El número de inmigrantes que solicitan la regularización desborda al Gobierno, que ve imposible que la UE la paralice
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Yolanda Díaz critica las acusaciones de «ingeniería electoral» de Feijoo y dice que presidió una Galicia en la que «votaban los muertos»
01 jul 2026 . Actualizado a las 16:57 h.La cifra de inmigrantes en situación de ilegalidad que han solicitado acogerse al proceso de regularización ha desbordado las previsiones del Gobierno. En un principio, el Ejecutivo cifró el número previsto de potenciales beneficiarios en 500.000. Sin embargo, el plazo concluyó este martes con una número estimado de solicitantes de 1,3 millones. El pasado 15 de junio el Gobierno admitía ya 900.000 solicitudes. La Administración tiene un plazo de tres meses para responder a cada una de ellas, pero en muchos casos ya han obtenido la aprobación. Un circunstancia que abre un vacío legal en caso de que la presentación de una cuestión prejudicial ante el tribunal europeo acabe paralizando el decreto.
El Gobierno cree que aunque el TJUE se pronuncia sobre la regularización, esto no dejaría sin efecto la medida, ya que, en caso de rechazarla, las resoluciones estarían completadas y los permisos de residencia y trabajo ya concedidos y no se podrían revertir esas autorizaciones ya otorgadas. Los gobiernos de la Comunidad Valenciana y Aragón han solicitado medidas cautelares para paralizar el proceso, pero el Ejecutivo no lo ve probable, ya que el tribunal ya rechazó hacerlo el pasado mayo cuando lo pidieron la Comunidad de Madrid, Vox y tres asociaciones.
Díaz: En Galicia votaban muertos
Desde el Ejecutivo mostraron tranquilidad sobre la compatibilidad con las normas europeas ya que durante la elaboración del decreto se siguieron las recomendaciones esenciales planteadas por el Consejo de Estado. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró que no le preocupa «en absoluto» que el Supremo pueda paralizar la regularización y pidió «dejar que trabajen con serenidad».
Díaz criticó las acusaciones de «ingeniería electoral» de líder del PP, Alberto Núñez Feijoo y aseguró que este presidió una Galicia en la que «votaban los muertos» y presuntamente se manipulaba el voto exterior. Podemos pidió ampliar el plazo para presentar solicitudes en el proceso de regulación, mientras que el presidente de Aragón, Jorge Azcón, consideró «interesante» la providencia del Supremo y defendió el «respeto a la ley y el derecho comunitario».