Elisa Campoy, jurista: «Que una mujer no continúe con una denuncia no significa que sea falsa»
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Muchas víctimas renuncian por miedo, dependencia económica o presión del agresor
08 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.Elisa Campoy López-Perea es una todoterreno en la esfera jurídica. Tras 31 años en la profesión, ostenta, entre otros cargos, la vicepresidencia de la Subcomisión de Violencia sobre las Mujeres del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), es decana del Ilustre Colegio de Abogados de Lorca, abogada del turno de oficio y directora de su propio despacho. Mañana y el viernes participa en Burgos en las Jornadas de Abogados de Violencia de Género. Según los datos del Ministerio del Interior, 27 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año.
—Las redes sociales permiten ejercer una violencia distinta a la tradicional. ¿Qué se debe cambiar para solucionar este problema?
—Las personas que utilizamos las redes sociales debemos saber qué estamos compartiendo y qué daño puede provocar. Me preocupa especialmente lo que veo entre los más jóvenes: se ha normalizado tener geolocalizada a la pareja hasta un punto alarmante o enviar fotografías íntimas, sin medir las consecuencias que estas conductas pueden acarrear en el futuro. En el plano institucional, valoro que la Agencia Española de Protección de Datos haya puesto en marcha un sistema para la retirada inmediata de este tipo de contenidos.
—Nunca ha habido tantas campañas institucionales y, sin embargo, los casos siguen aumentando. ¿Por qué ocurre esto?
—Creo que hay que distinguir entre el aumento de casos y el de denuncias; parte de esa cifra refleja que más mujeres se atreven a dar el paso, lo cual en sí mismo es positivo. A mí lo que más me llama la atención es que, a pesar de la concienciación en parte de la sociedad, cada vez hay más personas que niegan la existencia de la violencia machista o la quieren minimizar. Además, muchas mujeres deciden no seguir adelante con el proceso porque, entre otros motivos, cuando una persona denuncia cree que ha acabado todo y realmente es ahí cuando empieza, ya que hay que contar qué sucedió y cómo ocurrió.
—¿Qué aspectos del sistema actual deben mejorarse para avanzar en la erradicación de esta violencia arraigada en la sociedad?
—Desde la abogacía llevamos tiempo defendiendo una propuesta que de momento no ha calado mucho, pero que resulta vital: la víctima debería ir siempre acompañada de un abogado al presentar la denuncia. A veces, las mujeres no recuerdan que tienen una conversación grabada, una captura de pantalla de WhatsApp o un audio en el que las están insultando. Con esta medida, habría un asesoramiento correcto sobre los hechos que se deben relatar y los que no. También hay varios frentes en los que noto carencias, como en la especialización real de los juzgados, que muchas veces es más aparente que efectiva. Por ejemplo, los juzgados mixtos con competencias exclusivas en violencia machista se cubren con jueces sustitutos, porque en la práctica nadie quiere esas plazas. Un juzgado que cambia constantemente de titular pierde la memoria de los casos, lo que repercute directamente en la calidad de la respuesta.
—¿Qué lecciones ha aprendido a lo largo de su trayectoria que considera importante trasladar a la ciudadanía?
—Que la violencia machista rara vez se presenta como un episodio aislado, sino como un proceso progresivo de control, aislamiento y desgaste psicológico que a menudo la propia víctima tarda años en identificar como tal. También quiero trasladar algo que percibo a diario en mi trabajo: mucha gente cree que cuando una víctima presenta una denuncia se le abre un camino sencillo, y no es así. Ni las ayudas llegan siempre con la celeridad requerida, ni suelen ser suficientes. Es justo reconocer que la Administración hace un esfuerzo real, pero también lo es admitir que en muchas ocasiones está saturada, y esa situación la termina pagando la víctima.
—Si una mujer que está sufriendo una situación de violencia estuviera leyendo esta entrevista y aún no ha denunciado, ¿qué le diría?
—Le diría que muchas veces la propia víctima no es consciente de que lo que vive es violencia machista; el aislamiento y el control se instalan de forma tan progresiva que cuesta ponerles nombre. Si algo de lo que hemos hablado en esta entrevista le resuena, ya es un primer paso importante. También me gustaría explicarle algo que se conoce poco: aunque ella no llegue a denunciar, puede verse igualmente envuelta en un procedimiento judicial si los hechos llegan a conocimiento de las autoridades por otra vía —por ejemplo, a través de un parte médico o de una intervención policial—, porque existen procedimientos, como el conocido como «protocolo cero», que permiten actuar de oficio ante indicios de violencia. Es importante que lo sepa para no sentirse desbordada si eso ocurre, y para entender que no está sola aunque no haya sido ella quien dio el primer paso.
—Persisten determinados mitos y bulos en torno a la violencia de género, como el de las denuncias falsas. ¿Qué estrategias cree que son necesarias para combatir esta desinformación?
—Los datos oficiales son claros: el porcentaje de denuncias falsas por violencia de género es residual, comparable al de cualquier otro delito. Ahora, se están elaborando estadísticas para conocer cuántas mujeres, una vez presentada la denuncia, deciden no seguir adelante con el procedimiento, y creo que es un dato que hay que leer con muchísimo cuidado, sin sacar conclusiones precipitadas. Que una mujer no continúe con una denuncia no significa que fuera falsa; detrás suele haber miedo, dependencia económica, presión del entorno o del propio agresor, o un proceso de vuelta atrás que forma parte, lamentablemente, de la propia dinámica de la violencia.
—¿Qué carencias detecta en la asistencia jurídica y la protección de las víctimas en las localidades de menor tamaño?
—En los municipios más pequeños, la principal carencia es la distancia: separación física respecto al juzgado especializado, y lentitud en tiempos de respuesta cuando se necesita una medida cautelar urgente. También hay menos recursos de acompañamiento —psicológico, social— cerca del domicilio de la víctima, lo que obliga a desplazamientos que en situaciones de crisis pueden ser disuasorios. Desde el CGAE venimos diciendo que cualquier propuesta de reorganización de estos órganos judiciales debe tener muy presente que la respuesta a la víctima no puede alejarse más de lo que ya está, y que ganar especialización no puede hacerse a costa de perder cercanía.