La fiscala rebaja a tres años la petición de pena para Granados por el caso Púnica
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Considera al exconsejero del PP la cabeza de toda la trama de adjudicaciones
05 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.Nuevo giro en el juicio por el caso Púnica. La fiscala del caso rebajó ayer de seis a tres años la petición de pena para el exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid durante el mandato de Esperanza Aguirre, el popular Francisco Granados, por supuestos delitos de prevaricación administrativa y fraude en contrataciones públicas.
En la reanudación del juicio por las adjudicaciones irregulares en contratos para fiestas por parte de Waiter Music entre el 2004 y el 2013, la acusación volvió a referirse a los cargos que se les imputan a los seis exalcaldes del Partido Popular que participaron de las irregularidades contractuales de dicha compañía. Para Granados, a quien la Fiscalía considera aún la cabeza de la trama por sus vínculos con el dueño de la compañía antes mencionada, José Luis Huerta, hubo un cambio significativo. Al ex número dos del PP con Esperanza Aguirre se le retiraron los cargos con respecto a los delitos relacionados con las adjudicaciones en el Ayuntamiento de Ciempozuelos, por lo que su pena solicitada se rebajó de seis a tres años. Los cargos como figura central de Púnica, bautizada en su nombre, siguen vigentes.
Ciempozuelos es la punta del iceberg. Para el ministerio público, queda acreditado que Francisco Granados, durante su etapa como alcalde de Valdemoro, así como de otros municipios y en la Comunidad de Madrid, utilizó su relación con Heredia y su influencia política para persuadir a al menos seis alcaldes de localidades madrileñas que contrataran los servicios de Waiter Music para cobrar mordidas o favores políticos.
Más correcciones
La fiscala dejó así constancia de que proseguirá con la acusación a Granados, pero no se olvidó de los otros implicados de Púnica. Conservó la petición de cuatro años y diez meses de prisión para el exalcalde de Valdemoro José Carlos Boza. Por otro lado, la pena de dos años y ocho meses es la reclamada para José Miguel Moreno, exregidor de esa misma localidad, y para los exalcaldes de Ciempozuelos Ángeles Herrera; de Moraleja de Enmedio Carlos Alberto Estrada; y de Móstoles Esteban Parro. También pidió ocho años de inhabilitación para el exregidor de Móstoles Daniel Ortiz. Todos ellos del Partido Popular.
No solo los alcaldes de los mencionados municipios vieron sus penas revisadas. También lo hicieron las de sus subordinados. La fiscala también pidió dos años de prisión para «los exjefes de Gabinete de la alcaldía de Valdemoro Carmen B. S. y Alfredo O. L.; el ex teniente de alcalde de Algete David Erguido, y el exfuncionario Lorenzo T. C., además del exconcejal de Ciempozuelos Rafael Marín», tal y como recoge Efe. Igualmente, reclamó ocho años de inhabilitación para Ricardo Godino, el exconcejal de Moraleja de Enmedio que ya confesó de forma tardía en la vista, y para la exdirectora de la Fundación Arpegio de la Comunidad de Madrid Carmen Plata.
Las defensas también hicieron sus solicitudes para que esas penas no lleguen a ejecutarse. Los abogados de los acusados pidieron la absolución de sus respectivos clientes y, en caso de quedar condenados, que se les aplique el atenuante de dilaciones indebidas. El único letrado que quedó al margen de dicha petición fue el de Godino. La defensa de este exdirigente planeó una estrategia colaborativa con la Justicia, así que pidió en consecuencia una reducción de la pena.
Francisco Granados insistió en su inocencia, una vez más.