Un exdirigente del PP de Almería rechaza declarar en el caso de las mascarillas

La Voz REDACCIÓN / AGENCIAS

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El exvicepresidente segundo de la Diputación de Almería Fernando Giménez (d) tras su salida de la Ciudad de la Justicia de Almería junto con su abogado José Luis Labraca (i).
El exvicepresidente segundo de la Diputación de Almería Fernando Giménez (d) tras su salida de la Ciudad de la Justicia de Almería junto con su abogado José Luis Labraca (i). EUROPA PRESS | EUROPAPRESS

Se acogió a su derecho de no declarar ante el juez y rechazó hacer valoraciones sobre el procedimiento

12 jun 2026 . Actualizado a las 20:56 h.

El exvicepresidente de la Diputación Provincial de Almería Fernando Giménez se ha acogido este viernes a su derecho a no declarar ante el magistrado que instruye el caso de las mascarillas, que investiga supuestas mordidas en la compra de material sanitario y en adjudicaciones de obras por la corporación provincial de Almería.

A pesar de que su turno de comparecencia estaba fijado en último lugar dentro del calendario de citaciones previsto para este viernes, Giménez ha llegado a la sede judicial a primera hora de la mañana y rechazó hacer valoraciones sobre el procedimiento, limitándose a expresar su tranquilidad.

Junto a Giménez, la jornada estuvo marcada por las comparecencias de otros cuatro investigados, citados por su vinculación como socios o administradores temporales de OYC Servicios Urbanos, una de las mercantiles sobre las que se asienta la presunta trama de amaños y comisiones ilícitas, que solo respondieron a las preguntas de sus defensas para negar ser los testaferros de la empresa.

Según han apuntado a EFE fuentes judiciales, estos cuatro empresarios, afincados en la comarca del Almanzora -con estrechos vínculos personales con el exalcalde de Fines (Almería), Rodrigo Sánchez, y su hijo, Rodrigo S. L.- han seguido la misma estrategia procesal y han optado por responder única y exclusivamente a las preguntas formuladas por su defensa, ejercida por un mismo letrado para todos. Además, han asegurado ante el juez que su entrada en la sociedad OYC respondía a una operación mercantil lícita orientada a ganar dinero, que desembolsaron sus propios fondos para la adquisición de acciones o la constitución de la firma y que ejercieron sus cargos directivos de manera real y efectiva.

A la salida de la sesión, uno de los abogados de la acusación popular que ejerce el PSOE, Javier Salvador, ha subrayado que esta jornada se centraba en la parte «más societaria de la causa», tratando de esclarecer la continua rotación de cargos dentro de una sociedad en la que, según ha valorado, «parece que nadie sabía ni qué construía, ni qué hacía, ni a qué se dedicaba».