La Mesa impide que el Congreso vote la petición del PP y Junts de ir a las urnas
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La mayoría de PSOE y Sumar bloquea la iniciativa para un adelanto electoral
17 jun 2026 . Actualizado a las 11:12 h.Pedro Sánchez parece dispuesto a resistir hasta el final, aunque su posición sea cada día más insostenible. Al margen de los juzgados, el principal teatro de operaciones es hoy el Congreso, donde se libra una cruenta batalla entre la precaria minoría de izquierdas que sostiene como puede al Gobierno de PSOE y Sumar, y la mayoría conservadora liderada por PP y Vox, en la que Junts y, en menor medida, el PNV, tratan de buscar acomodo. Este martes, el grupo parlamentario de Carles Puigdemont sorprendió a todos con la presentación en el Registro de una enmienda a una moción del PP en la que propone a la Cámara exigir a Pedro Sánchez la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones.
La propuesta de los populares, registrada minutos antes que la de Junts, conmina al Gobierno «a reconocer que la legislatura actual ha llegado a su fin, debido a la situación de bloqueo político que atraviesa, y a actuar con la máxima responsabilidad institucional, devolviendo la palabra a los ciudadanos a través de la convocatoria de elecciones». Con los votos de PP, Vox, Junts y UPN, el texto habría salido adelante al contar con una mayoría holgada del hemiciclo en la votación prevista para este jueves.
Y así habría sido de no mediar la Mesa del Congreso. Con cinco representantes del Gobierno frente a cuatro de la oposición, el órgano que preside la socialista Francina Armengol tumbó la iniciativa de PP y Junts bajo el pretexto de que lo que piden es competencia exclusiva del jefe del Ejecutivo, y no del legislativo. Ni siquiera pidió un informe a los letrados de la Cámara, como sí hizo hace año y medio con otra propuesta similar de Junts para que Sánchez se sometiera a una moción de confianza. «En virtud de lo estipulado respecto a la prerrogativa exclusiva de la figura de la cuestión de confianza regulada en el artículo 112 de la Constitución, [la Mesa] ha inadmitido las enmiendas presentadas este mediodía por los grupos parlamentarios PP y Junts», alegaron fuentes de la Mesa.
Más expeditivo fue el portavoz del PSOE, Patxi López: «Eso no se vota; convocar elecciones depende del presidente, no del PP, ni de Junts, ni del Congreso». La ministra portavoz, Elma Saiz, llegó a decir que «este Gobierno tiene una hoja de servicios intachable», por lo que seguirán «con la mirada puesta en el 2027 y más allá».
En cambio, el PP tildó la maniobra de la Mesa de «arbitraria y cobarde», anunció que la recurrirán y acusó a Armengol de «trabajar para Pedro Sánchez». Según la portavoz parlamentaria Ester Muñoz, la decisión «acredita» que el PSOE «tiene miedo a que este Parlamento vote», lo que demuestra, en su opinión, que «la legislatura está muerta». En cualquier caso, dio por seguro que habrá votación en el Congreso, que la moción de su partido es una «cuestión de confianza de facto» para Pedro Sánchez, y que si la pierde no tendrá más remedio que convocar elecciones.
En Junts también dan por seguro que, de una forma u otra, habrá votación en el Congreso. Según su portavoz adjunto, Josep Maria Cruset, diga lo que diga el texto que finalmente se someta a votación en el pleno, su partido votará a favor de que se exija a Sánchez el adelanto electoral.
Una moción, cuatro puntos
La moción del PP es consecuencia de la interpelación urgente realizada al vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, hace una semana. Se articula en cuatro puntos, al que se sumó la exigencia de elecciones generales. El primero cuestiona la «anomalía» que supone no haber aprobado Presupuestos ni celebrado un Debate del Estado de la Nación en toda la legislatura. El segundo punto destaca el «bloqueo político en el que se ha instalado la actual legislatura», con unas Cortes Generales que han aprobado «el menor número de iniciativas legislativas en 33 meses de todas las legislaturas del actual período democrático».
Además, subraya la «necesidad de que el Gobierno y su presidente asuman la responsabilidad política» por «los múltiples casos de presunta corrupción». Y, en cuarto lugar, insta al Gobierno a «depurar responsabilidades» por el caso Leire Díez, una «operación» para «entorpecer» las investigaciones judiciales y policiales en curso.