El deterioro del suelo afecta ya al 40 % del terreno y a la mitad de la población
26 ago 2026 . Actualizado a las 18:44 h.La sequía, que ha aumentado un 30 % desde el año 2000, no constituye únicamente un fenómeno medioambiental, sino «un riesgo estructural» para las economías y los medios de vida globales. Así lo advirtió hoy en Ulán Bator (Mongolia) la secretaria ejecutiva adjunta de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD) —el organismo de la ONU encargado de liderar la respuesta global a la aridez y la degradación de tierras—, Andrea Meza, en la COP17 sobre desertificación. Un fenómeno que continuará intensificándose y que en 2050 afectará a tres de cada cuatro personas.
Meza enfatizó que los efectos del estrés hídrico se manifiestan en regiones no acostumbradas a padecerlo, trascendiendo zonas vulnerables como el cuerno de África para impactar en la Amazonía o en Panamá, donde la sequía ha forzado restricciones que afectan al comercio marítimo internacional. Asimismo, la representante de la CNULD instó a las empresas a adoptar medidas adaptativas. «Vamos a tener sequías más frecuentes e intensas. Esta es la realidad. Así como ningún país es inmune a la sequía, tampoco lo es ningún sector económico», aseguró Meza.
Planificación técnica
En respuesta a la necesidad de articular una planificación preventiva, la Alianza Internacional de Resiliencia a la Sequía (IDRA), copresidida por España y Senegal, presentó la herramienta IDRO (Observatorio Internacional de Resiliencia a la Sequía). Este sistema integra datos científicos en cuatro áreas estratégicas: entorno natural, economías, infraestructura y comunidades. A través de mapas interactivos y modelos visuales, la plataforma permite a los gobiernos evaluar la capacidad de respuesta de cada Estado antes de que la escasez derive en un desastre socioeconómico.
La herramienta proporciona un índice comparable entre países, similar al impacto que supuso en su momento el Índice de Desarrollo Humano. Según defendió la directora general de Biodiversidad española, María Jesús Rodríguez de Sancho, el nuevo indicador dotará a las instituciones de la evidencia práctica necesaria para «pasar de la gestión reactiva de crisis a la resiliencia proactiva». El proyecto cuenta con el aval técnico de instituciones como el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea y la Universidad de Yale.
Financiación adaptativa
El despliegue se apoya en el nuevo Fondo de Inversión para la Resiliencia a la Sequía (DRIF). Este instrumento busca movilizar capital público y privado hacia proyectos de adaptación e infraestructuras agrarias en los territorios más expuestos antes de que se certifique la catástrofe. De forma paralela, las sesiones de la COP17 abordaron el deterioro del suelo, un proceso erosivo que afecta al 40 % del terreno y a la mitad de la población mundial. De mantenerse las dinámicas actuales de sobreexplotación, los modelos de la CNULD prevén que de aquí a 2050 se inhabilitará un 11 % adicional de la superficie terrestre —un área equivalente a toda Sudamérica—, lo que comprometerá gravemente la biodiversidad y la capacidad global de producción alimentaria.