Hacienda saca adelante su modelo de financiación con el rechazo de todas la comunidades salvo Cataluña y Canarias

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el órgano que agrupa a los consejeros autonómicos de Hacienda y al ministro de ramo, ha sacado adelante este mediodía la propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica planteada por el Gobierno central. Un sistema en teoría diseñado para actualizar las necesidades financieras de las comunidades, pero que paradójicamente tiene a casi todas en contra, salvo a Cataluña y a Canarias. En el bloque opositor figuran las comunidades del PP -sí acudieron al consejo salvo Madrid, que plantó la reunión-, pero también las gobernadas por los socialistas, como es el caso de Asturias y de Castilla La Mancha

Por ahora, con el paso dado en el CPFF, Hacienda solo ha logrado abrir la vía para la tramitación parlamentaria una vez dé luz verde al proyecto en el Consejo de Ministros, pero la aprobación de la reforma, al tratarse de una ley orgánica, requiere la mayoría absoluta del Congreso. Algo que, a día de hoy, parece muy improbable. Junts ya se posicionó en contra del acuerdo entre el PSC y ERC que ha condicionado el modelo que se presentó al resto de comunidades, al entender que aleja a Cataluña de un concierto similar al vasco y que es café para todos. Y Sumar y Podemos han mostrado su rechazo al criterio de ordinalidad, según el cual las comunidades reciben en función de lo que aportan. Algo que, a su entender, menoscaba la solidaridad con los territorios más desfavorecidos. Así que, en este escenario, todo hace presagiar que será una nueva legislatura perdida en materia de financiación autonómica, pese a la obsolescencia de un modelo que se halla pendiente de reforma desde el 2014.

Desde Galicia, el Gobierno autonómico afea al ministro de Hacienda una pretendida voluntad de diálogo cuando no ha aceptado ni una sola de las alegaciones de la comunidad en la reunión técnica del pasado jueves. Miguel Corgos, que acusó al ministerio de impostura momentos antes de iniciarse la reunión, insiste en la idea defendida por la Xunta desde hace ya tiempo: que la propuesta discrimina a esta autonomía y que el Gobierno central no puede modificarla porque tiene las manos atadas por el pacto previo alcanzado con ERC.

Al término de la reunión, Corgos lamentó la «falta de sentido de Estado» del Gobierno por perseverar en un modelo que ha suscitado el rechazo frontal de todas las comunidades salvo dos. «Non se mudou nin unha coma da proposta inicial porque o Executivo central non ten capacidade de cambiar os números xa pechados no acordo co independentismo catalán», sostuvo el conselleiro, que ha anunciado que su partido peleará para que la reforma no salga adelante y que pelearán para trasladar a la ciudadanía cuáles son las consecuencias que tendría para Galicia una reforma de este calado. «Esta reforma fai que pasemos de estar lixeiramente financiados por riba de media a ser a terceira peor financiada de todas as comunidades de réximen común», lamentó el conselleiro de Facenda.

El detalle

Dos son los aspectos en los que ha puesto el foco Galicia: primero, de los 21.000 millones adicionales que el Gobierno aporta al sistema, a esta comunidad le asignan una cifra muy inferior al peso que tiene su economía y su población en el conjunto del Estado. Según los cálculos de Facenda, en base al último año cerrado, que es el 2023, a Galicia le correspondería 380 millones adicionales sobre lo otorgado con el sistema vigente. Esto apenas representa el 2,4 % del total, cuando esta comunidad es el 6 % del PIB estatal y el 6,5 % de la población ajustada. Este es un concepto que no cuenta solo el número de habitantes, sino las características especiales de la población para determinar sus necesidades de gasto. Con la nueva propuesta, el criterio de población ajustada pasa a un segundo nivel y no se atienden como debieran los factores que aumentan el coste de los servicios esenciales en Galicia, al bajar el peso que se le atribuyen a la dispersión y al envejecimiento. En la propuesta del Gobierno, la dispersión rebaja en un 16% su peso, pasando del 0,6% al 0,5%. Y, en el caso del envejecimiento, casi un 18%, del 8,5% al 7%. 

---

---