Ayuso crea un consejo asesor remunerado en Madrid e incluye a Gallardón, Cifuentes y Aguirre
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Los expresidentes pueden percibir hasta 750 euros por asistencia y el PSOE asegura que es una manera de «comprar» su apoyo en la polémica del ático de Chamberí
21 ago 2026 . Actualizado a las 19:31 h.El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó en su reunión del pasado 22 de julio el nombramiento de los expresidentes autonómicos Esperanza Aguirre, Alberto Ruiz-Gallardón y Cristina Cifuentes como miembros de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, una especie de órgano consultivo sin poder ejecutivo real. Según las explicaciones del Gobierno autonómico, este órgano será encargado de emitir dictámenes sobre aquellos asuntos de especial relevancia jurídica que le sean sometidos a consultas por el Ejecutivo regional y también por otras administraciones públicas. En el caso de Joaquín Leguina, actualmente al frente de la Cámara de Cuentas, no se acuerda su incorporación.
Según una información del El País, los expresidentes ingresarán una dieta de 750 euros cada vez que asistan a la Comisión Jurídica Asesora de Madrid, que se reunió 45 veces en el 2025, año en el que habrían cobrado 33.750 euros de ir a todas las citas. Fuentes de la Consejería de Presidencia explicaron a Europa Press que estos 750 euros son la cuantía máxima a percibir y no una cantidad fija que se cobre necesariamente por cada pleno.
El Estatuto de Expresidentes de la Comunidad de Madrid, regulado mediante el Decreto 59/2025, establece que los expresidentes que hayan estado al menos dos años en el ejercicio de su cargo desde el inicio de la legislatura, tras cesar pueden ser nombrados vocales electivos de esta comisión. La Comunidad aprobó hace un año su Estatuto de expresidentes y del resto de miembros del Consejo de Gobierno tras sus ceses con el objetivo de «homologarse al Estado y a las comunidades autónomas».
El acuerdo incluía una compensación para los expresidentes autonómicos a partir de este mandato del 80 % de sus retribuciones durante un tiempo máximo de 24 meses, si bien el resto podrán realizar labores consultivas y recibir una indemnización de 750 euros por participar en las comisiones.
Contempla que quienes hayan sido máximos dirigentes regionales durante un mínimo de dos años podrán disponer también, durante los dos posteriores a su cese, de medios personales y materiales de asistencia.
Críticas desde el PSOE
La secretaria de Organización del PSOE-M, Pilar Sánchez Acera, afeó al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso el nombramiento de los expresidentes regionales y especuló con que se trata de un movimiento político encaminado a conseguir que la apoyen en su defensa de la compra de un polémico ático en el barrio de Chamberí «por parte de Planifica Madrid y pagados con dinero de todos los madrileños». «Parece que Ayuso sí que ha encontrado la manera de pagar a los presidentes del Partido Popular para que le apoyen en su defensa del ático y sus viajes opacos, esta vez haciéndoles miembros de esta Comisión Jurídica», indicó en una grabación remitida a los medios la mano derecha en el PSOE madrileño del ministro de Transformación Digital y candidato a la Comunidad, Óscar López.