País Vasco y Cataluña acaparan el 68 % de las transferencias con Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprovechó su intervención en el balance del curso político y la presentación del informe periódico de rendición de cuentas para hacer un resumen de la actuación del Ejecutivo durante toda la legislatura. En ese discurso destacó el proceso de «desconcentración» puesto en marcha por su Gobierno, lo que habitualmente se conoce como «descentralización», para acercar, según dijo, «el Estado a todos y cada uno de los territorios de nuestro país».

Ese proceso ha sido, sin embargo, muy desigual durante su mandato, hasta el punto de que el País Vasco y Cataluña han concentrado el 68 % de todos los traspasos de funciones, servicios y medios acordados por el Estado con las comunidades autónomas desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, en junio del 2018. De los 50 acuerdos aprobados hasta la última actualización oficial, cerrada el 24 de julio del 2026, 24 corresponden al País Vasco y diez a Cataluña. Galicia, la tercera comunidad histórica, solo ha recibido uno durante los más de ocho años de gobiernos de Sánchez. 

En paralelo a apoyos políticos

La diferencia es especialmente visible en el caso vasco. Euskadi reúne por sí sola el 48 % de todos los acuerdos aprobados desde el 2018. Tres se formalizaron durante el tramo final de la XII legislatura, siete durante la XIV y otros 14 en la actual, casi la mitad de los 30 registrados desde las elecciones del 2023. El ritmo no se detuvo ni siquiera durante la pandemia. En el 2020 se formalizaron tres traspasos al País Vasco y, en junio del 2021, otros cuatro. Todo ello, en paralelo al respaldo del PNV a la declaración del estado de alarma y a sus sucesivas prórrogas. En los dos años más duros de la crisis sanitaria se acumularon así siete acuerdos, cifra que ninguna otra comunidad alcanzó en ese período.

Esa actividad administrativa se ha desarrollado en paralelo a la creciente dependencia parlamentaria del Gobierno respecto a las formaciones nacionalistas. Sánchez llegó a la presidencia mediante la moción de censura del 2018 con los votos, entre otros, del PNV, ERC, el entonces PDeCAT y EH Bildu. En la investidura de enero del 2020, el PNV votó a favor, mientras que ERC y EH Bildu facilitaron la elección mediante su abstención. En noviembre del 2023, ERC, Junts, PNV y EH Bildu se integraron en la mayoría de 179 diputados que permitió renovar el mandato del presidente. Su posición no ha sido idéntica en todas las votaciones, pero las cuatro fuerzas han resultado necesarias en diferentes momentos para construir las mayorías del Ejecutivo.

En el caso vasco, los traspasos los negocia institucionalmente el Gobierno de Vitoria, dirigido por el PNV durante todo el período, en el seno de la Comisión Mixta de Transferencias. EH Bildu no interviene como Ejecutivo autonómico, pero sus diputados han formado parte habitual del perímetro parlamentario de Sánchez. El PNV y EH Bildu han coincidido en numerosas votaciones relevantes, desde investiduras y cuentas públicas hasta decretos y leyes. 

Cataluña, al alza con Illa

Cataluña ocupa el segundo lugar en número de traspasos, con diez acuerdos desde el 2018. Durante el Gobierno de coalición de Junts y ERC se aprobaron tres ampliaciones de medios económicos para la Administración de Justicia, una por cada ejercicio entre el 2020 y el 2022. Los otros siete llegaron ya en la actual legislatura, después de que Salvador Illa asumiese la presidencia de la Generalitat en agosto del 2024. El cambio de un Gobierno independentista a otro encabezado por el PSC no frenó, por tanto, el proceso, sino que lo aceleró.

En febrero del 2025, el Estado y la Generalitat reactivaron la Comisión Mixta de Transferencias después de más de catorce años sin reunirse formalmente y aprobaron varios de esos acuerdos. 

