Las comunidades del PP votaron a favor del reparto de fondos del Plan Estatal de Vivienda, pero no descartan futuros recursos al Supremo
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El montante total alcanza los 7.000 millones de euros, de los que a Galicia se le han asignado 399 millones
21 may 2026 . Actualizado a las 20:18 h.Gobierno central y comunidades autónomas se han reunido este jueves en una conferencia sectorial para aprobar el reparto ya anunciado de fondos del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que alcanza un montante total de unos 7.000 millones de euros. Las cuantías que corresponden a cada comunidad ya fueron negociadas, pero debían ser aprobadas en este encuentro, para que los primeros efectos de estas inversiones puedan empezar a desplegarse a partir de la segunda mitad de este año. Antes de arrancar la reunión, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ya avanzó que esperaba «unanimidad» entre los representantes autonómicos. Por su parte, las comunidades gobernadas por el PP adelantaron un voto favorable a la distribución de fondos, pero advirtieron que no descartan recurrir más adelante al Tribunal Supremo. Las previsiones se cumplieron y los representantes de todos los Gobiernos autonómicos presentes en la reunión dieron su visto bueno al reparto de fondos, de modo que recibirán los importes en los próximos meses.
A la salida de la reunión, la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, destacó que la Xunta «acata» el plan, pero ha insistido en que no está de acuerdo en cómo se ha elaborado el plan estatal, que considera «incompleto, insuficiente y sin consenso». «Galicia tiene que acatar este plan. No aprueba, pero lo acataremos porque necesitamos esa financiación», ha dicho, pese a asegurar que los cerca de 400 millones de euros aportados a Galicia «alcanzan para poco más de 600 viviendas al año» . Además, la conselleira consideró que el plan llega «tarde», dado que «tenía que estar operativo desde el 1 de enero» y, sin embargo, «aún no es definitivo» porque «tiene que volver a llevarse a Consejo de Ministros, volver a celebrarse otra conferencia sectorial, transferir los fondos y conveniar con las comunidades autónomas» de manera bilateral.
Para Allegue, ese «retraso» implica «un año perdido» en convocatorias de ayudas «tan importantes» como las dirigidas a comunidades de propietarios, para el alquiler y para promotores que quieran construir vivienda protegida. Además, censuró que el plan se estableció «sin consenso», viene «impuesto» y es «poco flexible», ya que «marca qué programas, qué requisitos, cómo contratar y cómo cofinanciar». La representante de la Xunta también reclamó en la conferencia sectorial que se aplique un IVA superreducido, del 4 %, a la adquisición de vivienda protegida.
Un discurso similar han tenido el resto de las comunidades gobernadas por el PP, que en los momentos previos al encuentro se expresaban por boca del consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo:« Consideramos que es un acto propagandístico del sanchismo y que lo único que pretende es condicionar a las comunidades autónomas sin solucionar realmente el problema de vivienda que tenemos todos los españoles y especialmente nuestros jóvenes», ha apuntado.
Según Rodrigo, pese a que el reparto de fondos ya ha sido negociado con las comunidades, no les gusta «cómo se ha hecho y cómo se ha configurado» el plan, por lo que han advertido de que se reservan la presentación de «futuros recursos» frente al Tribunal Supremo. Según el consejero madrileño, la iniciativa estatal se ha hecho «a espaldas de las comunidades autónomas», que se habrían enterado del plan por su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
En su opinión, debería haberse convocado una Conferencia Sectorial de Vivienda en la que «con total transparencia, haber debatido este plan y, sobre todo, haberlo aprobado», de ahí que aunque vayan a votar a favor del reparto, se reserven «la presentación de futuros recursos pertinentes en cada una de nuestras regiones» ante el Tribunal Supremo.
Otra de las cuestiones que no convencen a las comunidades del PP es que el plan incluya el principio de protección indefinida de las viviendas públicas, otorgando calificación permanente de protegidos a los inmuebles que se adquieran o promuevan con fondos del plan. Andalucía o Madrid ya llevaron esta cuestión ante el Tribunal Constitucional. «Se nos dio la razón diciendo que esto era una invasión de competencias y sin embargo ahora la ministra lo intenta hacer por la puerta de atrás a través de la aprobación de este Real Decreto», ha denunciado el madrileño.
Un plan de 7.000 millones de euros
El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 está dotado con hasta 7.000 millones de euros, lo que supone el triple que la edición anterior. El reparto, ahora aprobado, ya se había pactado con los Gobiernos autonómicos. La propuesta pasó por mantener los criterios de reparto utilizados en el anterior plan estatal. De esos cálculos, Andalucía ha salido como la comunidad con mayor dotación presupuestaria, alcanzando los 1.197 millones de euros, seguida de Madrid con 1.113 millones, y Cataluña con 1.015 millones. Galicia dispondrá en total de 399 millones, lo que supone un aumento de 293 con respecto al plan anterior.
En cuanto a la corresponsabilidad de las distintas administraciones, el Ejecutivo central aportará el 60 % de la inversión y los Gobiernos autonómicos, el otro 40 %, mientras que en la edición anterior, el aporte de las comunidades era del 25 %.