El Gobierno veta el acceso al RETA de 47.000 mutualistas que ya cumplen requisitos para jubilarse

Ana Balseiro
Ana Balseiro MADRID / LA VOZ

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Una mujer durante una manifestación el pasado 8 de mayo del 2026 en Madrid convocada para reclamar una pasarela al RETA para los mutualistas.
Una mujer durante una manifestación el pasado 8 de mayo del 2026 en Madrid convocada para reclamar una pasarela al RETA para los mutualistas. A. Pérez Meca | EUROPAPRESS

Argumenta que el impacto presupuestario ascendería a 5.200 millones de euros

26 may 2026 . Actualizado a las 20:14 h.

La ley que permitirá a los profesionales mutualistas —abogados, procuradores, arquitectos, ingenieros o médicos— pasar definitivamente al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y ser, así, cotizantes a la Seguridad Social con todos los derechos, incluyendo la mejora de su jubilación, se aprobó este martes en la Comisión de Trabajo del Congreso, en una sesión no exenta de polémica. Y es que el Gobierno vetó la tramitación de un cambio legal propuesto por el PP y Junts que posibilitaría que los profesionales que cotizan a través de sus mutuas y que ya tienen reconocido el período mínimo para acceder a la jubilación en el sistema público (15 años), también pudieran traspasar sus derechos económicos al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Del cambio planteado en esta enmienda se habrían beneficiado 47.000 personas.

Sin embargo, la enmienda ni llegó a debatirse, ya que el Gobierno invocó su capacidad legal para impedir cualquier modificación que suponga un impacto presupuestario, ya que la modificación defendida por PP y Junts —suprimir el requisito de carecer del período mínimo para acceder a la pensión de jubilación en la Seguridad Social— tenía un coste de 5.204 millones de euros.

Del mismo modo, tampoco prosperó la transaccional de PP y Junts para mantener vivo más allá del 2028 el régimen de mutualidades. En este caso, el Ejecutivo argumentó no solo que la idea iba en contra del espíritu de la ley que desde hace más de un año espera concluir su tramitación en el Congreso y acabar con la alteridad entre mutualidades y Seguridad Social, sino que, además, tiene un coste para las arcas públicas, pues cada profesional colegiado que no pase al RETA supone unos 105.000 euros menos de ingresos en el sistema (para una carrera media de 30 años).

El Gobierno tampoco tendrá un plazo máximo de tres meses desde que la ley se apruebe para desarrollar el reglamento que desarrolle la pasarela al RETA —otra de las pretensiones de PP y Junts—. En este caso la negativa del Ejecutivo obedeció a que el plazo es insuficiente, dada la complejidad del asunto y los recursos humanos disponibles para completar este trámite.

En cualquier caso, las de PP y Junts no fueron las únicas enmiendas rechazadas. El Gobierno también impidió que se votara una de Vox en la que proponía extender la pasarela voluntaria al RETA sin ninguna limitación; es decir, que cualquiera que haya sido mutualista, independientemente de que sigan en activo o se hayan retirado ya, podrían pasarse al sistema público.

El dictamen de la proposición de ley, que beneficiará a alrededor de 120.000 profesionales mutualistas (la mitad de ellos abogados) se aprobó ayer en la comisión sin votos en contra, pero con las abstenciones de PP, Junts y Vox, ante la resistencia del Ejecutivo de aceptar sus enmiendas. La norma será sometida a votación definitiva en el pleno del Congreso el 10 de junio, para remitirse luego al Senado.