El CGPJ estudia abrir un expediente disciplinario al juez Peinado por afirmar que la policía ayudaría a fugarse a Begoña Gómez
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El Consejo se reunirá este lunes para debatir la propuesta de la presidenta de ordenar actuar contra el magistrado
21 jun 2026 . Actualizado a las 21:17 h.El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudia expedientar al juez Juan Carlos Peinado por afirmar que los policías que ejercen de escolta de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, podrían ayudarla a fugarse de España. La Comisión Permanente del CGPJ se ha reunido de urgencia este domingo desde las 10.00 horas de forma telemática para decidir si remitían el asunto al promotor de la acción disciplinaria para la apertura de un expediente. No obstante, con el fin de posibilitar un debate sobre la cuestión, Perelló ha decidido aplazar la votación hasta mañana a las 9:00 horas en un encuentro presencial, han informado a Efe fuentes jurídicas.
Esta reunión de urgencia de este domingo se produce después de que este sábado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, haya trasladado a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, la «más enérgica queja» por las afirmaciones del juez Juan Carlos Peinado sobre los agentes que custodian a Begoña Gómez en su auto.
En dicha resolución, de 84 páginas y fechada este sábado, el magistrado asegura que «no cabe duda» de que los agentes que acompañan a Gómez pueden, «bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos», colaborar «en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga, que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia».
Para el ministro, esas afirmaciones «representan un grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuya actuación se desarrolla únicamente en parámetros de legalidad y constituye una de las principales garantías del Estado de Derecho». Marlaska ha señalado además que las sospechas del magistrado alcanzan no solo a los agentes con el servicio de acompañamiento asignado «sino también a sus superiores jerárquicos, afirmando la posibilidad de que pudieran dictar órdenes ilegales». El titular de Interior considera estas afirmaciones «un hecho de máxima gravedad» y ha instado al CGPJ a que adopte «las medidas que puedan resultar procedentes en uso de sus atribuciones» al tiempo que ha insistido en la «plena profesionalidad» de los agentes y de sus mandos.
El auto del juez
El magistrado Juan Carlos Peinado no solo aprecia riesgo de fuga por la gravedad de las penas. Da un paso más: sostiene que la escolta policial que acompaña a la esposa del presidente del Gobierno no elimina ese riesgo, sino que incluso podría facilitarlo. Es más, el controvertido instructor llega a insinuar que los agentes de las fuerzas de seguridad que escoltan a la esposa del jefe de Gobierno -en este caso policías nacionales- podrían llegar a colaborar activamente en un hipotético plan de fuga de la imputada al extranjero. sin recibieran órdenes de ello desde el Ministerio del Interior.
Juan Carlos Peinado saca a relucir esta teoría tan particular en su auto conocido este sábado como ariete para desmontar los argumentos del letrado de Begoña Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho. El abogado precisamente había argumentado que esa fuga era imposible porque su clienta, por su condición de esposa del jefe del Ejecutivo, está «en todo momento» acompañada y custodiada por agentes de los Cuerpos de Seguridad del Estado. Es decir, que no tendría margen real para sustraerse a la acción de la Justicia.
Peinado ha enviado este sábado a juicio a Begoña Gómez por cuatro delitos, le ha retirado el pasaporte y le ha impuesto la comparecencia quincenal en el juzgado como parte de las medidas cautelares, en un auto que llega tras la audiencia preliminar celebrada el pasado lunes. En concreto, en el final del auto en el que decreta la apertura de juicio, Peinado recuerda que la defensa de Begoña Gómez sostenía que al ser esposa del presidente del Gobierno hace que «en todo momento se encuentre acompañada, y custodiada, por agentes o miembros de los cuerpos de seguridad Del Estado».
Pero Peinado le da la vuelta a esa argumentación. «Lo que no cabe duda», escribe el juez, es que esos agentes «en un momento determinado» pueden, «bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos», ser «precisamente» quienes colaboren en «la acción o acciones» necesarias «para facilitar esa fuga». La frase no describe un plan concreto. No habla de billetes, fechas, llamadas ni preparativos. Pero sí convierte una hipótesis extrema en fundamento para mantener la cautelar más dura solicitada por las acusaciones: retirada de pasaporte y prohibición de salir del país.
El razonamiento sigue. Peinado añade que la condición de Pedro Sánchez como «actual Presidente del Gobierno» es «algo efímero, y por tanto transitorio». Si esa situación cambia, sostiene, también desaparecería «esa protección, o acompañamiento» de los agentes de los Cuerpos de Seguridad del Estado. Y eso, a juicio del instructor, «facilitaría, aún más, esa hipotética fuga».
No es un matiz menor. El juez está diciendo que la protección policial actual no basta para asegurar que Gómez estará siempre a disposición del tribunal. Y, además, que esa protección podría volverse irrelevante si Sánchez deja de ser presidente. La palabra clave es esa: «hipotética». Peinado no afirma que exista ya una maniobra en marcha. Plantea un riesgo futuro y lo conecta con la estructura de seguridad que rodea a la mujer del presidente.
