El juez dice que Zapatero «no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad» que pesan sobre él
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Calama decide no retirarle el pasaporte porque no ve un riesgo de fuga «real». Zapatero ha declarado en la Audiencia Nacional durante tres horas
17 jun 2026 . Actualizado a las 18:54 h.José Luis Rodríguez Zapatero salió este miércoles del juzgado tras más de tres horas de declaración sin que el juez José Luis Calama le impusiera ninguna medida cautelar. Tanto el PP, que diirge las acusaciones populares, como Ciudadanos y la Fiscalía Anticorrupción solicitaron al magistrado que se le retirara el pasaporte, se le impusiera la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado. El resto de las organizaciones que ejercen la acusación popular, entre ellas la asociación católica Hazte Oír, Vox, Liberum e Iustitia Europa, habían pedido al PP que solicitara el ingreso en prisión preventiva.
Calama, sin embargo, decidió finalmente no imponer ninguna medida al expresidente del Gobierno. En su auto, el juez explica que la adopción de una medida cautelar exige siempre «un juicio especialmente riguroso» porque supone una «restricción anticipada de derechos fundamentales» que solo puede justificarse «si concurren indicios de criminalidad y un riesgo procesal acreditado». Calama señala, sin embargo, que la declaración de Zapatero «no ha desvirtuado los indicios racionales de criminalidad que derivan de diversas fuentes de prueba»
Indicios racionales
Entre esos indicios racionales el juez cita el contenido de los dispositivos intervenidos en las distintas entradas y registros autorizados en esta causa, así como «la trazabilidad de diversas transferencias entre las cuentas bancarias de José Luis Rodríguez Zapatero» en relación con «fondos procedentes de la ayuda pública concedida por el Gobierno a la mercantil Plus Ultra». También «la utilización de múltiples sociedades mercantiles indiciariamente instrumentales para canalizar estos pagos».
A esos indicios se une, según el juez, el análisis preliminar del contenido del dispositivo puesto a disposición de la jurisdicción española por las autoridades judiciales de Estados Unidos. Se refiere a los mensajes intervenidos por la inteligencia de Estados Unidos en el teléfono de Rodolfo Reyes, uno de los dueños de Plus Ultra, que constituyen una de las pruebas que Zapatero pretende anular por haberse obtenido, presuntamente, sin las mismas garantías procesales que operan en España. De ese teléfono proceden muchos de los mensajes que la UDEF considera clave en este caso y que han servido para abrir líneas de investigación.
El juez cita también como indicios de criminalidad el hallazgo en la oficina de Zapatero de piezas de joyería cuyo valor supera los 1.300.000 euros, «de las que, a día de hoy, no se ha acreditado su origen ni su correspondiente liquidación tributaria y aduanera».
Pese a todo ello, Calama tiene en cuenta que Zapatero es una persona de pública notoriedad, una circunstancia «que dificulta de manera evidente que pueda situarse en una posición de ilocalización o sustraerse discretamente al procedimiento». Según explica,«su visibilidad pública y manifiesto arraigo en el territorio, unidos a la ausencia de cualquier indicio de intención evasiva», excluyen razonablemente la existencia de un riesgo de fuga real y actual.
Para el magistrado, tampoco se aprecia el riesgo de ocultación o destrucción de fuentes de prueba que sustentaría la adopción de una medida cautelar, ya que considera que los elementos relevantes de la causa ya han sido intervenidos y la instrucción judicial no depende de actuaciones que el investigado pudiera obstaculizar.
«Restricción injustificada»
Calama concluye que la imposición de «comparecencias apud acta» o la retención del pasaporte con prohibición de salida del territorio nacional «no resulta necesaria, al no existir un riesgo procesal que requiera ser conjurado mediante tales medidas». Su adopción supondría, a su juicio, «una restricción injustificada del derecho a la libertad personal y a la libre circulación, incompatible con el principio de proporcionalidad y con la prohibición de configurar las medidas cautelares como una pena anticipada».
Lo que sí hace el juez es requerir a Zapatero para que, en el plazo de una audiencia desde la notificación del auto, facilite un número de teléfono móvil y un correo electrónico que permitan su «inmediata localización» por el juzgado. Esos datos serán incorporados a una pieza reservada para que no acaben en la prensa.
El presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, afirmó que en España «no se puede volver a permitir tener un fugado más», aludiendo al expresidente catalán Carles Puigdemont, y calificó el día como «histórico» por ser el primer expresidente que declara como imputado.
Tras su declaración y antes de conocerse la decisión judicial, Zapatero emitió un comunicado. Este es el texto de su declaración:
«Lo primero es darles las gracias a todos ustedes por la espera, y también a la ciudadanía. He estado 29 días en silencio, preparando este momento y los que vendrán. Callé por respeto a la Justicia y a Su Señoría, que era quien primero debía escucharme. No tengan duda de que en los próximos días iré dando las explicaciones oportunas. Se me acusa de muy graves delitos que no he cometido. Siempre me conduje con decencia y con honradez, y ahora tengo por delante la tarea de demostrarlo. Lo haré con absoluta transparencia y con plena confianza. He presentado al Tribunal una autorización universal voluntaria para que pueda constatarse la inexistencia de sociedades, dinero, productos financieros o cualquier activo con titularidad mía directa o indirecta. Porque no tengo absolutamente nada fuera de España. Cuando uno se sabe completamente inocente, como es mi caso, y confía plenamente en la Justicia, lo más doloroso es saber que mucha gente puede sentirse defraudada si cree las cosas que se afirman de mí. Mi mensaje es también a todos esos conciudadanos y conciudadanas: les pido confianza. No les decepcionaré. Nos costará más o menos tiempo demostrarlo, pero la verdad se abrirá paso y devolveré la confianza a quien ahora duda. Ya lo verán. Muchas gracias».
La resolución del juez llega después de una declaración histórica de tres horas en lo que ha sido la primera comparecencia de un expresidente del Gobierno como investigado ante un juez en democracia. Zapatero ha dedicado la primera parte del interrogatorio a negar que ejerciera influencia alguna para favorecer el rescate público de Plus Ultra, la aerolínea que recibió 53 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas en plena pandemia.
Según fuentes jurídicas, el exjefe del Ejecutivo ha rechazado todas las acusaciones y ha sostenido una línea muy similar a la que ya defendió en marzo ante la comisión de investigación del Senado. Ha negado haber intervenido ante la SEPI, ante Transportes o ante el Gobierno para favorecer a la compañía y ha intentado desvincularse de las referencias de terceros que lo sitúan como una vía de influencia en favor de la aerolínea. En relación con los pagos recibidos de Análisis Relevante, la sociedad de Julio Martínez Martínez, alias Julito, ha sostenido que «todos los trabajos han sido probados y demostrados».
Ese es uno de los nudos económicos de la causa. La UDEF sostiene que Análisis Relevante remitió 490.780 euros a Zapatero y otros 239.755 euros a Whathefav, la sociedad de sus hijas Laura y Alba Rodríguez Espinosa. Los investigadores consideran bajo sospecha esos pagos porque Análisis Relevante recibió fondos de Plus Ultra y de otras sociedades sin vinculación aparente con la aerolínea, como Inteligencia Prospectiva, Softgestor o Grupo Aldesa. La defensa, por el contrario, intenta presentar esos ingresos como trabajos privados reales, documentados y ajenos al expediente administrativo del rescate.
La jornada de hoy tuvo tintes históricos ya que se ha producido una imagen inédita en democracia: la de un expresidente del Gobierno entrando en la Audiencia Nacional como imputado. Adolfo Suárez, Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy declararon en distintos procedimientos como testigos. También Pedro Sánchez, siendo presidente en activo, compareció como testigo en la causa de Begoña Gómez. Pero José Luis Rodríguez Zapatero cruzó una puerta distinta: la del investigado. El expresidente socialista llegó con diez minutos de antelación a su cita con el juez José Luis Calama que investiga el caso Plus Ultra, que le sitúa en el «vértice» de esa supuesta red que habría canalizado beneficios hacia el también el ex secretario general del PSOE y su entorno a través de una maraña de empresas. El expresidente, con un traje azul, saludó a los periodistas antes de subir los escalones de la Audiencia Nacional por la puerta principal, reservada para jueces, fiscales y funcionarios, tras solicitarlo Presidencia del Gobierno por motivos de seguridad. Poco antes llegó su abogado, el catedrático Víctor Moreno Catena.
