El juez Pedraz imputa a la directora general de la Guardia Civil y a su número dos por prevaricación y obstrucción a la Justicia en el caso Leire
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El Gobierno mantiene su apoyo a Mercedes González y las asociaciones del cuerpo piden que dimita
02 jul 2026 . Actualizado a las 19:48 h.El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz no ha comprado a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, el argumento de que no mintió al asegurar que nunca se reunió con la fontanera del PSOE Leire Díez, porque lo suyo fueron «dos cafés». El magistrado citó este jueves a González en calidad de investigada, junto al director adjunto operativo (DAO) del cuerpo, Manuel Llamas, para tomarles declaración en la causa que investiga la supuesta trama creada en el PSOE para sabotear las investigaciones policiales y judiciales que afectan al Gobierno y al entorno personal del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Ambos tendrán que declarar el 16 de julio en calidad de investigados, ya que Pedraz considera que existen «indicios de responsabilidad de los mismos en hechos que, prima facie, sin perjuicio de lo que resulte de la posterior instrucción de la causa, podrían presentar los caracteres de delito continuado de prevaricación administrativa» y otro «contra la administración de justicia». El juez accede así a la petición que había formulado horas antes la Fiscalía Anticorrupción, que, al igual que la acusación popular unificada, solicitó su imputación.
No imputa al anterior director
El juez considera, sin embargo, que no procede atribuir la condición de investigado al anterior director de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, en la medida en que la conducta descrita respecto de él «per se no integra ningún tipo penal». Dos generales declararon que Marcos les ordenó que el informe sobre el caso que afecta a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, concluyera diciendo que «no había nada».
Los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil constataron «al menos tres» reuniones de Mercedes González con Leire Díez, además de numerosos contactos telefónicos, con el propósito de que la fontanera le hiciera llegar información «obtenida en el marco de la actividad supuestamente delictiva que venía desarrollando».
González declaró ante la comisión de investigación del Senado que «jamás, nunca» participó «en ninguna trama o conspiración contra la UCO» ni fue influida por Leire Díez «ni por ninguna otra persona». La investigación policial concluye que la exmilitante trazó un plan para que se abriera una investigación interna a miembros de la UCO con el fin de amedrentarlos y disuadirlos de seguir investigando los casos de corrupción que afectan al Gobierno. González admitió que se abrieron investigaciones internas por supuestas filtraciones, pero aseguró que no condujeron a ninguna sanción.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, expresó este jueves su respaldo a González y a Llamas pese a su imputación. «Seguirán ejerciendo sus funciones como hasta ahora y mostrando la máxima colaboración con la Justicia en todo lo que se les requiera», afirmó. La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, mantuvo la confianza del partido en González y pidió que se respete la presunción de inocencia.
Las asociaciones del cuerpo piden el cese
«Se le está imputando a la directora de la Guardia Civil, ella ha dicho por hacer unos cafés, que es muy diferente que reunirse y hacer una trama como la que hemos visto, que es la Kitchen», sostuvo. El PP exigió la dimisión de González y de Grande-Marlaska, por haber «mentido, tapado y respaldado» a González. El secretario general de los populares, Miguel Tellado, afirmó que no puede seguir dirigiendo el instituto armado «una persona imputada por obstrucción a la justicia».
Tanto la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) como la asociación profesional Justicia Guardia Civil (Jucil) reclamaron la renuncia de González. La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) supeditó la petición de cese a que existan «indicios de culpabilidad» y a que sirva para que «no se siga perjudicando la imagen» del cuerpo.
La periodista fiel a Sánchez que se tomó «dos cafés»
«Yo no he tenido nunca una reunión con la señora Leire Díez. Yo me he tomado dos cafés con la señora Leire Díez. Punto». La afirmación, pretendidamente exculpatoria, de Mercedes González ante la comisión de investigación del Senado desconcertó incluso a algunos senadores del PSOE. Pero refleja el carácter de González: una persona muy segura de sí misma, que suele crecerse ante las críticas.
