El Gobierno se saltó la doctrina del PSOE al indultar a tres condenados por delitos de corrupción
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Además de a la independentista Laura Borrás, perdonó a dos cargos socialistas
04 ago 2026 . Actualizado a las 16:01 h.El Consejo de Ministros del pasado 28 de julio acompañó el indulto concedido a la exdirigente de Junts Laura Borràs con otras dos medidas de gracia por corrupción. Los beneficiarios fueron Juan Fernández Gutiérrez, exalcalde socialista de Linares, y Natalio Grueso Rodríguez, gestor cultural al frente del Centro Niemeyer de Avilés, entonces y ahora gobernada por el PSOE.
Fernández dirigió el Ayuntamiento de Linares entre 1999 y el 2018. La causa por la que fue condenado se refería al cobro de cantidades de las cuentas del grupo municipal del PSOE. Entre el 2011 y el 2017 percibió unos 1.700 euros mensuales añadidos a su sueldo como alcalde, hasta sumar 125.377 euros.
Los tribunales rechazaron que aquellos pagos fueran dietas, indemnizaciones o gastos derivados de su actividad política. El dinero salía de fondos municipales asignados al grupo socialista y se entregaba mediante cheques al portador, sin un acuerdo válido que autorizase ese complemento. El Supremo confirmó una pena de tres años de prisión y siete de inhabilitación por malversación.
Fernández, expulsado del PSOE en el 2018, promovió después una campaña para evitar su entrada en prisión. Su petición reunió miles de firmas y recibió apoyos locales en Linares. El Ejecutivo ha sustituido los tres años de cárcel por dos, una rebaja que permite suspender la pena si se cumplen los requisitos legales. La inhabilitación se mantiene.
Detenido en Portugal en el 2025
El caso de Natalio Grueso tuvo una dimensión distinta. Licenciado en Derecho, escritor y promotor cultural, trabajó en la Fundación Príncipe de Asturias y fue el principal impulsor del Centro Niemeyer. Desde ese puesto proyectó internacionalmente el complejo de Avilés. Más tarde fue contratado por el Ayuntamiento de Madrid para dirigir espacios teatrales.
La Audiencia Provincial de Asturias lo condenó en el 2020 a ocho años de prisión por malversación continuada, falsedad documental y delito societario. La sentencia sostuvo que, entre el 2006 y el 2012, utilizó recursos de la Fundación Centro Niemeyer para sufragar viajes, alojamientos y otros gastos en beneficio propio o de personas de su entorno. Parte de esos desembolsos fueron encubiertos, según los jueces, mediante facturas que no reflejaban el verdadero destinatario.
Grueso fue condenado además a indemnizar a la fundación con 78.819 euros, al pago de una multa y a distintas inhabilitaciones. El Supremo ratificó la resolución en abril del 2023. Grueso no ingresó en prisión y permaneció más de dos años fuera de España hasta que fue detenido en Portugal en diciembre del 2025. El Gobierno le ha perdonado la cárcel pendiente por razones humanitarias relacionadas con su salud. Grueso salió de la cárcel de Aranjuez el pasado 29 de julio.
Los dos indultos chocan con el criterio que el PSOE defendió en el 2017. Aquel año, el partido propuso reformar la ley para impedir que autoridades y cargos públicos condenados por corrupción pudieran recibir medidas de gracia, totales o parciales. La iniciativa alcanzaba a quienes hubieran cometido el delito desde su responsabilidad institucional o aprovechándose de ella para obtener un beneficio propio o para terceros.
El entonces portavoz socialista de Justicia, Juan Carlos Campo, presentó aquella reforma como una forma de cerrar la puerta al indulto de los corruptos. El PSOE reclamaba también que cada decisión estuviera motivada para limitar la discrecionalidad del Gobierno. Nueve años después, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha rebajado o perdonado penas de prisión a dos condenados por malversación en la misma jornada en la que concedió la medida de gracia a Borràs.