanzó una advertencia: «No se lleven las manos a la cabeza cuando caiga el Gobierno; caerá por no hacer nada» con el problema de la vivienda.
Águeda Micó, de Compromís, acusó al PSOE de «intentar que parezca que hacen algo» mientras se encomienda «al buen hacer de los rentistas». Cuestionó que Sánchez se abriera ese mismo día a «intervenir el mercado», justo cuando iba a perder la votación. «Gracias a los ministros que dan la cara. Vuestros compañeros no han estado a la altura», dijo a Sumar.
El BNG, por boca de Néstor Rego, volvió a señalar la insuficiencia del decreto y reclamó poner el parque de la Sareb al servicio de los inquilinos, reprochando al Partido Socialista una pasividad incomprensible. Más templado, Óskar Matute, de EH Bildu, evitó cargar contra el PSOE, pero dejó claro que no renuncian a su ideología en vivienda y que prefieren «defender principios aun a costa de sus propios intereses».Matute criticó a los partidos que votaron a favor de medidas similares durante la guerra de Ucrania y que este martes no las apoyaron. «Si en 2023 se podía votar una iniciativa como esta, ¿acaso ha mejorado la situación de la gente que vive de alquiler?», preguntó.
El debate se cierra mostrando las grietas en el Gobierno y también entre las filas independentistas, con ERC cuestionando a Junts y EH Bildu reprochando al PNV aliarse en la votación con la derecha del PP y Vox.
Las otras derrotas parlamentarias del iniciativas impulsadas por el Gobierno en esta legislatura
La derrota parlamentaria de Sumar, que fue quien impulsó el decreto que planteaba la prórroga de la prohibición del incremento de la renta de los alquileres, no es la primera que cosecha el socio menor de la coalición, a pesar de contar con el voto favorable del PSOE. El pasado mes de septiembre, el Congreso rechazó, también con el voto en contra de PP, Vox y Junts, la toma en consideración de la proposición de ley de Sumar para crear una Oficina de Prevención de la Corrupción. En aquella ocasión, a pesar de apoyar la propuesta, tanto los diputados de ERC como los de EH Bildu consideraron que era necesario introducir en la ley herramientas para evitar «una invasión» de las competencias autonómicas y ampliar su alcance a la Casa Real.
Solo una semana antes, el Parlamento echó abajo también la tramitación de la ley para la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, uno de los proyectos estrella de Sumar, comandado por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. En esa ocasión, fueron también los votos de PP, Vox y Junts los que impidieron que la ley llegara siquiera a tramitarse.
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La ministra de Trabajo había negociado durante meses con los sindicatos y la patronal. Se trataba de la principal promesa electoral formulada por Sumar. Se planteaban dos recortes: primero, a 38,5 horas en el año 2024 y, después, a 37,5 en el 2025. Pero la negociación se alargó y en el texto que llegó al Congreso solo se contemplaba el objetivo final, que fue rechazado. También fracasó una proposición de ley impulsada por Sumar para reconocer la nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo administración española.
Proposiciones socialistas
El Congreso rechazó la convalidación del real decreto ley con medidas urgentes para el control del cumplimiento de las obligaciones de los distintos agentes del sistema eléctrico y herramientas para reforzarlo. Unas medidas que fueron aprobadas por el Gobierno tras el apagón del 28 de abril del 2025, del que se cumple ahora un año, y que contaban con el respaldo tanto de las empresas como de las organizaciones ecologistas. En aquella ocasión, el decreto contó con 165 votos a favor y 183 en contra.
Los votos de la oposición y de parte de los socios del Gobierno rechazaron además cinco proposiciones de ley promovidas directamente por el PSOE sobre la lucha contra la prostitución, la reforma de la ley de extranjería, el testamento vital, una norma sobre vivienda acordada con el PNV y el traspaso de las competencias de inmigración a Cataluña que había pactado con Junts.