Luis Roldán Ibáñez se convirtió en 1986 en el primer civil en ostentar el cargo de director general de la Guardia Civil. Cuando Felipe González le designó para ese puesto no tenía ninguna experiencia para ocuparlo. Durante años se inventó que era ingeniero, además de licenciado y máster en Economía. Pero, en realidad, nunca estudió nada. Muchos años después, en junio del 2023, Pedro Sánchez designó para el cargo a otra civil, Mercedes González Fernández (Madrid, 1975), que sí tiene estudios, aunque su formación como licenciada en Ciencias de la Información tampoco hacía prever que acabaría al mando de 75.000 agentes del Instituto Armado. Es licenciada en Periodismo y máster en esa disciplina. Pero, así como Roldán era un felipista de pura cepa, González es una sanchista pata negra que ahora, como su predecesor, se ve envuelta en un caso de corrupción.
Su carrera en el PSOE empezó a despuntar en las elecciones municipales del 2015. Era secretaria general de la Agrupación Socialista en el distrito madrileño de Barajas y fue incluida en el cuarto puesto de la lista encabezada por Antonio Miguel Carmona, resultando elegida concejala. Fue portavoz del área de Desarrollo Urbano Sostenible, donde empezó a destacar. En los siguientes comicios locales, los del 2019, fue ya la número dos en la candidatura encabezada por Pepu Hernández. Sánchez la colocó como persona de su confianza junto al exentrenador de la selección española de baloncesto, sin experiencia política.
En el 2021 Sánchez la aupó a la Delegación del Gobierno en Madrid, donde dio muestras de su fidelidad al presidente. «Voy a defender al Gobierno cada vez que le des una patada», le dijo en mayo del 2021 al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, con quien, no obstante, mantiene una excelente relación. Mantuvo también sonados enfrentamientos con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con la que la relación fue mucho más tensa.
Dos relevos polémicos
El premio llegó dos años después, cuando en marzo del 2023, para sorpresa dentro del cuerpo, fue nombrada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, directora general de la Guardia Civil. Sustituía a María Gámez, otra civil al frente del cuerpo, que tuvo que dimitir cuando se relacionó a su marido con un caso de corrupción vinculado a los ERE de Andalucía. Tras lo revelado en los informes de la UCO, llama la atención que al tomar posesión del cargo dijera que «ninguna estrategia política ni abuso particular puede manchar la limpieza de la Guardia Civil» y que sería «inflexible» contra la corrupción.
Pero aquel primer paso por la Guardia Civil le duró poco. En las elecciones generales del 2023, Sánchez la incluyó como número diez en la lista que encabezaba en Madrid y fue elegida diputada. La sustituyó en el cargo Leonardo Marcos, que apenas quince meses después lo dejó «por motivos personales», aunque su nombre apareció posteriormente en informaciones que le vinculaban con un supuesto chivatazo a Koldo García advirtiéndole de que estaba siendo investigado. El Gobierno le nombró embajador de España en Washington D. C., con un sueldo superior a los 200.000 euros.
De modo que Sánchez y Marlaska echaron mano de una persona de su total confianza, nombrando de nuevo a Mercedes González directora general de la Guardia Civil. Para entonces ya habían surgido las primeras sospechas sobre la existencia de una trama que trató de desbaratar los casos judiciales que afectaban al Gobierno y a Pedro Sánchez. Según la UCO, González se puso pronto al servicio de esa causa, concertándose con Leire Díez para presionar a los agentes de la Guardia Civil que investigaban esos casos.
El caso Leire estalló en mayo del 2025, al desvelarse que la fontanera formaba parte de una red para desacreditar, entre otros, al teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO. El pasado 27 de mayo, el propio Balas dirigió un insólito registro en la Dirección General de la Guardia Civil para recabar los expedientes disciplinarios que se abrieron a los agentes. Pero González sigue, por ahora, manteniendo la confianza de Sánchez y Marlaska.