El auto enlaza ese riesgo con las penas posibles. Para las acusadas, dice, el «abanico punitivo» iría de dos a dieciséis años de prisión. El escenario más favorable, en caso de condena, sería una pena de dos años. Pero, añade, «en cualquiera de otra hipótesis» la pena superaría ese umbral, lo que impediría suspender la ejecución y abriría la puerta al «ingreso en un establecimiento penitenciario». Ahí sitúa Peinado el riesgo: ante esa perspectiva, las acusadas podrían tratar de «eludir la acción de la justicia».
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El juez aplica ese razonamiento a Begoña Gómez y también a Cristina Álvarez. De la asesora de Moncloa dice que ha venido actuando como asistente de Gómez, con «estrecha vinculación personal», acompañándola y coordinando sus actividades. Por eso concluye que dispone de una «situación similar» y de «los mismos medios para fugarse y eludir la acción de la justicia».
La formulación tiene carga política evidente. Hace solo unos días, Gómez accedió a Plaza de Castilla por el garaje tras una petición de Seguridad de Presidencia, que alegó la existencia de un «ambiente hostil y de rechazo social evidente». Entonces la seguridad oficial fue el argumento para protegerla de incidentes a la entrada y salida de los juzgados. Ahora Peinado utiliza esa misma realidad —su acompañamiento por agentes— en otra dirección: como elemento que no descarta el riesgo de fuga.
El auto no aporta una prueba directa de ese supuesto auxilio policial. Es una inferencia del juez dentro del capítulo de medidas cautelares. Una inferencia dura, escrita en términos poco habituales, que convierte la escolta de la mujer del presidente en parte del problema procesal y no en garantía suficiente de control judicial.
El Gobierno habla de «desproporción» y «persecución»
El PSOE vuelve a mostrar su apoyo a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, como ha hecho en otras ocasiones en las que el juez instructor del caso en el que se encuentra imputada, Juan Carlos Peinado, ha tomado decisiones controvertidas. El partido ha criticado que lleve «siendo perseguida judicial y políticamente» desde hace dos años. Además, han defendido que la apertura de juicio oral contra ella, junto a los otros dos imputados -Cristina Álvarez y Juan Carlos Barrabés-, y la adopción de medidas cautelares -entre las que se incluye la retira del pasaporte y la obligación de comparecer cada 15 días en sede judicial- son un «paso más» en lo que califican como «escándalo democrático que no se sostiene».
Los socialistas consideran que el auto emitido este sábado por el juez Peinado, que ya ha sido objeto de críticas por parte de miembros del partido en relación a las actuaciones que ha ido realizando desde que se abrió la investigación judicial, es una constatación de «la persecución, la obsesión y la desproporción de un juez que ha llevado a cabo una instrucción que carece de todo sentido jurídico y que sólo atiende a motivos políticos». Además, poniendo en el foco la parte del escrito judicial en la que se desliza la idea de que los miembros de los Cuerpos de Seguridad del Estado podrían «bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, ser quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga», califican el documento como un «despropósito» y un «juicio político».
La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha denunciado el daño «demoledor» a la justicia del auto del juez Juan Carlos Peinado sobre Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, y ha acusado además a la derecha de usarlo «políticamente para tratar de acabar» con el Ejecutivo.
«La indefensión es brutal. Y el daño a la Justicia demoledor. Tan grave es la desproporción de Peinado, como que la derecha la utilice políticamente para tratar de acabar con el Gobierno. Al Gobierno se llega con votos, no con atajos», ha escrito este domingo Torró en su cuenta de la red social X.
EL PP RESPETA AL CGPJ
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha expresado este domingo el máximo respeto a la separación de poderes y al trabajo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en cualquiera de sus decisiones, por lo que no interferirá ni presionará sobre la que adopte en relación al juez Juan Carlos Peinado. «El respeto a la separación de poderes parte también de respetar el trabajo que en este caso corresponde al CGPJ y que nosotros, evidentemente, no vamos a interferir en el mismo ni queremos llevar a cabo ningún tipo de presión en relación al mismo», ha subrayado en declaraciones a los periodistas en Logroño.
Ha añadido que lo que los miembros del CGPJ analicen y decidan es «el camino que hay que respetar en un país en el cual la separación de poderes se ve todos los días atacada desde el Gobierno». En ese sentido, ha indicado que PP siempre muestra «el absoluto respaldo y respeto» a los jueces, al poder judicial y a la labor del CGPJ.
Gamarra también ha trasladado la absoluta confianza y respaldo del PP a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que demuestran su compromiso con el Estado de Derecho y «están siendo claves para, desde su independencia y desde su neutralidad, incluso, resistir a los ataques que desde el propio Gobierno están sufriendo».
Ha afirmado que entiende el enfado de las asociaciones de policía ante esas afirmaciones de Peinado porque los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, quienes «trabajan diariamente en la protección de los españoles y que están demostrando su profesionalidad y su imparcialidad».
Por otra parte, ha subrayado que la actual situación provocada por lo que rodea al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «ya no se aguanta más, esto es un suma y sigue», por lo que ha incidido en que se convoquen elecciones.