La importación de tantas toneladas de cocaína y el tráfico de fusiles y armas automáticas afecta a la salud pública comunitaria, su seguridad ciudadana y fronteras sin que Bruselas diseñe un plan conjunto a la altura del conflicto
09 jun 2026 . Actualizado a las 08:45 h.La estadística demuestra que cualquier gramo de cocaína esnifado en París, Viena, Berlín o Zúrich pudo desembarcar en Europa por las costas de Huelva y Cádiz. Arsenales de AK-47, AK-52 o pistolas automáticas que fluyen desde Europa del Este acaban vendiéndose a 5.000 euros el hierro en el sur de España para proteger alijos en el mismo tramo de la costa andaluza. Las ganancias millonarias generadas por la venta industrial de cocaína descargada entre los ríos Guadiana y Guadalquivir sirven igualmente para que organizaciones como la Mocro Maffia, asentada principalmente en Bélgica y muy activa en el Estrecho, se considere capaz de amenazar de muerte a los últimos primeros ministros del país o a la Casa Real. Pero el ruido de los motores fueraborda, las muertes de agentes policiales en acto de servicio y los cada vez más grandes alijos decomisados en el sur de España concentran el foco en esta zona, aparentando ser una casuística regional o nacional, a la vez que diluyen el fondo real de un problema de seguridad ciudadana, salud pública y fronteras que afecta por igual a la Unión Europea.
Los actores policiales y judiciales implicados en la lucha contra el narco en Andalucía tienen claro que la solución para, al menos contener la situación actual, pasa por una mayor implicación de la Unión Europea; ya sea en forma de más dinero para costear el aumento de los medios humanos y materiales, mejor tecnología y promover una legislación común que no genere santuarios. Ocurrió en Portugal desde el 2018, cuando España aprobó la ilegalización de las narcolanchas. Hasta el mes pasado, que el país vecino dio luz verde a la misma legislación, Portugal fue el escondite perfecto y cercano para seguir construyendo y transportando bajo el amparo de la ley los medios de transporte que sostienen el negocio.
Proyecto empact
Fórmula actual. De ahí que la demanda de jueces, fiscales y agentes consultados por La Voz en Andalucía y Madrid vaya mucho más allá de la fórmula vigente de ayuda comunitaria; bautizada proyecto Empact e impulsada por la Unión Europea a través de la Plataforma Multidisciplinar contra Amenazas Criminales. Aporta ayudas de 20.000 o 30.000 euros a investigaciones concretas con dos o más países relacionados. Por ejemplo: una trama que mete cocaína por Huelva y acaba en Marsella. Al demostrarse la relación entre ambas naciones, se concede la citada ayuda.
Gustavo es responsable del Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (GRECO) en Huelva de la UDYCO Central de la Policía Nacional. Ocupa el asiento de copiloto en un todoterreno oscuro, sin rotular. Le acompaña, al volante, el inspector Samuel. La experiencia les dice que los grupos operativos de 12 agentes resultan suficientes. Atraviesan el pueblo de Villablanca para adentrarse 20 kilómetros río adentro en el Guadiana.
La realidad sobre el asfalto, o recorriendo el laberinto de pistas polvorientas a orillas de este río solo aptas para potentes todoterrenos de alga gama, está a años luz de la burocracia en Bruselas. Incluso del Consejo de Ministros en Madrid, que sigue sin dimensionar el narcotráfico en España en general, y en Huelva en particular, a la altura de la gravedad actual.
El grupo de Gustavo y Samuel incautó 125.000 litros de combustible para narcolanchas y 12.000 kilos de cocaína desde enero. En Galicia, hubo años que no se alcanzó ni de lejos esa cifra en doce meses. Cinco de esas toneladas cayeron en abril e implicaron el mayor alijo de la historia en la provincia. El año pasado, se desmanteló una trama que simboliza el hilo conductor del narcotráfico en la zona entre Huelva y Dubái. Cayó uno de los líderes, Manolito, hijo del jefe de la Policía Local de Lepe. También se identificó al líder, Teddy, nacido en Francia, que logró fugarse para ocultarse desde entonces en la ciudad de los Emiratos Árabes, refugio de los dueños reales de la mercancía que ambos colaban por el Guadiana.
Categorías
Salariales. Gustavo y Samuel conocen al dedillo a las organizaciones, su reparto por territorios, métodos y sueldos: «Cobran el 30 % de la mercancía que meten, es lo estipulado. Cada descarga cuesta hasta 1,5 millones de euros. Sabemos que se han pagado hasta siete u ocho millones por organizar tres o cuatro descargas», explica Gustavo, que desgrana la tabla salarial del gremio: «El punto [en el argot, persona apostada en un lugar fijo para vigilar] se lleva hasta 1.500 euros. Hay organizaciones que contratan a 100 o más puntos para vigilar. Es imposible acercarse sin ser detectado. El piloto de la lancha se lleva hasta 50.000 euros;, el tripulante [gepeto, en el argot porque supervisa el GPS en la travesía], 25.000, y cada conductor de todoterreno, 15.000».
