El Gobierno central se obliga por ley a que la financiación estatal de la dependencia alcance el 50 %
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El dictamen del proyecto de reforma que se votará en el Congreso ha sido aprobado este jueves, incluyendo esa enmienda y cuestiones como la ayuda para hacer la compra o ir al médico
10 jul 2026 . Actualizado a las 09:49 h.La Comisión de Derechos Sociales y Consumo del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad que ahora tendrá que pasar su votación definitiva en el pleno de la Cámara Baja, previsiblemente el próximo martes 14 de julio. El dictamen ha contado con el voto en contra de los grupos parlamentarios del PP y Vox, aunque esto no ha evitado que saliera adelante. La modificación de estas normas incluye cuestiones ya anunciadas, como la reducción de burocracia o la ampliación de prestaciones. Pero además, ha sido aprobada en la comisión una enmienda que obliga a que la financiación estatal de la dependencia alcance el 50 % del total.
Esa aportación económica que cubra al menos la mitad de la inversión venía siendo reclamada de modo reiterado por la mayoría de las comunidades, entre ellas Galicia, y también por distintas asociaciones de afectados. De hecho, muchas de ellas interpretaban que esa obligación ya estaba recogida en la ley actual, del 2006, que en su artículo 32 señala: «La aportación de la Comunidad Autónoma será, para cada año, al menos igual a la de la Administración General del Estado».
El Ejecutivo central negaba esa obligación, aunque en los últimos años los socios que sustentan el Gobierno dijeron haberse fijado el «compromiso político» de pagar al menos el 50 % del gasto en dependencia, aún estando en realidad muy por debajo de ese porcentaje. Con la enmienda promovida este jueves por PSOE y Sumar, el Gobierno de coalición defiende que ese compromiso «se convierte en norma». También se han quejado de que el PP votase en contra de la enmienda «a pesar de que sus Gobiernos regionales llevan años reclamando que la aportación estatal llegase al 50 %».
Ayuda para hacer la compra o ir al médico
Más allá de la novedad de la financiación, el texto recoge otras ya anunciadas por el Ministerio de Derechos Sociales. Por ejemplo, la ampliación de la asistencia personal por parte de un profesional, que pasa a incluirse en el catálogo de servicios del sistema. Además, si hasta el momento el apoyo de la persona cuidadora quedaba restringido al entorno domiciliario, ahora quien atienda al usuario, además de hacerlo en su casa, podrá acompañarlo a realizar otras actividades diarias, como ir al médico o hacer la compra.
También se incluyen cambios en la prestación económica por cuidados en el entorno familiar. Hasta el momento, esa paga se establecía para quienes atendiesen a un pariente. De salir adelante la reforma, el cuidador también podrá ser un amigo, vecino o allegado reconocido de la persona dependiente. Algo que en Galicia ya se admitía, en caso de solicitar el Bono Coidado no Fogar.
Además, la actualización de las normas busca una reducción de la burocracia, con cuestiones como conceder automáticamente la discapacidad del 33 % para quienes tengan reconocida oficialmente una situación de dependencia. La Xunta entiende que también en este caso el Gobierno central se ha inspirado en lo que ya se hace en la comunidad gallega. «Galicia vai por diante do Goberno central na atención á dependencia e a discapacidade, xa que a práctica totalidade das novas medidas que quere introducir na reforma das leis de dependencia e discapacidade xa se están aplicando na nosa comunidade. De feito, esta reforma regula as homologacións automáticas da dependencia e da discapacidade, unha medida que o Goberno central copia a Galicia, aínda que con menor intensidade, e sen recoñecer beneficios fiscais. Unha medida pioneira, que puxo en marcha a Xunta a través do seu plan de choque, e que o propio Goberno central ten recorrida ante o Tribunal Constitucional», censuran fuentes de la Consellería de Política Social.
Posibilidades de apoyo del PP en el pleno del Congreso
El dictamen recibió el apoyo de PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV, Podemos y Junts, y los votos en contra de Partido Popular y Vox. El diputado del PP Enrique Belda explicó que la negativa de su grupo se debe a la ausencia de una memoria económica y de presupuestos, aunque no descartó su apoyo en el Pleno si esto se corrige. «Si nos dicen cómo pagan a partir de 2027 las nuevas prestaciones, podemos llegar a un acuerdo», afirmó, asegurando que los 6.200 millones de financiación extra aprobados recientemente por el Ejecutivo central «no llegarán para pagar lo que se debe».
Vox también criticó que el Gobierno hable de ampliación de derechos cuando no existe una memoria económica suficiente que garantice su financiación, por lo que ha cuestionado que se califique de «reforma estructural» una norma que modifica profundamente el contenido prestacional sin resolver «su principal problema», el económico, declaró la diputada Blanca Armario.
Asumir de modo explícito la mitad de la financiación del sistema de dependencia ha sido una de las cuestiones que ha llevado a Junts y PNV a dar su apoyo a la reforma. La formación catalana censuraba que se ampliaban prestaciones mientras Cataluña asumía un «déficit acumulado» por venir financiando entre el 70 y el 80 % de los gastos. Por su parte, el partido vasco veía un «difícil encaje» en el reparto competencial, pero retiró su enmienda a la totalidad del proyecto de ley por el compromiso del Gobierno y de sus socios de que «se iban a intentar limitar todas las invasiones».