El empresario Julio Martínez ratifica ante el juez que Zapatero cobró por el rescate de Plus Ultra
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Admite que él solo era un «correveidile» entre la compañía y el expresidente, pero dice desconocer si este presionó a funcionarios o habló con miembros del Gobierno para conseguir las ayudas
21 jul 2026 . Actualizado a las 23:35 h.Un «correveidile» de José Luis Rodríguez Zapatero. El juez José Luis Calama recurrió a esa expresión para definir la labor del supuesto testaferro del expresidente del Gobierno en el rescate de la compañía Plus Ultra. Y Julio Martínez Martínez la dio por buena. El empresario ratificó en la Audiencia Nacional las acusaciones contra Zapatero formuladas en un escrito presentado ante el instructor del caso, incluido el supuesto cobro de una comisión del 1 % por la obtención de las ayudas, aunque dijo desconocer qué tipo de gestiones o presiones realizó el expresidente «aguas arriba», según expresión del juez, para conseguir el rescate y ante qué funcionarios o miembros del Gobierno pudo influir. Algo que resulta esencial para probar el supuesto delito de tráfico de influencias.
Durante más de tres horas de declaración, Martínez negó que hubiera mediado ante nadie para obtener las ayudas y confirmó que fue el propio Zapatero quien le informó el 26 de febrero del 2021 de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) iba a aprobar la solicitud de créditos de la compañía. Un anuncio que se produjo casi dos semanas antes de que el Gobierno anunciara el rescate, el 9 de marzo.
Zapatero fraccionó los pagos
El presunto testaferro aseguró que fue Zapatero quien decidió que el pago de la comisión de 530.000 euros se canalizara a través de la sociedad Análisis Relevante y que era el expresidente quien captaba a los clientes de esta firma. Según explicó, se trataba de una sociedad instrumental para que el exlíder socialista cobrara, mientras que su labor se limitaba a hacer de intermediario entre Plus Ultra y el expresidente del Gobierno.
Pero, según su declaración, fue el propio Zapatero quien, una vez que el rescate empezó a ser cuestionado en diferentes informaciones, decidió que el cobro de la supuesta mordida se troceara en distintos pagos de varias sociedades. Análisis Relevante habría cobrado un total de 249.000 euros, mientras que otra compañía, Voli Analítica S. L., percibió otros 98.617,53 euros. Finalmente, de la firma IOT Domotic Europe S. L. cobró otros 110.799,47 euros. Otros 69.000 euros se abonarían por Plus Ultra con billetes business de la aerolínea.
El último de los pagos se habría recibido ya en el 2025, poco antes de que el juez José Luis Calama autorizara a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional a registrar la sede de la compañía aérea.
El empresario, que figura como investigado en el caso, ha decidido colaborar con la Justicia aportando datos hasta ahora desconocidos. Explicó que conoció a Zapatero en el 2011, el mismo año en el que este dejó de ser jefe del Ejecutivo. El entonces directivo de Telefónica Javier de Paz fue quien los presentó, con el objetivo de que Martínez gestionara la compra de la vivienda que Zapatero posee en Almería, en régimen de gananciales con su esposa, Sonsoles Espinosa. Fue en el 2019 cuando Javier de Paz y Sergio Sánchez, otro exdirectivo de Telefónica, le propusieron crear una empresa que tendría como consultor a Zapatero. Después, en plena pandemia del covid, fue el expresidente quien se ofreció para mediar en el rescate de Plus Ultra. Tras ello, se firmó un contrato con la compañía aérea por el que Análisis Relevante cobraría un 1 % de las ayudas recibidas, sin que Zapatero figurara oficialmente en ningún documento como receptor de esos fondos.
La declaración de Martínez no constituyó un ataque directo contra Zapatero y fue calificada de «decepcionante» por la Fiscalía. Pero sus afirmaciones desmienten las que realizó el exjefe del Ejecutivo ante el juez Calama y también las que formuló ante la comisión de investigación del Senado, en las que se desvinculó totalmente del rescate.
El papel de Whathefav
A preguntas del magistrado, el investigado se refirió también a la implicación en los hechos de la empresa Whathefav, propiedad de las hijas de Zapatero, también investigadas, y que cobraba de Análisis Relevante una cantidad fija de 3.000 euros al mes. En teoría, esos pagos obedecían a la maquetación de los informes que elaboraba Zapatero, enviados a distintos clientes. El juez puso en duda esa versión. Pero fue a preguntas de su propia defensa cuando Martínez aclaró este martes que en el 2022 Whathefav dejó de realizar esos trabajos, pese a lo cual siguió percibiendo las cantidades pactadas con Zapatero.
Respecto a otro dato clave de la investigación, la comida celebrada en el restaurante madrileño Portonovo con Tomás Guerrero, en la que, según los investigadores, se decidió la creación de una firma offshore en Dubái, Martínez ratificó que Zapatero asistió a ese almuerzo. Algo que, ante el juez, el expresidente dijo no recordar.