La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por cuatro presuntos delitos relacionados con la corrupción constituye la peor noticia para él mismo, para el Gobierno socialista, para la izquierda y para España, porque la investigación a un ex primer ministro de un país con ascendencia en la UE daña enormemente a nuestras instituciones.
Que España padece el problema de la corrupción y que ha afectado a los partidos de cada Gobierno la opinión pública lo sabe, porque desgraciadamente ha sido una práctica frecuente. El país está en el lejano número 17 de la Unión Europea en transparencia y limpieza, mientras otros menos desarrollados aparecen mejor colocados. El informe mundial le otorga el puesto 49, tres lugares peor que un año antes. En este apartado no tiene el Gobierno cifras de las que poder presumir.
Pero es todavía más bochornoso que un Ejecutivo que llegó al poder tras la caída de su rival por ese mismo problema no haya tenido la fortaleza interna de protegerse contra el mismo error. Quizá esa ineptitud se vuelva crítica para su estabilidad en esta época en que navega huérfano de apoyos parlamentarios. Y aún más dañadas que el Gobierno se sienten las personas de la calle que se consideran de izquierdas, porque se les hace imposible digerir la traición a sus principios.
Zapatero tiene ahora su camino más difícil, porque, aunque reclame para sí mismo el derecho a la presunción de inocencia, en estas setenta y dos horas ya ha pasado por la pena del telediario, que pone primero la sentencia y después el juicio. Pero no se puede reprochar nada al comportamiento del magistrado. Se abstuvo de interferir en la campaña electoral de Andalucía, en la que el expresidente desempeñó un papel muy activo. Tampoco parece movido por una utilización política de la Justicia, el lawfare que se sospecha en otros casos. Y la descripción de sus investigaciones, en las que Anticorrupción empleó en secreto casi año y medio, es extremadamente detallista en cantidades, implicados y operaciones.
El presidente que en su momento creó el derecho a la dependencia, impulsó las leyes contra la violencia de género, estableció el matrimonio entre personas del mismo sexo y certificó el final de ETA está hoy acusado de cuatro posibles delitos: pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad documental y tráfico de influencias. El rango máximo de penas se va a 19 años y el mínimo por estos cuatro delitos juntos puede ser de 5. Mientras tanto, la avanzada España sigue a la espera de una ley general que distinga la acción transparente de los grupos de interés (los lobis) del criminal tráfico de influencias, que es el que se hace no en beneficio del país, sino del propio enriquecimiento.
El expresidente se merece un proceso justo y rápido. Porque fuera hay un oscuro escenario, con una agresiva agitación política en las Cortes, desde algunos medios, en las redes sociales y en la calle. Quienes participen de ella deberían saber que perpetran otra forma de corrupción: la de dañar la convivencia y debilitar las instituciones de la democracia. Quienes confían en sacar rápido provecho de esta investigación, sin esperar siquiera a ver qué se demuestra en el juicio, pueden celebrar por su propio interés el clima de agitación y el aumento de la polarización preelectoral, pero el país no tiene nada de qué felicitarse.