En medios jurídicos se da prácticamente por hecho que si el Constitucional da la razón a Turull, la Sala Segunda acatará la resolución y les aplicará la amnistía sin más dilación
22 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.El sainete judicial protagonizado por el expresidente catalán Carles Puigdemont, huido en Bélgica tras proclamar la independencia de Cataluña hace nueve años, encara la recta final. El penúltimo capítulo comienza a escribirse este martes en el Tribunal Constitucional, que reúne al pleno para iniciar las deliberaciones sobre los recursos presentados por los dirigentes independentistas contra la decisión del Tribunal Supremo de negarles la amnistía. El primero en llegar a la mesa del órgano de garantías es el del exconsejero de Presidencia y actual secretario general de Junts, Jordi Turull. El magistrado ponente es José María Macías, integrante del denominado sector conservador, hoy en minoría, que expondrá ante el resto de la sala su propuesta de sentencia. Macías es contrario a aplicarle el perdón penal al entender que la malversación por la que se le condenó tras los hechos del 1-O responde a una de las excepciones contempladas en la propia norma. Cuando el legislador redactó y aprobó la amnistía, incluyó como excepción a quienes se hubieran enriquecido de manera ilícita con estos actos. El magistrado defiende la idea de que corregir al alto tribunal sería una forma de socavar su legítima función jurisdiccional.
Casi con toda seguridad, los argumentos del ponente serán rechazados por la mayoría progresista encabezada por su presidente, Cándido Conde-Pumpido. Esta ya impuso sus tesis hace poco más de un año, cuando avaló la constitucionalidad de la polémica ley pactada por el PSOE y sus socios independentistas en otoño del 2023 a cambio de la investidura de Pedro Sánchez, y aprobada por el Congreso el 30 de mayo del 2024.
En cualquier caso, la última palabra la tendrá el Supremo, que puede estar de acuerdo o no con lo que decida el TC. En medios jurídicos se da prácticamente por hecho que si el Constitucional da la razón a Turull y extiende la argumentación al resto de los encausados y fugados tras el intento secesionista del 2017, incluido al prófugo de Waterloo, la Sala Segunda acatará la resolución y les aplicará la amnistía sin más dilación. Esta hipótesis valdría también para el instructor del procés, el magistrado Pablo Llarena, que la semana pasada optó por rechazar el recurso del abogado de Puigdemont y mantener la orden nacional de detención contra el líder de Junts (y la de sus exconsejeros fugados Toni Comín y Lluís Puig), a la espera de lo que acabe dictaminando la corte de garantías. Llarena acepta la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), conocida en julio, según la cual los intereses financieros de la UE no resultaron afectados por los hechos por los que fueron condenados los líderes separatistas. Algo que, en su opinión, no invalida la hipótesis de que Puigdemont pudiera lucrarse económicamente con la organización del referendo ilegal del 1-O. Por ello, considera que no cabe aplicarle el beneficio de la amnistía y mantiene en vigor la orden de detención que pesa contra él.
No obstante, el Supremo no elevó cuestión prejudicial alguna al TJUE (lo hicieron la Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas), por lo que todavía dispone de una última bala en la recámara: la de acudir a la corte de Luxemburgo, que podría llegar a utilizar si los argumentos del TC no le convencen.
Los gastos del 1-O
Mientras tanto, la causa por los gastos derivados del procés sigue en el tejado del Tribunal de Cuentas. Sociedad Civil Catalana (SCC), personada como acusación particular, acusa a una treintena de dirigentes de Junts y Esquerra (entre ellos, Puigdemont, Mas y Junqueras), de malversar dinero público en su desafío al Estado. Según los cálculos que baraja la entidad, se desviaron más de cinco millones de euros de las arcas de la Generalitat para financiar el referendo ilegal y la propaganda exterior del Ejecutivo catalán, cifra que la Fiscalía rebaja hasta los 3,1 millones. No obstante, el ministerio público pide la amnistía para los encausados. La consejera encargada de dictar sentencia, Elena Hernáez, dio a las partes un nuevo plazo de cinco días para que se posicionen antes de resolver. Su decisión es inminente.