Una excargo de la Comunidad de Madrid niega haber sido presionada en el marco del caso Lezo
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El juicio por las operaciones corruptas de la empresa pública que gestiona el agua de Madrid, Canal de Isabel II, llega a su tercer día
09 sep 2026 . Actualizado a las 20:40 h.Una ex secretaria general técnica de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid negó este miércoles haber recibido presiones del exconsejero popular Pedro Calvo Poch, uno de los acusados por la trama Lezo, para tramitar operaciones corruptas del Canal de Isabel II —la empresa pública que gestiona el agua en Madrid—.
Sucedió en la Audiencia Nacional, durante el tercer día del juicio por la compra fraudulenta, en el 2001, de la empresa colombiana Inassa (entre otras) por parte del Canal. Según la fiscala del caso, la compañía de aguas pagó con dinero público un sobreprecio de entre 19 y 29 millones de euros, que después habrían sido desviados para obtener beneficios particulares. En el banquillo se sientan 19 acusados, entre ellos Pedro Calvo Poch y Juan Bravo Rivera, exconsejeros en el Gobierno popular de la Comunidad de Madrid que presidió Alberto Ruiz-Gallardón y que en el momento de los hechos formaban parte del Consejo de Administración del Canal, junto con otros nueve procesados. También son juzgados tres excargos de la empresa y otros relacionados con Aguas de Barcelona S.A.
El PP aprobó la propuesta
En la jornada de este miércoles declararon como testigos las entonces secretarias generales técnicas de las Consejerías de Medio Ambiente y Hacienda, cuyos titulares en el momento de los hechos investigados eran Pedro Calvo y Juan Bravo, respectivamente. Ambas explicaron que el Gobierno del PP de la Comunidad de Madrid aprobó la propuesta del Consejo de Administración del Canal de adquirir el 75 % de Inassa.
La fiscala les preguntó si en algún momento de la tramitación conocieron lo que realmente quería comprar el Canal de Isabel II: el 100 % de la sociedad panameña Aguas de América, residenciada en ese momento en un paraíso fiscal y que además tenía otros activos, Inassa y otra empresa dominicana, Watko. Las testigos respondieron que no.
El abogado de Pedro Calvo preguntó también a la primera testigo, Mariola P. M., si recordaba «haber recibido algún tipo de instrucción, indicación u orden que se alejara de lo ordinario» en relación con la tramitación de este expediente, a lo que contestó que «ninguna».
La vista comenzó el lunes pasado, más de diez años después de que arrancase la investigación por el caso Lezo, por el que fue detenido en el 2017 el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. En aquel momento, quedó en libertad, después de unos seis meses en prisión provisional, pero será juzgado a partir de octubre por otra ramificación de la causa.