La escala salarial se completa con una figura que condensa la gran particularidad del narcotráfico marítimo en Huelva e implica la contratación de un segundo piloto únicamente para introducir la goma [en el argot, narcolancha] en tierra. «Cobran 30.000 euros solo por el último tramo, pero son muy necesarios porque son de la zona y conocen las particularidades de la costa», añade Samuel mostrando un mapa del litoral: «Las rías se bifurcan en incontables afluentes, canales, marismas y fango que hay que conocer para no embarrancar al bajar la marea y quedar atrapado hasta que vuelva a subir el nivel de agua. Es cierto que han contratado a pilotos de Galicia o de fuera para las travesías largas, cada vez menos, pero para ese tramo final necesitas a gente local».
El basto terreno virgen de ladrillo en el litoral y su interior más próximo es otro activo para las organizaciones contratadas para introducir alijos. La experiencia policial aporta un mapa delictivo detallado: «Tienen sus líneas fronterizas. Dicen ‘‘hasta aquí llegas tú, y a partir de aquí voy yo’’. Se respetan entre ellos para que todo el mundo gane [detallan en el GRECO Huelva]. Las organizaciones de Ayamonte suelen meter mucho por el Guadiana y llegan hasta Isla Cristina. Desde Isla Cristina, hay organizaciones de Lepe que meten por el río Piedras hasta El Rompido. Luego, las organizaciones de Huelva meten la zona de Punta Umbría. Y en Matalascañas meten organizaciones de Almonte y el Rocío. Lo tienen parcelado, con guarderías [almacenes para alijar, en el argot], conocen los caminos, los caños, conocen todo al dedillo».
Clanes por territorios
Contexto sociológico. El conocimiento del terreno es consecuencia de ser de la zona y haber conocido el narcotráfico desde la infancia. Son clanes que arrastran varias generaciones traficando con hachís. Abuelos, tíos, sobrinos e hijos acumulan detenciones y condenas. Los Chuchos reinan en la zona de Punta Umbría; Ayamonte es de los Culimacos, Panchos, Marrufo y Ferramache. Isla Cristina, de los Netos, y Huelva, de Yeyo y Justo. Lepe, hasta su entrada en prisión el año pasado, lo copaba Manolito. «Existe un problema de fondo, casi sociológico. No se considera delito el tráfico de hachís, y así han crecido. Tienen protección en la calle, algunos pagan orquestas, se consideran una especie de Robin Hood. El gran problema es que casi todos estos grupos, y otros nuevos, se han pasado a la cocaína desde hace cuatro o tres años. Eso lo empeoró todo», explica Gustavo en una finca bañada por el Guadiana, a 33 grados sin aire que aplaque el calor, a la vez que reclama prudencia al pisar.
«Hacen agujeros profundos en el suelo para esconderse por si aparecemos. Se pasan un día ahí sin moverse, sin agua, comida. Si pisas uno te dejas la pierna», advierte mientras señala una vivienda a lo lejos que se alquila para eventos. «Puedes reservarla en Booking dos días, apenas cuesta, y tiene acceso al río. Por ahí ya metieron varias veces. También pagan al dueño de una finca con galpón y acceso al río por 50.000 euros la noche. Luego sacan la mercancía valiéndose de lo puntos que vigilan las pistas y accesos. Nada se mueve sin que se enteren. Solo están ellos y nosotros, y si ven un coche que no es suyo, ya saben qué les espera».
Alfredo Flores, fiscal jefe en Huelva: «Tardar ocho años para un fallo firme es propio de un sistema fracasado»
Treinta y cinco años de trayectoria como fiscal en la provincia de Huelva aportan la perspectiva de la evolución delictiva en una provincia desbordada actualmente por la alianza entre organizaciones locales y extranjeras para introducir toneladas de cocaína. Alfredo Flores, fiscal jefe en Huelva, explica cómo se ha llegado a la situación actual, y qué se pide sin éxito a los ministerios implicados, Justicia e Interior, para al menos contener la deriva actual y garantizar la integridad de los funcionarios policiales.
—¿Cómo ha evolucionado la delincuencia según su experiencia?
—Ha cambiado totalmente. Hoy todo se mueve a través de Internet, lo que ha facilitado una criminalidad altamente organizada apoyada en esa tecnología que antes no existía y focalizado en drogas de altísimo valor y, en consecuencia, extremadamente violento para lograr proteger la mercancía a toda costa.
—¿La Fiscalía de Huelva está dotada para responder al crimen organizado actual?
—Siendo sinceros, nuestra plantilla ha aumentado muy poco. Cuando asumí la jefatura provincial se crearon dos plazas de refuerzo, el año pasado sumamos otra, y en la ampliación de plantilla nacional actual hemos presentado alegaciones para poder conseguir al menos dos incorporaciones adicionales. Pero el verdadero déficit se encuentra en el modelo procesal actual. Nos pasamos los días parcheando. Necesitamos con carácter urgente instaurar un modelo procesal penal claro y fundamentado en una ley realmente moderna.
—¿Se refiere a la autorización de técnicas policiales?
