La jueza investiga si una terapeuta familiar participó «directa o indirectamente» en la muerte del fundador de Mango

Xavi Gual BARCELONA / E. LA VOZ

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Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, Isak Andic, llega a los tribunales escoltado por la policía.
Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, Isak Andic, llega a los tribunales escoltado por la policía. Albert Gea | REUTERS

El primogénito de Isak Andic es el principal sospechoso del fatídico desenlace ocurrido en diciembre del 2024

04 jun 2026 . Actualizado a las 08:57 h.

La sombra de la sospecha se alarga en el caso de la muerte del fundador de Mango. La jueza de Martorell que instruye la causa y que decretó la libertad bajo fianza del hijo de Isak Andic como presunto homicida, cree que podría haber una tercera persona involucrada en el trágico final del empresario turco, ocurrido en diciembre del 2024 al caer por un barranco cuando paseaba a solas con su hijo en Montserrat. En una nueva interlocutoria, la magistrada Raquel Nieto ha ordenado a los Mossos que investiguen «la existencia de una tercera persona que directa o indirectamente participara en los hechos». En concreto, apunta a la psicoterapeuta que atendió a la familia Andic y que, supuestamente, habría intermediado en favor de las demandas del primogénito, que ansiaba recibir una «herencia en vida» de su padre, y acabar así con las disputas entre ambos. La magistrada quiere saber «los actos y llamadas de Jonathan Andic en el momento de los hechos, a quién llamó después del suceso, la premeditación de la acción criminal con alguna persona, la existencia de una tercera persona que directa o indirectamente participara en los hechos, si la psicóloga [J. L.] ha tenido alguna implicación en los hechos». En definitiva, si esta persona pudo influir sobre la «participación activa, premeditada y preparada» del acusado. La psicóloga ya declaró ante los Mossos como testigo hace unos meses. En las sesiones de terapia (en las que participaron también otros miembros de la familia), Jonathan habría planteado su necesidad de recibir una «herencia en vida». En el auto de prisión consta que la terapeuta «incitó» a Isak Andic a acceder a esa petición para «continuar teniendo relación con su hijo».

Además, la instructora del caso también ha solicitado a las compañías telefónicas el registro de llamadas y mensajes realizados desde el teléfono del primogénito durante el viaje que este realizó a Quito (Ecuador), y que le fue hurtado en plena calle, según declaró él mismo. La visita relámpago al país andino la llevó a cabo entre el 21 y el 26 de marzo del 2025, tres meses después de la muerte de su padre. Nieto subraya en este punto que «la fecha de la desaparición del antiguo terminal coincide con la información dada por los medios de comunicación sobre la reapertura» del caso y las sospechas sobre el hijo mayor. Los investigadores de la policía autonómica sospechan que Jonathan se deshizo de su iPhone 14 con el único propósito de borrar pistas y que el aparato ni siquiera llegó a activarse en Ecuador, algo que niega la defensa, que asegura disponer de un documento con el registro de llamadas que probaría lo contrario.

El móvil económico

El auto de prisión provisional acordado el pasado 19 de mayo se sostiene sobre siete indicios incriminatorios. Y el séptimo es precisamente la mala relación que mantenían padre e hijo. Pese a que Jonathan declaró que era una relación «sin desavenencias», a través de los mensajes de WhatsApp que los investigadores encontraron en el móvil del fallecido «se demuestra lo contrario, siendo el motivo principal de dicha mala relación la obsesión que el señor J. A. tiene por el dinero, hasta el punto de pedirle una herencia en vida».

En esos mensajes, el presunto parricida habría verbalizado «sentir odio, rencor, ideas de muerte, y culpabilizar de su situación a su padre; encontrar una solución única para recibir la herencia en vida, o que la figura del padre deje de existir de pensamiento o en vida». Jonathan Andic se encuentra en libertad bajo fianza de un millón de euros, acusado de un delito de homicidio penado con entre 10 y 15 años de prisión.