La cesión de Moreno Bonilla presagia un coalición PP-Vox tras las generales
05 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.José Luis Rodríguez Zapatero está empezando a entrar en zona de máximo riesgo. El expresidente del Gobierno está poniendo a prueba la paciencia de Pedro Sánchez. «Hablo con él de manera regular, dará todas las explicaciones precisas», aseguró el jefe del Ejecutivo ante el comité federal del PSOE, para tratar de evitar cualquier reproche de Emiliano García-Page o de cualquier otro dirigente socialista. Pero, sobre todo, Zapatero está jugando con fuego con el juez José Luis Calama. El expresidente aseguró al magistrado el pasado 17 de junio que en «una semana o como máximo diez días» declararía ante él para aclarar el origen de las joyas que intervenidas en su caja fuerte. Su procedencia, la fechas en las que las recibió y su trato fiscal.
El juez fue magnánimo y no lo le presionó sobre esas cuestiones. Pero han pasado ya 20 días y Zapatero sigue sin aclarar nada. Una situación que podría acabar modificando el exquisito trato que está recibiendo del magistrado, que ya rechazó la petición de la UDEF de registrar su domicilio. Calama cuenta con múltiples indicios para sostener su imputación, pero los agentes están convencidos de que, de haberse permitido ese registro, se habrían localizado muchos más.
La semana será decisiva para saber si Zapatero tiene algún argumento para rebatir el presunto fraude fiscal y el contrabando o si defrauda al juez y al PSOE. La invitación a la Agencia Tributaria para que se persone en la causa contra el expresidente fue la prueba de que la paciencia de Calama se agota, como ya se había agotado la de la directora general de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández Doctor, que pidió esta semana dejar el cargo. Hacienda notifica ahora al juez que investiga desde junio a Zapatero, a su esposa y a sus hijas. Y da un respiro al exlíder del PSOE pidiendo a Calama que aplace la inspección fiscal hasta que concluya la vía judicial.
El cortafuegos de Sánchez
La barrera de Marlaska. La imputación de Mercedes González, directora de la Guardia Civil, y de su número dos, Manuel Llamas, por presunta prevaricación y obstrucción a la justicia, pone contra las cuerdas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y cuestiona su versión de que su departamento es territorio libre de toda sospecha. La orden política de Sánchez ha sido clara: nadie dimite. No por confianza ciega, sino por cálculo defensivo. Si cae González, el siguiente foco se posa sobre Marlaska; si se mueve Marlaska, la sombra alcanza a la Moncloa. El Gobierno ha levantado así un cortafuegos: aceptar una cabeza sería reconocer que había incendio. Esa barrera podría ser superada si Leire Díez acaba cumpliendo sus advertencias. «Sé mucho más de lo que aparece en las agendas» y «siempre he valido más por lo que callo que por lo que hablo» fueron sus amenazas en la entrevista que publicó La Voz. «Yo también puedo hablar» fue el otro torpedo que habría lanzado en forma de SMS a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, que la conoce de algo más que esos «dos cafés», como los que dice González que se tomó con la fontanera.
Moreno ya no es el mirlo
Andalucía también vale la misa de Vox. Juan Manuel Moreno deja de ser el mirlo blanco del PP. También para él París bien vale una misa. Y la prioridad nacional, ese «lío» en el que se habían metido María Guardiola, Jorge Azcón y Alfonso Fernández Mañueco, también es aceptable ahora para Andalucía. La cesión ante Vox es todavía más relevante por el hecho de que se produce después de haberse quedado a solo dos escaños de la mayoría absoluta. Alberto Núñez Feijoo tiene ya difícil sostener que Santiago Abascal no será el vicepresidente de su Gobierno en caso de que la suma de ambos partidos alcance la mayoría absoluta. Tanto si a Feijoo le falta un diputado como si le faltan 40.