Crisis política en Francia por el asesinato de una niña a manos de un presunto pedófilo en libertad
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El sospechoso del crimen y de varias violaciones a menores nunca fue interrogado, lo que Macron calificó de «inaceptable»
10 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.En Francia crece la indignación por las disfunciones que ha puesto de relieve en materia de justicia y seguridad el asesinato de Lyhanna, una niña de 11 años, desaparecida el 29 de mayo y cuyo cadáver apareció seis días después en un silo en Fleurance, en el suroeste de Francia. Sobre el principal sospechoso, Jérôme Barella, pesaban varias denuncias por violación de menores e informes sobre su comportamiento alarmante, pero nunca fue interrogado por la Justicia ni se contrastaron entre sí esas denuncias.
Además, este drama se suma a otros escándalos recientes, como el de los monitores de actividades extraescolares de los colegios públicos que gestiona el Ayuntamiento de París, donde a pesar de las denuncias de los padres se ha tardado cinco años en tomar las primeras medidas, y en lo que va de año se ha suspendido a 132 monitores de los que 52 son sospechosos de violencias sexuales sobre los niños que cuidaban durante las actividades extraescolares.
Pero ha sido el caso de Lyhanna el que ha obligado a Emmanuel Macron a admitir disfunciones «inaceptables». Según él se puede solucionar con «firmeza, organización y responsabilidad», pero no quiere oír hablar de «falta de medios».
Réplica de la familia de Lyhanna
Sin embargo, los padres de Lyhanna no están de acuerdo con el presidente de la República, y así lo han hecho saber a través de su abogado, François Roujou de Boubée, quien ha indicado que la familia «desea reflexionar sobre las verdaderas responsabilidades, los recursos que se destinan a la Justicia y su eficacia» y, dirigiéndose a Macron, añadió: «Sí, señor presidente, ese es el verdadero meollo del problema».
Ante la alarma creada, el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, ha ordenado a los fiscales generales que pasen revista antes del 14 de julio a las 70.000 denuncias en las que están afectados niños, y este martes compareció ante el Senado junto al ministro del Interior, Laurent Nuñez, para responder a las numerosas cuestiones de los parlamentarios sobre las disfunciones del Estado en la instrucción de este dosier.
«Lo que nos hace falta no es una ley, ni más medios, sino la priorización de las denuncias por violación», argumentó Darmanin. Y a los que piden su dimisión, el ministro les recordó que desde que asumió la cartera pidió que se priorizaran los casos de violencias físicas o sexuales sobre menores en una circular fechada el 27 de enero del 2025. «Nuestra dificultad es que, a pesar de una denuncia presentada en agosto del 2025 [contra Barella], acompañada de un certificado médico que acredita la violación de la menor, una audiencia con un perito y un sospechoso identificado, resulta incomprensible que nueve meses después la persona todavía no haya sido detenida y sus teléfonos no hayan sido incautados», dijo el ministro este martes.
Esta denuncia fue presentada por la madre de Rosa, una niña nacida en el 2014 y que habría sido víctima de múltiples violaciones por parte de Barella entre septiembre del 2024 y mayo del 2025 en el domicilio del sospechoso. Ayer anunció que va a presentar una denuncia contra el Estado por «negligencia grave», y otra contra los investigadores y magistrados que han intervenido en el caso, por «poner en peligro la vida de otras personas» y por «omisión de auxilio».