Perelló y Peramato cierran filas y exigen frenar la «descalificación sistemática» a jueces y fiscales
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La presidenta del CGPJ advierte de que atentar contra los jueces debilita el Estado de derecho y la fiscal general del Estado exige autonomía frente a «motivaciones espurias»
10 sep 2026 . Actualizado a las 17:34 h.La fiscala general del Estado, Teresa Peramato, pronunció este jueves por primera vez el discurso solemne de apertura del año judicial como máxima representante de la institución, en un acto presidido por el rey Felipe VI, con un contundente alegato en defensa del estamento. En su intervención, reclamó dotar a la institución de plena autonomía presupuestaria y reglamentaria para blindar su «imparcialidad». La fiscala general denunció que se confunda la crítica legítima con la «descalificación sistemática» de la institución y rechazó que se atribuyan «motivaciones espurias donde únicamente existe una valoración jurídica» o se distinga entre «buenos y malos fiscales según que la posición procesal que adopten convenga a unos o a otros».
Esta defensa de las labores de la independencia fiscal fue en plena sintonía con la alocución de la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del poder judicial (CGPJ), Isabel Perelló. En una postura coordinada, Perelló advirtió de que «si falta un poder judicial independiente desaparece el propio Estado de derecho», recordando que sin él no existe garantía de que ciudadanos y poderes públicos actúen sometidos a la ley. Aunque precisó que las resoluciones «pueden ser criticadas» y que la discusión fundada «siempre será bienvenida», avisó de que la discrepancia «no puede ser sustituida por la atribución al juez de propósitos políticos o ideológicos». «No es admisible que la descalificación pública de los jueces se convierta en un instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción», denunció al tiempo que reclamaba el «máximo respeto» e incidiendo en que el daño es mayor si esas descalificaciones proceden de quienes ejercen «responsabilidades institucionales».
En este sentido, la presidenta del CGPJ tildó de «imputación de extraordinaria gravedad» las acusaciones generalizadas vertidas en los últimos tiempos contra las decisiones judiciales. Perelló subrayó que cuando la crítica «se transforma en una descalificación personal, el daño se proyecta sobre la función jurisdiccional y debilita la confianza en la Justicia», una gravedad que se multiplica si proviene de cargos públicos: «No es admisible que la descalificación pública de los jueces se convierta en un instrumento de presión». Por ello, apelo a la «lealtad institucional» como principio estructural del Estado constitucional para exigir que cada poder respete el ámbito de los demás y concluyó pidiendo «respeto a la labor jurisdiccional para permitir el trabajo sereno que conlleva la difícil labor de juzgar».
Esta exhibición de unidad en la cúpula de la Justicia se produce en medio de un clima de tirantez entre el Ejecutivo y el poder judicial que se ha convertido en un choque continuo. La crisis de Ceuta, las medidas cautelares adoptadas por el Supremo sobre la ley de nietos y los recientes cuestionamientos lanzados desde el Gobierno fueron el telón de fondo de una ceremonia que ya el pasado año estuvo marcada por el plantón del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijoo, ante la presencia del entonces fiscal general Álvaro García Ortiz, inhabilitado tres meses después por revelación de secretos y relevado por la propia Peramato en diciembre.
La reclamación de «autonomía» formulada por Peramato llegó, además, pocos días después de que la brecha entre las instituciones se ensanchara tras las quejas remitidas por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al CGPJ. El dirigente reprochó que la jueza de la Audiencia Nacional que investiga el asalto a la frontera ceutí, María Tardón, prohibiera a la Policía Nacional y a la Guardia Civil trasvasar a sus superiores los informes sobre la posible injerencia de Marruecos. Una pretensión contestada duramente en aquel momento por Perelló, a través de una carta, en defensa de la independencia de la magistrada y sobre la que la propia Peramato incidió en su discurso al recordar que la actuación de los servidores de la Justicia debe regirse únicamente por el «sometimiento pleno al principio de legalidad», ajena a presiones e independientemente de «consideraciones ajenas al Derecho».
No olvidar la «humanidad» en Ceuta
La fiscala general del Estado no quiso tampoco pasar por alto la crisis migratoria que afecta a Ceuta tras la entrada masiva de miles de personas desde Marruecos. Peramato, que estuvo a finales de agosto visitando la ciudad para conocer de primera mano la labor que los fiscales están llevando a cabo en este asunto, trasladó un mensaje explícito de «solidaridad y reconocimiento» a la ciudadanía ceutí frente a una realidad «especialmente compleja». En este sentido, recordó la necesidad institucional de «preservar el principio de legalidad y el retorno a una situación de plena seguridad y normalidad», subrayando que este objetivo «no está en absoluto reñido con los valores de humanidad y el respeto a la dignidad de todas las personas».
En este sentido, la jefa del Ministerio Público situó la protección de los menores de edad como una de las responsabilidades «más sensibles y exigentes» de la institución. Para respaldar esa labor sobre el terreno, Peramato recordó el envío próximamente de tres fiscales procedentes de la península para reforzar la capacidad de respuesta de la plantilla ceutí.
Perelló exige «mesura» también a los jueces
Más allá de las reclamaciones al Gobierno para preservar la independencia y garantizar el correcto funcionamiento del poder judicial, Perelló hizo llamamiento también a los jueces. En este sentido, la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ lanzó una advertencia a los magistrados. «La función judicial exige también de quienes la desempeñan mesura en el ejercicio de sus atribuciones», aseguró, probablemente en referencia a la instrucción desarrollada por el juez Juan Carlos Peinado en el caso Begoña, que desde el principio estuvo marcada por la polémica.
En este sentido, Perelló enfatizó que el principio de independencia de la Justicia no otorga una carta blanca. «No exime al juez de tener presente la trascendencia que sus actuaciones y decisiones pueden tener para los derechos e intereses de los ciudadanos», remarcó. Un aviso que completó con un toque de atención sobre la proyección pública de los magistrados al recordar que «la prudencia ha de extenderse igualmente a sus intervenciones públicas», trazando así la línea entre la firmeza jurisdiccional y el protagonismo mediático.