El expresidente entró en la Audiencia Nacional ante un fuerte despliegue policial y ante gran expectación mediática, con unos 200 periodistas y medios gráficos y más de 50 cámaras de televisión apostadas frente a la sede del órgano judicial para cubrir una cita inédita. Mientras, en el entorno de la Audiencia Nacional un autobús de Hazte Oír da vueltas, y unos pocos congregados gritan, desde lejos, consignas contra Zapatero como «Réquiem por la trama» o «La justicia os llama». El vehículo de la asociación circuló con una pantalla en la que aparece el expresidente con su característico gesto del dedo curvado en la ceja y un dibujo de un avión de Plus Ultra arrojando billetes, haciendo alusión al «rescate» de 53 millones de euros, y que después cambia a otra imagen en la que figura también Zapatero junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y esta frase: «No es fango, es corrupción».
La comparecencia del también ex secretario general del PSOE ante el juez arrancó a las 9.12 horas. Su estrategia de Zapatero fue negar gestiones ante la Administración, presentar las referencias del sumario como exageraciones de terceros y sostener que conoció a la cúpula de Plus Ultra a posteriori. Su gran batalla será procesal: cuestionar la validez del móvil de Rodolfo Reyes, el origen de las conversaciones claves.
El juez José Luis Calama estableció medidas de control para impedir filtraciones, obligando a los abogados presentes a entregar sus teléfonos móviles durante la vista, un protocolo similar al que se aplica en el Tribunal Supremo.
Lo delitos por los que se le acusa
- Blanqueo de capitales. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama estimó que Zapatero y su entorno cobraron cerca de dos millones de euros de la presunta trama.
- Tráfico de influencias. Calama sitúa al expresidente en el «vértice» de una presunta red de influencias que habría actuado en favor de la aerolínea Plus Ultra.
- Organización criminal. El magistrado considera que se produjeron «salidas de dinero muy significativas» que permiten constatar una «desviación planificada y consciente» hacia cantidades y cuentas ajenas.
- Falsedad documental. Es otro de los delitos de los que existen indicios. En el caso de un documento público, las penas oscilan entre los tres y los seis años de cárcel.
- Indicios de fraude fiscal y cohecho. Zapatero, en una pieza separada de la causa troncal, declara también por hallazgo de 103 joyas por valor de 1.325.915 euros en la caja fuerte del expresidente en la calle Ferraz.
A Zapatero se le requiere por seis presuntos delitos, separados en dos causas. La troncal es el caso Plus Ultra, en el que se investiga si el exjefe del Ejecutivo lideró una trama para cobrar comisiones a cambio de favorecer el rescate de la aerolínea, 53 millones de parte de la SEPI en el 2021, y si está o no involucrado en un entramado societario para quedarse con parte de ese dinero público. Por la trama principal el juez José Luis Calama le atribuye cuatro delitos: falsedad documental, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y organización criminal. El expresidente, que ha negado haber hecho gestiones ante ninguna administración pública «en relación con el rescate» a Plus Ultra en el 2021, tendrá que explicar también los 490.780 euros que recibió de la empresa de su amigo Julio Martínez -también imputado-, Análisis Relevante, que también abonó 239.755 euros a la empresa de sus hijas.
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Zapatero, además, había declarado a cuenta del hallazgo por parte de la UDEF de una serie de joyas en la caja fuerte de su despacho en la calle Ferraz. Según el cálculo de la joyería Ansorena, las 103 piezas cuentan con un valor de mercado de 1.323.915 euros. La defensa de Zapatero solicitó suspender su comparecencia sobre este asunto, pero el juez instructor considera que el hallazgo de las joyas era un hecho que ya constaba en el sumario que fue entregado a las partes tras el levantamiento del secreto. Está imputado por dos presuntos delitos de fraude fiscal y contrabando. Calama descartó esa posibilidad. En un auto fechado este lunes 16 de junio, el magistrado sostiene que la solicitud «no puede ser acogida» porque la defensa «no sufre ninguna merma real en su derecho a preparar la declaración». El juez admite que la pieza separada fue incoada el pasado día 12, apenas unos días antes de la comparecencia, pero subraya que su contenido «no incorpora hechos nuevos ni diligencias autónomas».
