La ley de amnistía cumple dos años sin perdón judicial para Puigdemont
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Los líderes del 1-O siguen esperando una medida de gracia embarrancada en los tribunales
30 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.La polémica ley de amnistía por el proceso independentista catalán cumple este sábado dos años con un balance que queda lejos de las expectativas de quienes la impulsaron, el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios de investidura de Junts y Esquerra. A día de hoy jueces y tribunales han concedido un total de 403 amnistías, entre políticos, activistas y agentes del orden, casi un centenar más que el primer año; en este período han denegado 104 y están pendientes de resolución otras 157. Según la entidad secesionista Alerta Solidaria, que se ha encargado durante todo este tiempo de radiografiar la evolución de la iniciativa legislativa, hasta 1.225 manifestantes y promotores civiles de la causa separatista tenían causas penales relacionadas con el procés. Sin embargo, en la mayoría de los casos (880) la imputación de delitos acabó decayendo por el archivo de los procesos o la absolución, mientras que el resto optó por no pedirla. De los 345 manifestantes con causas abiertas, siempre según Alerta Solidaria (no hay recuentos oficiales del Ministerio de Justicia o de los órganos judiciales), hasta 181 fueron amnistiados; a otros 75 les fue denegado el perdón; 25 están a la espera de resolución y otros 64 se encuentran en fase de instrucción.
Respecto a los policías perdonados, las mismas fuentes los cifran en un total de 158, de los que 89 son agentes del Cuerpo Nacional de Policía; 62 pertenecen a la Guardia Civil, y solo siete son Mossos d'Esquadra. La organización independentista denuncia la existencia de una supuesta «doble vara de medir», al entender que para los agentes del orden la aplicación del perdón es «automática». Sin embargo, a cuatro agentes del CNP se les ha denegado el beneficio, acusados de reventar un ojo al activista Roger Español durante una protesta. Los cuatro serán juzgados en octubre, coincidiendo con el noveno aniversario de la consulta ilegal del 1-O.
El dictamen del TJUE
En cuanto a los políticos, cargos públicos y empresarios que impulsaron la intentona separatista, la ley del olvido penal fue aplicada a 64 de ellos, se les negó a 25 y 68 están pendientes de lo que dispongan otras instancias jurisdiccionales, como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), al que recurrieron varios tribunales españoles, entre ellos el Supremo. Aunque el Constitucional avaló el núcleo de la ley en junio del año pasado, ningún juez ha concedido más amnistías a dirigentes políticos en los últimos 12 meses, a la espera de lo que decida la Corte de Luxemburgo. En principio, el TJUE debería haber sentenciado ya, después de que en noviembre el abogado general apoyara la norma contradiciendo los argumentos de la propia Comisión.
Mientras tanto, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que declaró la independencia en octubre del 2017, sigue huido de la justicia española en su residencia de Waterloo (Bélgica), pendiente del veredicto de Luxemburgo. En la misma situación se encuentran sus ex consejeros Toni Comín y Lluís Puig, y otros políticos relacionados con el procés como Oriol Junqueras o Jordi Turull, inhabilitados a cargo público por malversación.
En la campaña electoral del 2024, el líder de Junts prometió volver a España con la amnistía bajo el brazo, coincidiendo con la investidura del nuevo presidente de la Generalitat, que no fue él sino su rival socialista. Hoy su futuro sigue sin estar claro, en manos del TJUE y de lo que después acabe resolviendo el Supremo, que es quien al final tendrá la última palabra.
La ley orgánica 1/2024 de amnistía «para la normalización institucional, política y social en Cataluña» fue aprobada en el Congreso el 30 de mayo del 2024 por una exigua mayoría de 177 diputados contra 172, tras el acuerdo previo alcanzado por Pedro Sánchez y sus aliados independentistas. Según el preámbulo, debía contribuir a «garantizar la convivencia dentro del Estado de derecho, y generar un contexto social, político e institucional que fomente la estabilidad económica y el progreso cultural y social tanto de Cataluña como del conjunto de España, sirviendo al mismo tiempo de base para la superación de un conflicto político». La norma entró en vigor el 11 de junio, tras la publicación en el BOE.