El Defensor del Pueblo abre una investigación sobre las redes sociales tras el intento de suicidio de una menor
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Pide información a varias administraciones acerca de las medidas implantadas para abordar las posibles consecuencias nocivas en niños y adolescentes por la exposición a ciertos contenidos
21 may 2026 . Actualizado a las 19:11 h.El Defensor del Pueblo abrió este jueves una investigación ante distintas administraciones públicas —en concreto, ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, el Comisionado de Salud Mental del Ministerio de Sanidad y la Fiscalía General del Estado— «para conocer qué medidas están llevando a cabo para abordar las posibles consecuencias nocivas en menores de edad por ciertos contenidos que marcan los algoritmos de las redes sociales», informó la institución a través de un comunicado.
La actuación responde a la queja de un hombre, padre de una menor con tendencia suicida expuesta constantemente a contenido autolítico en X —antes Twitter—. Tras haber denunciado sin éxito a la plataforma de Elon Musk, desde donde se le respondió que sus publicaciones eran perfectamente acordes con la legalidad, el hombre recurrió al órgano presidido por Ángel Gabilondo para manifestar su preocupación por «la vulnerabilidad» en la que se encontraban tanto su hija como, en general, su entorno familiar.
«Aunque inicialmente es el menor el que, de forma voluntaria, accede a las redes sociales buscando determinado contenido o incorporándose a grupos en los que se difunden prácticas peligrosas, posteriormente es el propio algoritmo el que detecta este comportamiento y proporciona información nociva de forma automática», señala el Defensor. Estos impactos, concluye, pueden inducir a personas vulnerables —como son aquellos que aún no han cumplido los 18 años— a conductas de riesgo que atenten contra su integridad física e incluso contra su propia vida. Los hechos denunciados podrían tener además carácter delictivo, valoran desde la institución, tal y como contemplan los artículos 143 bis y 156 ter del Código Penal.
Así, Ángel Gabilondo requiere a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones que concrete las actuaciones que está llevando a cabo —o que tenga en agenda implementar— para evitar este tipo de situaciones, en aras al interés del menor ante escenarios de peligro extremo y riesgo para la vida. La institución quiere saber además si desde este órgano, dependiente del Ministerio para la Transformación Digital, existe la posibilidad de informar sobre estas circunstancias a las propias redes sociales, con el fin de que se proceda a la supresión del contenido nocivo y al control de las publicaciones futuras.
Por otra parte, al Comisionado de Salud Mental del Ministerio de Sanidad el Defensor del Pueblo le pregunta que si los menores o sus familiares pueden recibir información inmediata o asistencia sobre el protocolo a seguir ante este tipo de situaciones; y a la Fiscalía le exige información sobre las actuaciones en relación con la aplicación de los artículos del Código Penal citados. El Ministerio Público también deberá aclarar si las tecnológicas están adoptando las medidas dictadas por los órganos judiciales.