Las claves de su imputación
- «Vértice» de una presunta trama. El juez sitúa al expresidente del Gobierno (2004-2011) en el «vértice» de una trama, en la que ejercería un «liderazgo no visible» y para la que aportaría sus «contactos institucionales y empresariales de alto nivel» de cara a conseguir decisiones y ventajas a favor de terceros, esencialmente Plus Ultra. Además de las gestiones para lograr la ayuda a Plus Ultra, se investiga si la trama intervino ante autoridades venezolanas para «asegurar la autorización de vuelos».En el auto de imputación, el juez apuntó a la «influencia determinante» de Zapatero, con acceso a «personas situadas en los más altos niveles de responsabilidad política», para la compraventa de petróleo en Venezuela.
- Zafiros, rubíes y diamantes: joyas de 1,3 millones. Una de las mayores sorpresas que trajo el registro a la oficina del expresidente fueron las casi ochenta piezas de joyería halladas en una caja fuerte y que, según una tasación preliminar, tendrían un valor aproximado de 1,3 millones de euros. Un collar de 278.000 euros, de oro blanco, diamantes y dos esmeraldas, es la joya de más valor hallada junto a otras con piezas de oro, zafiros -algunos de Tailandia-, rubíes o esmeraldas de Zambia. Zapatero aduce que son herencia de su madre y su suegra y que estaban allí porque vivía en una casa de alquiler sin caja fuerte. La tasación ha sentado las bases para una nueva imputación por delito fiscal y de contrabando ante el origen aún no justificado de las joyas. El juez investigará en una pieza separada unos indicios que -según subrayó- el expresidente tiene «la ocasión procesal adecuada» para «disipar» la próxima semana.
- ¿Pagos canalizados a su entorno? En el centro de las sospechas de los investigadores están los supuestos beneficios económicos que habrían sido canalizados a través de una maraña de empresas hacia Zapatero y su entorno. El juez apunta a «sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado». Cifra en 1,9 millones de euros esos presuntos beneficios de la trama, repartidos en diferentes empresas, y cita, por ejemplo, los 490.780 euros que habría recibido Zapatero de Análisis Relevante -propiedad de su amigo e imputado Julio Martínez Martínez-, que tiene bloqueados; o los 239.755 que percibió la empresa de sus hijas.
- Las conversaciones: «Nuestro pana Zapatero detrás». Las alusiones al expresidente en comunicaciones entre directivos de Plus Ultra son constantes en el sumario y constituyen uno de los principales caballos de batalla de su abogado, que ha sembrado dudas sobre su autenticidad. Parte de ellas provienen de la extracción del móvil que una agencia gubernamental estadounidense realizó de Rodolfo Reyes, accionista de la aerolínea, en el 2021, y aportó cinco años después, en 2026 a la Policía española. El juez, adelantándose a posibles peticiones de nulidad, solicitó a Estados Unidos autorización para usar esas comunicaciones como «medio de prueba» en el proceso penal, mientras que el abogado de Zapatero sospecha de su origen e integridad: quiere saber qué resolución judicial amparó la incautación y el clonado del móvil o si se respetó la cadena de custodia. Las conversaciones de los directivos de Plus Ultra hablaban de «tocar puertas» y «pedir ayuda a Zapatero» para conseguir el préstamo; y aludían a «Grupo Zapatero» o «boutique financiera». De entre los mensajes analizados, la UDEF atribuye uno a Zapatero. «En tiempo y forma. Exitosa gestión», habría recibido Julio Martínez el 31 de julio de 2021 de un contacto registrado como «Z» tras una gestión «al más alto nivel con Venezuela».
- Sus trabajos para Análisis Relevante. A buen seguro le preguntarán por los 490.780 euros que habría recibido entre el 2020 y el 2025 de Análisis Relevante, una empresa para la que el expresidente ha reconocido que hizo consultoría política por la que cobró y facturó 70.000 euros brutos anuales. Lo dijo hace meses en el Senado, donde admitió que la empresa de sus hijas prestó a esa mercantil servicios de comunicación y márketing. El juez sospecha que Análisis Relevante, cliente de Plus Ultra, es una empresa «instrumental» para canalizar fondos en un período que coincide «con gestiones dirigidas a influir en la concesión de ayudas públicas».
- Una sociedad 'off shore' en Dubái. El juez cree que, siguiendo instrucciones de Zapatero, la trama creó una sociedad en Dubái, que estaría participada al 100 % por otra empresa que había suscrito un contrato con Plus Ultra para percibir 530.000 euros (1% del «rescate público»), sin constancia del pago en España.