El juicio del caso Kitchen llega al final con los alegatos de las defensas tras cuatro meses de vistas
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El juicio por el caso Kitchen, que se está celebrando desde el pasado 6 de abril en la Audiencia Nacional, quedará esta semana visto para sentencia una vez que acaben de exponer las defensas sus informes finales y después de que los ocho acusados decidan hacer uso o no de su derecho a la última palabra. Este lunes será el turno de las cuatro defensas que quedan por informar y la primera que lo hará será la del excomisario José Villarejo, que ya ha adelantado al tribunal su intención de exponer parte de su alegato final, dada su condición de abogado, junto a su letrado, Antonio García Cabrera, según informaron a Efe fuentes jurídicas.
Las otras tres defensas que quedan por informar son las del exchófer de Luis Bárcenas Sergio Ríos, captado como confidente en esta operación y la de los comisarios Andrés Gómez Gordo y José Luis Olivera, al que solo acusan la Abogacía del Estado y las acusaciones populares de PSOE y Podemos.
Las defensas comenzaron la pasada semana a hacer sus alegaciones finales, siendo las primeras las del exministro del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy Jorge Fernández Díaz y el que fuera su número dos, Francisco Martínez. Los dos negaron haber ordenado la puesta en marcha de la operación de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, aunque Fernández Díaz acusó a Martínez de haber manipulado los mensajes de texto que lo implican en la operación y que este presentó en el juzgado tras haberlos protocolizado ante notario, y a los que su defensa no hizo alusión alguna en su informe.
Así, mientras Fernández Díaz se ha desentendido por completo de la operación Kitchen, además de recalcar su defensa el nulo interés del exministro por la documentación presuntamente comprometedora que pudiera tener Bárcenas, su exsecretario de Seguridad ha defendido la licitud de la operación policial con fines «de inteligencia» en torno al extesorero para averiguar si tenía más cuentas y quiénes eran sus testaferros tras aflorar su fortuna oculta en Suiza. «El Ministerio del Interior no tuvo que ordenarla. Si la idea era robarle documentación a Bárcenas, se me ocurren muchas otras maneras sin necesidad de implicar a la policía», planteó su abogado Pedro Colina, quien defendió que lo que hubiese sido delictivo hubiera sido no investigar al extesorero y a su entorno.
A esta tesis se han abonado gran parte de los acusados, como el exdirector adjunto operativo Eugenio Pino, cuya defensa indicó que su patrocinado estaba legitimado para permitir esa «operación de inteligencia» con la que se pretendía controlar los movimientos de dinero que pudiese hacer Bárcenas y que, si hubo un desvío en los objetivos por parte de Villarejo y el comisario Enrique García Castaño, no se podía juzgar a todos por los hechos de otros.