El juez imputa a las hijas de Zapatero por su papel «instrumental» en el entramado societario

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha recibido la noticia que más temía. Tras su declaración del pasado miércoles, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama decidió este jueves imputar a sus hijas, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, en la causa por el denominado caso Plus Ultra. El magistrado otorga también la condición de investigada a la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, para que todas ellas puedan ejercer su derecho de defensa. La decisión se toma a instancias de la Fiscalía Anticorrupción instancias de la Fiscalía Anticorrupción y el juez adelanta que en los próximos días se señalará una fecha para la declaración de las tres.

Calama destaca en su auto las entradas y registros en la mercantil Whathefav. Señala que la condición de las hijas de Zapatero como administradoras formales de esa sociedad «cuya operativa aparece vinculada indiciariamente al entramado investigado» determina, por sí misma, «la procedencia de su citación en calidad de investigadas». Según el juez, la investigación «atribuye a dicha sociedad un papel instrumental en la canalización, ocultación o facilitación de operaciones relevantes para los hechos objeto del procedimiento». 

Posibles delitos

No los aclara. El juez no precisa los delitos que se les imputan, pero precisa que la citación como investigadas «no exige la existencia de un cuadro probatorio cerrado ni la acreditación plena del elemento subjetivo del delito», sino únicamente «la concurrencia de indicios racionales de participación, incluso meramente indiciaria o por posición», cuando la persona «ostenta un rol jurídico que la conecta de manera directa con los hechos». 

Afirma que llamarlas en calidad de testigos resultaría «incompatible con su posición procesal», pues les impondría «el deber de decir verdad y la prohibición de reservarse información, comprometiendo de forma irreversible su derecho a no declarar contra sí mismas». 

Gertrudis Alcázar

Pieza operativa esencial». En lo que afecta a la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, el magistrado afirma que la investigación permite situarla «como una pieza operativa esencial dentro de la red organizada», desarrollando su actividad desde la oficina de Zapatero y actuando «como usuaria principal de la cuenta presidentezapatero@presidentezapatero.com, lo que la convierte en un nodo central de comunicación y gestión documental». Del análisis de los correos intervenidos se desprende que Alcázar, junto con Cristóbal Cano, asistente del empresario Julio Martínez, también investigado, «desempeña funciones de coordinación, elaboración y cobertura formal de la documentación que sustenta las actuaciones de la red —también denominada Finance Boutique—, recibiendo instrucciones directas para articular la apariencia documental de los pagos recibidos y emitidos por el entramado societario». 

Intento de anulación

Freno a Zapatero. El magistrado rechaza la solicitud de Zapatero de complementar y ampliar el auto de 5 de junio con el fin de «extender el objeto de la solicitud de cooperación a Estados Unidos para que remitiera determinada información y documentación». Se refiere al clonado del teléfono de Rodolfo Reyes por parte de la inteligencia de Estados Unidos, que el expresidente pretende anular como prueba. Calama argumenta que mientras no se reciba contestación al instrumento de cooperación jurídica internacional ya acordado no es posible establecer la procedencia de la solicitud. 

El juez rechaza igualmente la petición de la acusación popular de citar como investigados al exministro de Transportes José Luis Ábalos, su asesor Koldo García o el exsecretario de Estado Pedro Saura como testigos.

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