El líder de la investigación sobre la Gürtel declara que le presionaron para que no aparecieran los nombres de Rajoy o Cospedal

El investigador principal del caso Gürtel, Manuel Morocho, ha relatado en su declaración como testigo en el juicio Kitchen distintas presiones de sus superiores durante su investigación y ha afirmado: «No sabían como quitarme del medio, que en el fondo era el objetivo final». Entre estas injerencias, el investigador ha desvelado que, cuando se le encargó a principios del 2013 un informe sobre los papeles de Bárcenas con la contabilidad B del PP, se le instó a que no apareciera el nombre de Mariano Rajoy, y a que retirara de un informe los nombres de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y de su exmarido Ignacio López del Hierro.

La Audiencia Nacional ha continuado este miércoles el juicio del caso Kitchen, la presunta operación parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y sustraerle documentación que pudiera resultar incriminatoria para el PP cuando se investigaba la caja B de la formación.

El inspector de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) que investigó la contabilidad en B ha explicado que trasladó quejas por dichas injerencias por dación verbal a los distintos jueces instructores del caso Gürtel, así como por un escrito a la Fiscalía Anticorrupción.

En su declaración ha apuntado, sobre todo, al que era su jefe en la UDEF, el acusado José Luis Olivera, al que ha atribuido una «presión sistemática» y quien le ofreció un puesto en Lisboa, que él rechazó, durante un encuentro en el que este superior dijo haber cogido una llamada al respecto del exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, también en el banquillo. También intentaron que se fuera a Estados Unidos a formarse con el FBI y él alertó al juez Pablo Ruz de que intentaban «largarlo».

Y en el caso de la aparición del nombre de Rajoy, «se individualizó expresamente que esa persona no saliera», ha explicado Morocho, que también ha relatado cómo la introducción de otro nombre, el de López del Hierro, generó «desasosiego en toda la escala de mandos». «Me dijeron que estos eran unos papeles que a saber Bárcenas por qué los ha hecho, que era una ideación de Bárcenas, que no tenía ninguna verosimilitud, que a saber eso por qué él lo habrá escrito y que son, en cualquier caso, cosas de él, pero nunca de la formación política para la que trabajaba, y que la contabilidad es la que estaba reglada por el Tribunal de Cuentas y presentada entonces», ha expuesto

Un fax que habría acabado en manos de Cospedal

Según Morocho, Olivera le pidió un documento de su investigación en Gürtel que permitió identificar a L. B. como Luis Bárcenas, un fax intercambiado entre Pablo Crespo y el extesorero, y después le dijo: «Ya me he encargado yo de que lo tenga Cospedal (Dolores de Cospedal, secretaria general del PP) y lo tiene en su caja de seguridad».

«Me quedé estupefacto (...) no sabía qué decirle, sinceramente, ni por dónde me venían los tiros. Era un documento importante a los efectos de ir construyendo poco a poco la prueba (...) no sé por qué tenía que salir del ámbito de la investigación», ha explicado.

En otra ocasión, cuando el extesorero había entrado ya en prisión provisional, Olivera le pidió el teléfono de Rosalía Iglesias, a su juicio un «indicador» de que «el escenario que se estaba generando era de que iba a haber una acción en el entorno de Luis Bárcenas».

De otro de los acusados, el entonces director adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino, ha dicho que le presentó al comisario Enrique García Castaño —clave en Kitchen pero eximido en la causa por motivos de salud— y este le dijo: «Tú qué haces aquí si tenías que estar muerto». También se le pidió revisar el criterio usado hasta entonces para vincular a Luis Bárcenas con «Luis el cabrón», él informó de que no lo iba a hacer y se lo comentó al juez.

Retraso en los informes y más carga de trabajo

También ha dicho que se trató de dilatar la presentación al juez del informe sobre el exalcalde de Pozuelo Luis Sepúlveda y marido de la exministra de Sanidad Ana Mato, cuyo contenido derivó en que esta fuera juzgada y finalmente condenada como partícipe a título lucrativo.

El informe lo acabó en el 2011 y tras entregárselo a sus superiores, estos lo guardaron más de un año, hasta febrero o marzo del 2012, cuando el juez lo reclamó. Olivera le pidió copia en un «momento difícil», un cambio de ciclo político en el que había dudas sobre si iba a haber cambios.

Morocho ha detallado otras decisiones que a su juicio buscaban cargarle de trabajo, como hacer por «orden del ministro» un informe sobre las constructoras de los papeles de Bárcenas para el día siguiente, atribuirle pesquisas relacionadas con José Blanco o asignarle por año y medio a la Dirección Adjunta Operativa (DAO). Incluso ha aludido a una «mascarada» de Asuntos Internos al investigarlo por una supuesta filtración.

Según Morocho, sus superiores lanzaban entonces que él era «un elemento incontrolado en la UDEF», y eso manifestó el exministro en medios, pero aunque se opinaba que iba «por libre» él seguía autos judiciales.

Los mandos también le dijeron que trasladara al juez diligencias como pinchar teléfonos o arrestar a Bárcenas cuando se dirigía a Suiza, algo que el magistrado rechazó. «Había que tener una contención porque había maniobras que podían torpedear o dar armas para que luego se pidiera una nulidad de alguna de las pruebas», ha explicado Morocho, que cree que «había muchos intereses en atacar el procedimiento judicial». Su declaración, que se ha alargado cuatro horas, continuará este jueves. 

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