—Exactamente. La criminalidad tan organizada de hoy en día no se puede combatir con los mismos mecanismos de la delincuencia ordinaria. Aunque en 2015 se aprobaron modificaciones importantes para medios tecnológicos y agentes encubiertos, nuestra operatividad sigue anclada en una Ley de Enjuiciamiento Criminal decimonónica y obsoleta. Reclamamos legislación nueva para agilizar la autorización de técnicas policiales acordes a la sofisticación de las actuales organizaciones delictivas en la zona. Ahora mismo, existe una desproporción inmensa y palpable de medios entre los narcotraficantes y nuestras mermadas fuerzas de seguridad.
—Sobre la violencia del narco, ¿deben revisarse los mecanismos de autodefensa policiales en tierra y mar?
—Desde luego, porque las fuerzas de seguridad nos trasladan habitualmente que corren un grave riesgo vital que hace diez años no existía. La legislación que enmarca el uso de armas de fuego policiales es antiquísima, del año 1986. Ante bandas tan preparadas, hay que darle una vuelta a los mecanismos legales que dictan la proporcionalidad y garantizan la autodefensa en el agua. Hay que sentarse y preguntar al agente que está jugándose la vida a pie de calle qué herramientas necesita verdaderamente para defenderse.
—Tras las dos últimas muertes de funcionarios en acto de servicio en alta mar persiguiendo a narcos, ¿se valora abrir fuego disuasorio contra los perseguidos?
—La realidad es muy distinta a las películas. Disparar desde un helicóptero en marcha al motor de una embarcación es extremadamente arriesgado. Un mal movimiento o un rebote de bala podría causar una tragedia mayor entre los nuestros. El ideal de un buen profesional es jubilarse sin haber tenido que sacar el arma de la funda, porque saben que usarla, aunque esté justificado, es traumático. Es un ámbito de seguridad que corresponde al Ministerio del Interior, pero no es tan sencillo como situar tiradores de élite en helicópteros; ellos mismos te dirán que su labor requiere precisión desde un sitio camuflado, no el movimiento de una aeronave.
—¿El narco ha superado al Estado en Huelva?
—No vamos camino de ser una narcocosta, pero la prudencia obliga a que no nos descuidemos ni un instante. El mayor peligro del crimen organizado radica en su aspiración de infiltrarse institucionalmente, aunque por ahora nosotros solo tenemos constancia de infiltraciones muy puntuales en ciertas esferas policiales. Tampoco percibo, pese al gran movimiento de lanchas que aprovechan nuestra extensa costa virgen, que la economía local de la comarca esté dopada por el dinero del narco.
—Habla del flujo financiero, ¿por qué apenas hay sentencias firmes que extirpen esos patrimonios millonarios?
—Es un terreno muy complicado. Los compañeros llevan años trabajando intensamente el tema del blanqueo porque sabemos que es el ABC para hacerles daño. De nada sirve una condena de prisión de cuatro o cinco años si al salir mantienen su patrimonio intacto. En el tema del blanqueo estamos ante una actividad incipiente y nos falta callo y experiencia acumulada, ya que empezamos a explotar esta vía hace relativamente poco tiempo. Trabajamos intensamente en perfeccionar las investigaciones patrimoniales para revertir esta situación de raíz.
—¿Cuántos años tarda el sistema judicial en Huelva en dictar una sentencia firme contra estas organizaciones?
—Siendo muy optimistas e imaginando que conseguimos celebrar el juicio inicial en la Audiencia Provincial en unos cuatro o cinco años, vamos bastante bien. A esa larga espera agréguele los posteriores recursos de apelación en el Tribunal Superior de Justicia y la posterior instancia ante el Tribunal Supremo, sumando fácilmente otros tres años. Es decir, que yendo todo de manera inusualmente rápida, nos movemos en un margen burocrático de unos ocho años para conseguir firmeza. Para mí tardar ocho años para una fallo firme es propio de un sistema fracasado. Los jueces sufren muchísima sobrecarga, por eso respaldamos totalmente que la Audiencia Nacional haya solicitado asumir de oficio los grandes casos de narcotráfico para restar colapso a nuestros desbordados tribunales de instancia territoriales.
—¿Existe un sentimiento de frustración y abandono del Estado, desde Madrid, en las plantillas judiciales y policiales?
—Sinceramente no detecto desánimo o desgana. Los he visto evidentemente dolidos y muy emocionados, porque es un dolor inmenso e irreparable el causado por las muertes de funcionarios policiales haciendo su trabajo. Sin embargo, esto supone de forma simultánea un acicate en su labor.
—¿Cómo valora la situación en un plazo de tres años?
—Soy una persona optimista derivada de la constancia, pero siendo realista sé perfectamente que no vamos a liquidar de raíz al narcotráfico en el corto ni en el medio plazo. Nuestro éxito actual consiste en asfixiarles logísticamente para que la rentabilidad de las redes se desplome. A largo plazo sí seré optimista si logramos como país que la ciudadanía alcance una sólida conciencia de repudio moral ante cualquier forma de banalización de las drogas y sus entramados delictivos.