El respaldo del BNG no suma

La continuidad tiene también una explicación parlamentaria: aunque el Gobierno autonómico esté dirigido por los socialistas, Illa necesita los votos de ERC. Y Sánchez ha seguido necesitando en el Congreso los votos de ERC y Junts, especialmente en una legislatura en la que cualquier ausencia o cambio de posición puede hacer fracasar una iniciativa. La coincidencia temporal refleja que la negociación territorial ha avanzado con mayor intensidad allí donde se encuentran algunos de los principales apoyos parlamentarios del Ejecutivo.

Frente a los 24 acuerdos vascos y los diez catalanes, Galicia solo aparece una vez en la relación durante el mandato de Sánchez, a pesar de que el BNG apoyó sus dos investiduras. Tampoco hubo ningún traspaso durante el mandato de Mariano Rajoy. El Consejo de Ministros aprobó el 13 de mayo del 2025 el traspaso de funciones y servicios en materia de ordenación y gestión del litoral, efectivo desde el 1 de julio. 

El agravio sobre el litoral

Pero incluso esa transferencia llegó después que al País Vasco, a pesar de que la Xunta había aprobado en julio del 2023 su propia Ley de ordenación y gestión integrada del litoral. El Gobierno central la recurrió, pero el Tribunal Constitucional avaló en abril del 2024 la mayor parte de la norma y reconoció el margen competencial gallego.

En noviembre del 2023, por el contrario, en el marco de las negociaciones para la investidura, Pedro Sánchez se comprometió con el PNV a la cesión de varias competencias, entre ellas la gestión del litoral. El traspaso se acordó el 16 de diciembre del 2024, mientras que Galicia tuvo que esperar hasta mayo del 2025.

El resto del mapa autonómico queda muy lejos de las cifras vasca y catalana. Navarra ha recibido cinco acuerdos durante los gobiernos de Pedro Sánchez; la Comunidad Valenciana, Castilla y León y Castilla-La Mancha, dos cada una; y Andalucía, Canarias, Islas Baleares y Madrid, uno por comunidad. Aragón, Asturias, Cantabria, Extremadura, Murcia y La Rioja no registran ninguno desde junio del 2018.

Prisiones, cercanías o becas son algunas de las cesiones más polémicas

Las diferencias en los traspasos de competencias entre las distintas comunidades no se manifiestan solo en el número, sino también en la relevancia de las materias. El País Vasco destaca por la cifra total y, además, porque algunos de los traspasos han resultado polémicos por tratarse de funciones que no han sido cedidas en los mismos términos a ninguna otra comunidad.

En marzo del 2022, el Gobierno acordó la transferencia al País Vasco de la gestión del ingreso mínimo vital (IMV), recurrida por el PP y Vox ante el Tribunal Constitucional, que acabó avalándola en febrero del 2024. Fue la primera en recibirlo. En abril del 2024, el País Vasco recibió el traspaso de las cercanías ferroviarias. En junio del 2021 había llegado el traspaso de la ejecución de la legislación del Estado en materia penitenciaria, que ha originado polémica por las progresiones de grado y excarcelaciones de presos de ETA acordadas por la Administración vasca. Cataluña es la única otra comunidad que gestiona las prisiones y los servicios de cercanías.

En el 2024 se traspasó al País Vasco la homologación y declaración de equivalencia de títulos educativos obtenidos en el extranjero. Sin embargo, en marzo del 2025 el Tribunal Supremo lo anuló por considerar que esas funciones corresponden al Estado. El Gobierno de Sánchez se ha comprometido también al traspaso al País Vasco de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, que se sigue negociando, al igual que la gestión de los puertos de Bilbao y Pasajes.

Cataluña, líder histórica

Cataluña recibió el 1 de abril del 2025 el traspaso de las funciones y los medios correspondientes a la gestión de las becas y ayudas al estudio. La medida originó polémica ante la posibilidad de que se exija un nivel mínimo de conocimiento del catalán para la concesión de ayudas al estudio.

Históricamente, Cataluña es la comunidad que más traspasos ha recibido desde el año 1978, con un total de 199. Le sigue Andalucía, con 156, muy cerca de Galicia, con 155. En cuarto lugar se sitúa la Comunidad Valenciana, con 134, y en quinto, el País Vasco, con 131, tras los dos últimos traspasos aprobados el 15 de julio.

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