Estados Unidos abre la puerta a incautar 135 millones de euros a España por impagos en las renovables
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El Estado español acumula fallos en su contra, pero su argumento para no pagar está respaldado por Bruselas, que entiende que los abonos serían ayudas ilegales
13 ago 2026 . Actualizado a las 08:41 h.El Tribunal de Distrito de EE.UU. para Columbia ha rechazado la petición de España de paralizar la ejecución de una sentencia que reconoce a los inversores 135,7 millones de euros (156,6 millones de dólares) por indemnizaciones en las renovables, autorizando a los acreedores del Caso Antin a avanzar con el embargo. Fuentes cercanas a los fondos acreedores afirman que esta resolución supone un nuevo golpe a la estrategia seguida por el Gobierno de España para evitar el pago de los laudos internacionales derivados del recorte retroactivo de las primas a las energías renovables.
Estas fuentes explican que el Gobierno había alegado ante el tribunal norteamericano que tanto el pago de la sentencia como la constitución de una garantía para suspender su ejecución podrían infringir el Derecho comunitario y exponer a España a posibles sanciones de Bruselas, un planteamiento que ha sido rechazado por la justicia de EE.UU., dicen los acreedores. Asimismo, el auto apunta que España tampoco ha acreditado haber solicitado recientemente autorización a Bruselas para pagar o constituir la garantía.
De hecho, la insistencia de España en que el Derecho europeo le impide pagar podría ser un indicio de que existe una probabilidad razonable de que España no pueda o no quiera cumplir la sentencia, concluye el tribunal.
El Caso Antin tiene su origen en las inversiones realizadas por Infrastructure Services Luxembourg y Energia Termosolar en proyectos solares españoles bajo el marco de incentivos aprobado por España. Tras los cambios regulatorios posteriores, los inversores recurrieron al arbitraje internacional alegando una vulneración del Tratado de la Carta de la Energía y un tribunal del CIADI falló a su favor en el 2018 y fijó la indemnización en 101 millones de euros más intereses.
Aun así, la Comisión Europea rechazó que España desembolsase los 101 millones a la firma luxemburguesa Antin al considerar que sería una ayuda de Estado ilegal. Ahora la resolución del Tribunal de Distrito de EE.UU. permite a los demandantes incautar activos soberanos susceptibles de embargo para satisfacer la deuda, además de poder registrar la sentencia en cualquier otro distrito judicial del país, una herramienta especialmente importante para perseguir activos españoles fuera de Washington.