David Sánchez, la primera imagen en democracia de un familiar de un presidente en el banquillo

En medio del caos de registros e imputaciones en el PSOE, ha comenzado el juicio oral al hermano del presidente del Gobierno. David Sánchez se sienta ya en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Badajoz junto a otros once procesados, entre los que se encuentra el exsecretario general de los socialistas en Extremadura. Todos ellos tratarán de demostrar desde esta primera sesión judicial, destinada a las cuestiones previas, que el puesto que ocupó el también conocido, artísticamente, como David Azagra, no fue puesto a dedo en un cargo dentro de la Diputación Provincial y que, por tanto, no cometieron delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa.

David Sánchez, que llegaba a los juzgados a las 9.45 de este jueves, se enfrenta a un proceso que dirimirá durante la próxima semana si su contratación en el 2017 en la Diputación de Badajoz como coordinador de actividades musicales de los conservatorios cumplió todos los requisitos legales o fue un caso de presunto enchufismo por ser hermano del presidente del Gobierno.

El hermano del jefe del Ejecutivo llegaba a la Audiencia de Badajoz por la parte de atrás, en un coche del que se ha bajado despacio. Después de colocarse la americana, ha entrado en el edificio, eso sí, sin responder a las preguntas de los periodistas.

Está previsto que la primera y la segunda sesión —que se celebrará el viernes a partir de las 10.00—, centrada en las cuestiones previas, dure 4 horas aproximadamente. Ya el lunes comenzará el desfile de testigos llamados a comparecer por cada parte hasta el próximo jueves, 28 de mayo, cuando tocará la declaración de la decena de acusados, todos ellos responsables políticos vinculados entonces a la institución provincial. No obstante, el presidente del tribunal, José Antonio Patrocinio, al inicio de la jornada, abrió la puerta a que el juicio pueda alargarse más allá y acoger comparecencias hasta la semana del 15 al 19 de junio, de manera que coincidiría con la declaración del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra, elevando, con ello, la presión sobre el PSOE.

Las principales defensas solicitaron la nulidad y el sobreseimiento del caso tras arremeter contra el origen del proceso. Emilio Cortés, abogado de David Sánchez, argumentó que el delito está prescrito y que la denuncia inicial de Manos Limpias, que se forma parte de las acusaciones populares, fue «prospectiva» y basada en recortes de prensa, criticando, además, la vulneración de derechos por la incautación masiva de correos. En la misma línea, el letrado Francisco Mendoza pidió el archivo de la causa para sus defendidos argumentando que ni la fiscalía ni ninguna acusación particular sostienen los cargos actuales. Por su parte, el resto de los abogados de los 11 encausados formularon peticiones específicas para desmarcar a sus representados de la trama con pruebas documentales y testificales para demostrar que Juana Cinta Calderón, funcionaria de la Diputación provincial de Badajoz, desconocía si el puesto directivo se había creado a medida, mientras que el defensor de Elisa Muriano, exdirectora del Área de Cultura, solicitó la nulidad por indefensión, alegando que su clienta era personal laboral y que solo firmó una memoria administrativa como mero trámite. Por su parte, Juan José Torres, abogado de Gallardo, reclamó una nulidad parcial con el objetivo de retirar varios hechos del sumario.

La vista se suspendió hasta el lunes, cuando el juez resolverá sobre las cuestiones previas planteadas por las partes.

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