El Gobierno toma el control del puerto de Ceuta para alojar a más de mil migrantes
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La decisión llega después de que la Autoridad Portuaria de Ceuta se opusiese a la instalación de carpas
05 sep 2026 . Actualizado a las 19:43 h.El Gobierno central toma el control del puerto de Ceuta para instalar una nueva carpa en la que alojar a cerca de un millar de los migrantes que permanecen en la ciudad tras las entradas masivas de finales de julio. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha firmado una resolución de urgencia que habilita al Ejecutivo a continuar con los trámites para la habilitación de este nuevo espacio -un paso similar al que el Ejecutivo dio durante la crisis del hantavirus en Canarias-, negociado con el consejo de administración de la Autoridad Portuaria pero que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, se negó a última hora a ceder.
El presidente autonómico rechazó el uso de dos parcelas del puerto de Ceuta para poder alojar a los extranjeros que siguen vagando por las calles y las playas de la ciudad a la espera de que se habiliten los espacios de acogida urgente y temporal. El Ejecutivo no ha entendido la negativa de Vivas, respaldada tras votar en contra el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria —órgano bajo control de la ciudad autónoma— en base a un informe del director del puerto que concluía que el proyecto es «incompatible con la normal explotación» de las instalaciones.
La orden firmada por el ministro Óscar Puente desautoriza todas las reticencias del puerto de Ceuta y del presidente Vivas y sentencia que «Puertos del Estado ha emitido el correspondiente informe, en el que concluye que, aun pudiendo la ocupación temporal proyectada incrementar determinados riesgos asociados a la protección de infraestructuras críticas, instalaciones sensibles y a la operativa portuaria, concurren razones de interés general que justifican el otorgamiento de la autorización solicitada, sin perjuicio de la adopción de las medidas necesarias para garantizar su compatibilidad con la seguridad, protección y normal explotación del puerto». Estas razones se vinculan formalmente a la gestión de una situación de interés para la Seguridad Nacional, como la que está declarada en la ciudad desde hace casi dos semanas.
La habilitación de estos nuevos espacios rompe por completo los intentos de consenso que el Gobierno había buscado hasta ahora con Juan Jesús Vivas. El giro en la actitud del Ejecutivo responde a que intentan avanzar en la gestión de la crisis migratoria con mayor celeridad. En Moncloa no están dispuestos a más retrasos ni bloqueos por parte de la ciudad, como ocurrió cuando se intentó utilizar los polideportivos de la ciudad autónoma como espacios de acogida. Ante el argumento del puerto de que la ley prohíbe «ocupaciones destinadas a edificaciones para residencia o habitación», el Gobierno responde que únicamente se instalarán carpas y módulos desmontables de carácter provisional, sin edificar nada. Las instalaciones incluirán áreas de descanso, enfermería, dispensario, atención social, servicios sanitarios, oficinas y caseta de seguridad.
Carpas hasta diciembre
El principal argumento utilizado por la Autoridad Portuaria de Ceuta para denegar el uso de las instalaciones es que las prohíbe «aquellas ocupaciones y utilizaciones del dominio público portuario que se destinen a edificaciones para residencia o habitación». El Gobierno responde que únicamente se van a instalar carpas para un alojamiento temporal, no se va a edificar nada.
Puertos del Estado rectificó el criterio inicial de la Autoridad Portuaria de Ceuta al avalar el permiso tramitado por Migraciones, concluyendo que el plan se ajusta al marco legal vigente para ocupaciones de carácter provisional. Esto sirvió de fundamento para que el ministro Óscar Puente asumiera la gestión directa del espacio, amparándose en el artículo 73.3 de la Ley de Puertos, de manera que ha aceptado que se destinen cerca de 16.000 metros cuadrados situados en la Ampliación de Poniente (Fase I) para la acogida de migrantes, con un plazo fijado hasta el 31 de diciembre de 2026. Frente a esta resolución cabe aún recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional.