La UDEF registra la oficina de Zapatero y la empresa de sus hijas en el marco del caso Plus Ultra
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El presidente del Gobierno está imputado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el rescate de la compañía aérea
19 may 2026 . Actualizado a las 16:06 h.La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, ha registrado esta mañana la oficina del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por la Audiencia Nacional por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el rescate de la compañía aérea Plus Ultra. En concreto, se ha registrado tanto la oficina del exjefe del ejecutivo como otras tres sedes mercantiles, entre ellas las firmas de sus hijas supuestamente usadas para lavar capitales. El despacho del expresidente está situado en la calle Ferraz, muy próximo a la sede del PSOE; y las otras empresas registradas son What the fav -agencia de publicidad, propiedad de sus dos hijas-, Softgestor, dedicada a la asesoría y gestoría jurídica e Inteligencia Prospectiva. En esta última, los agentes han entregado un requerimiento de información puesto que la empresa está obras.
Las dos hijas del expresidente, Alba y Laura, junto con su abogada, han estado presentes en el registro de la sede de su empresa, a las 9.45 de esta mañana. En la sede de Inteligencia Prospectiva, los agentes han entregado un requerimiento de información puesto que la empresa está obras. Las fuentes consultadas también indican que, por orden del juez, se han entregado requerimientos de información en la Sepi.
El juez José Luis Calama rechazó el registro el domicilio particular del expresidente del Gobierno como había solicitado la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales de la Policía y la Fiscalía Anticorrupción. En su auto, el instructor argumenta que en este estadio procesal «no resulta procedente al no concurrir los presupuestos legales que establece la doctrina constitucional y de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo». En este sentido, recuerda que se exige la superación del triple juicio de proporcionalidad-idoneidad, así como de una motivación reforzada que justifique la excepcionalidad de esta medida. Calama considera que no concurren elementos que permitan afirmar que en su domicilio particular Rodríguez Zapatero pudiera conservar fuentes de prueba relevantes, por lo que el registro no puede convertirse en una actuación meramente exploratoria o prospectiva. Además, subraya que constituye un hecho público y notorio que la concesión de la ayuda pública otorgada a la Plus Ultra ?en relación con la cual se habrían ejercido presuntas conductas de tráfico de influencias?, se encuentra actualmente sometida a investigación judicial, circunstancia que, por su propia naturaleza, reduce de manera significativa la probabilidad razonable de que en el domicilio de este investigado puedan hallarse en este momento efectos del delito susceptibles de aseguramiento. «La amplia difusión mediática y la notoriedad del procedimiento judicial en curso hacen razonablemente presumible que cualquier elemento incriminatorio eventualmente existente habría sido ya retirado, destruido o trasladado, lo que debilita la proporcionalidad y necesidad de la medida restrictiva solicitada», manifiesta el magistrado.
Las investigaciones implican al también exlíder socialista en un presunto delito de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental. Los hechos se remontan al 9 de marzo del 2021, cuando el Gobierno autorizó la ayuda a la aerolínea española -fundada en el 2011 y que entre el 2017 y el 2025 tuvo capital venezolano- a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas azotadas por la pandemia, gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). En abril de 2022, el juzgado de instrucción nº 15 de Madrid inició diligencias contra el que fuera presidente en funciones de SEPI Bartolomé Lora y el consejo de administración de la entidad pública, tras una denuncia del sindicato Manos Limpias por presunta malversación.
Sin embargo, en enero del 2023 la titular del juzgado, Esperanza Collazos, sobreseyó de forma provisional la causa atendiendo al recurso presentado por la empresa, al entender que «no aparece debidamente justificada la comisión de un delito», ya que se aplicó correctamente el real decreto de medidas urgentes de apoyo a la economía y el empleo. La magistrada, con el respaldo de la Audiencia Provincial de Madrid, descartó que se cometieran delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, obtención de subvenciones o ayudas de la Administración falseando los requisitos, como sostenían las querellas presentadas por Manos Limpias, el PP y VOX.
En el 2024, Anticorrupción, junto a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, descubrió que el dinero podría haber sido utilizado para blanquear dinero proveniente de varias tramas de corrupción venezolana, por lo que pidió la reapertura del caso. Después de más de un año de investigación, en diciembre del 2025 el presidente y cofundador de Plus Ultra, Julio Martínez Sola; el consejero delegado, Roberto Roselli; un abogado y el empresario Javier Martínez Martínez fueron detenidos -y posteriormente puestos en libertad- por los agentes de la UDEF, en una operación impulsada por la Fiscalía Anticorrupción. En el marco de esta operación varios agentes de la UDEF acudieron a las oficinas centrales de la aerolínea para tratar de recabar información fiscal de la compañía, tras lo cual la jueza se inhibió en favor de la Audiencia Nacional al considerar que el asunto tiene mayores ramificaciones que las recogidas inicialmente en la querella.
Tras estas diligencias, Plus Ultra denunció a la UDEF por revelación de secretos al constatar que documentos obtenidos durante el registro de su sede en diciembre del 2025 habían sido publicados por la prensa, pese al secreto de sumario. Según la aerolínea, «es evidente que uno o más funcionarios de la UDEF, adscritos a la investigación y que tienen en su poder la documentación contable intervenida», han quebrantado el deber legal de secreto y han dado o están dando acceso a terceros a dicha información. El caso recayó sobre el juzgado central de instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, cuyo titular, José Luis Calama, ha citado el próximo 2 de junio como imputado al expresidente Rodríguez Zapatero por posibles delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y falsedad.
Las reacciones a la noticia de la imputación del expresidente Zapatero no han tardado en llegar. El PP lleva meses con Zapatero en el punto de mira por sus presuntas actividades irregulares y esta mañana ha exigido explicaciones a Sánchez por la investigación. El expresidente, que todavía no se ha pronunciado sobre su imputación, desde que se abrió la investigación ha insistido en su inocencia, asegurando que no tuvo nada que ver en el rescate de la aerolínea.