La propuesta, impulsada por la extrema derecha, contempla sanciones económicas que pueden alcanzar los 4.000 euros
10 jul 2026 . Actualizado a las 09:50 h.Aunque el uso del burka es totalmente residual en Portugal, su prohibición se había convertido en una prioridad para el Gobierno conservador de Luís Montenegro y el partido ultraderechista Chega, líder de la oposición. Este jueves, tras largas discusiones para prohibir cubrirse el rostro en los espacios públicos, fue aprobado un texto con votos a favor de la coalición de Gobierno (PSD y CDS), Chega e Iniciativa Liberal. En octubre, los mismos cuatro partidos, con la oposición de toda la izquierda, ya habían aprobado, en una primera votación, la propuesta de Chega, que incluía algunas excepciones por motivos de salud o «profesionales, artísticos o de entretenimiento y publicidad», así como espacios como los aviones o instalaciones diplomáticas y consulares.
El texto también especificaba multas de 200 a 2.000 euros «en caso de negligencia» y de 400 a 4.000 euros «en caso de dolo». Además, hacía hincapié en la «tolerancia cero para aquellos que, opresivamente, fuerzan a mujeres adultas y jóvenes a usar el velo, con prisión y fin de las solicitudes de ciudadanía».
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Ya entonces, el Colegio de Abogados y el Consejo Superior de la Fiscalía advirtieron de la posible inconstitucionalidad de esta medida, por ir contra la libertad religiosa y discriminar particularmente la confesión islámica. El primer ministro, Luís Montenegro, dijo que «el texto puede y debe ser perfeccionado» y, en las últimas semanas, el partido conservador propuso varias enmiendas para retirar las connotaciones religiosas y justificar la ley con motivos de seguridad pública. En concreto, proponía cambiar el título de «ocultación del rostro en espacios públicos» por el de «reglas a observar por los ciudadanos en espacios públicos, por razones de seguridad y de garantía de la respectiva identificación».
Chega, que amenazó con votar en contra, acabó presentando una versión próxima a la de los conservadores, para evitar posibles inconstitucionalidades de carácter religioso. En esta versión, se alude directamente a «razones de seguridad y orden público» y se reducen las penas contra quienes hayan forzado a una mujer a cubrirse la cara. «Este proyecto responde a razones de seguridad, sin cualquier dimensión religiosa en la apreciación del proceso», reivindicó el conservador António Rodrigues. «Creo que revelan cierta cobardía moral quienes dicen que esto es una cuestión de seguridad. Para mí no lo es», respondió Rui Rocha, de Iniciativa Liberal. El socialista Pedro Delgado habló de un «propósito islamófobo» y de «contexto de radicalismo», con «los riesgos que esto crea para las comunidades».