Los seis presuntos actos corruptos de la trama del PSOE contra fiscales y policías
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El juez detalla las líneas de investigación contra la red por tratar de desestabilizar cualquier procedimiento que afecte al partido y al Gobierno, con intentos de soborno y actuaciones para difamar y neutralizar a los agentes de la UCO
30 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.El auto del juez Santiago Pedraz en torno a la supuesta trama liderada por el exsecretario de Organización Santos Cerdán y la exfontanera del partido Leire Díez explica que el objeto de la investigación es la ejecución de una serie de actuaciones «penalmente relevantes», con el propósito principal de «desestabilizar de forma sistemática y continuada» cualquier «procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del Gobierno, gravemente afectados en ese momento por la consecutiva apertura de procedimientos judiciales en los que se investigaba a miembros del partido o de la familia del presidente del Gobierno».
Ese plan incluye «el ofrecimiento a funcionarios de la Guardia Civil, investigados y fiscales de remuneraciones o favores a cambio de información o actos contrarios al ejercicio de sus cargos» para «atacar la correcta dirección de las investigaciones en dichas causas judiciales por los magistrados instructores». Para esas acciones, Cerdán habría acordado remunerar a Leire con 4.000 euros mensuales «con cargo a los fondos del partido» con el «presumible concierto» de la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, que emitía facturas «mendaces» para transferir los fondos. Pero, además de describir con minuciosidad el modus operandi de la trama, el magistrado detalla con precisión cuáles son las actuaciones concretas que se investigan en esta causa.
Línea del fiscal Grinda
Le ofrecieron 300.000 euros. En primer lugar, sitúa la línea contra el fiscal José Grinda González. Este fiscal fue el encargado en la Audiencia Nacional de la investigación contra el empresario Javier Pérez Dolset, uno de los imputados en esta trama, que desde entonces habría intentado desprestigiarlo. El abogado también imputado Ismael Oliver, letrado del venezolano Nervis Villalobos, que también fue investigado por Grinda, intentó condicionar la actuación del fiscal. Para ello, la trama, a través del periodista Pere Rusiñol, hizo llegar al fiscal el 27 de febrero del 2025 un ofrecimiento de 300.000 euros a cambio del archivo de sus procedimientos. Según la trama, Grinda tenía «un problema con una menor».
Comandante Villalba
Pago de su defensa. La segunda línea de investigación es la que afecta al Comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba Carnerero, investigado por organización criminal, cohecho y blanqueo. Leire se reunió con él en marzo de 2025 y tras ello el comandante escribió una en la que describía que se «olvidase del pago de la nueva defensa» y que ellos «harían que recuperara la trayectoria profesional» tras la «purga que harían. A cambio, le pedían «intentar desmontar a la Guardia Civil», pasándole información de Grinda y de mandos de la UCO, declarando como testigo protegido ante la policía.
Línea del fiscal Stampa
Retorno a la fiscalía. La tercera línea afecta al fiscal Ignacio Stampa Fuente. Leire Díez y el empresario Pérez Dolset se reunieron con él el 7 de mayo del 2025, ofreciéndole su retorno a la Fiscalía Anticorrupción y la intercesión de la red corrupta en un pleito personal del fiscal. A cambio, le preguntaban por asuntos delicados sobre el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. Stampa grabó la conversación, en la que Leire dice que es «la persona que ha puesto el PSOE para ver qué hay detrás de esto». Stampa ya declaró ante el juez Arturo Zamarriego que en esa conversación hubo 12 menciones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que, según Leire, este estaba «muy preocupado» por saber quién manejaba la información de las saunas de su suegro.
Línea del capitán Sánchez
Datos sobre la UCO. La cuarta línea de investigación es la de «hidrocarburos», con el capitán Juan Sánchez Yepes. El 10 de diciembre del 2024, Leire, Pérez Dolset y el abogado Teijelo se reunieron con él. El capitán aportó «datos de la estructura interna de la UCO», reconociendo expresamente que «todo esto es secreto, estoy cometiendo un delito de revelación de secretos». A raíz de esto, el teniente coronel jefe del Departamento de Investigación Económica de la UCO, Antonio Balas, se convirtió, según el juez, en «objetivo principal del grupo». Teijelo presentó ese día a Leire como una «persona del PSOE».
Carmen Pano
50.00 euros por retractarse. La quinta línea es la de la empresaria Carmen Pano, a la que la trama ofreció 50.000 euros para modificar su declaración judicial tras haber declarado en sede policial la entrega de 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE. El ofrecimiento se habría materializado a través de la abogada Leticia de la Hoz, defensora de Koldo García.
Contra la UCO
Denuncias falsas. La sexta línea son las actuaciones «para inquietar el desenvolvimiento de la UCO» mediante la presentación de denuncias sucesivas ante la Fiscalía bajo el título de la «UCO Patriótica», impulsando «sospechas» ante la directora general de la Guardia Civil y dando pie a expedientes de información reservada. La trama habría llevado a cabo además una recopilación de datos personales de los mandos intervinientes en las investigaciones para buscar información comprometida que llevara a su neutralización».